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Juicio por presunta coima en Alberdi aplazado por falta de defensa

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Juicio por presunta coima en Alberdi aplazado por falta de defensa
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La falta de un abogado defensor retrasó el inicio del juicio oral y público por un presunto caso de soborno en Alberdi, en el que están implicados el exjuez penal de Garantías Geraldino Cazal, la fiscala María Angélica Acosta Bjasso y el abogado Luis Méndez. La cuarta fecha para comenzar el juicio es el próximo martes 21.

Por tercera vez, se pospuso el juicio contra Cazal, Acosta Bjasso y Méndez, acusados de solicitar un soborno en favor de un acusado de coacción sexual y violación en Alberdi, en 2019. Aunque estaba programado a las 10:30, el defensor de Méndez, Hernán Arzamendia, no se presentó, lo que llevó al Tribunal de Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez y compuesto por Yolanda Morel y Karina Cáceres, a declarar la defensa como abandonada.

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Arzamendia justificó su inasistencia con un viaje planeado a Bolivia, ya que la suspensión del juicio no había sido aprobada. Ahora enfrenta un proceso disciplinario por abandono. Cazal presentó un nuevo abogado, Jorge Ariel Balbuena, solicitando tiempo para preparar su defensa.

El tribunal finalmente pospuso el juicio para el martes 21, considerando revisar las medidas alternativas a prisión si siguen las dilaciones.

Cazal enfrenta cargos por cohecho pasivo agravado, al igual que Acosta, quien actúa como fiscala en Villa Elisa. Méndez, acusado de tráfico de influencias, está bajo otro proceso similar tras su reciente detención.

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El caso se remonta a entre julio y agosto de 2019, cuando Cazal y Acosta, supuestamente, pidieron dinero a través de Méndez para beneficiar a un procesado con medidas más leves. La fiscalía revela que Méndez solicitó al denunciante 40 millones de guaraníes para dividir entre la madre de la víctima, la fiscala Acosta y el juez. En agosto de 2019, Méndez y Acosta fueron capturados en una entrega vigilada.

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Juan León Mallorquín se une a otras seis intervenciones detenidas

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Juan León Mallorquín se une a otras seis intervenciones detenidas
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La Cámara de Diputados decidió posponer indefinidamente la solicitud de intervención al intendente de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel, quien estaba bajo la lupa del Clan Zacarías Irún. Este caso se suma a otros seis archivados.

La decisión fue tomada a petición del diputado liberocartista, Marcelo Salinas, quien propuso que este asunto se aborde junto con otras solicitudes de intervención contra gestiones opositoras, incluyendo la de Vidal Argüello en Yby Yaú, Juan Manuel Ávalos en Lima, Silvio Peña en Emboscada, y los cartistas César Machuca en Ybyrarobaná, Tomás Olmedo en Ñemby y Hernán Ysidro Rivas en Tomás Romero Pereira.

El intendente de Tomás Romero Pereira, quien además es padre del senador cartista Hernán David Rivas, ha sido protegido en dos ocasiones de la intervención, junto con Olmedo de Ñemby.

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Este nuevo congelamiento se suma a seis solicitudes anteriores archivadas desde el 9 de septiembre. Aunque se acordó revisar estos casos en tres meses, la fecha coincide con el receso parlamentario, lo que haría que su discusión se retrase probablemente hasta marzo del próximo año.

El aplazamiento implica prácticamente la cancelación de cualquier intervención, ya que el proceso completo demoraría unos tres meses más. Con suerte, para junio del próximo año se podría destituir a alguno de ellos, aunque resultaría poco práctico debido a las elecciones municipales de 2026 programadas para el 7 de junio, con las elecciones generales previstas para el 4 de octubre de 2026.

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Analizan el impacto de las modificaciones a la ley de protección de datos en la transparencia

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El abogado Ezequiel Santagada, especialista en acceso a la información pública, detalló algunas «trampas» en las modificaciones del proyecto de ley sobre protección de datos personales y su potencial impacto en la información pública. La Cámara de Diputados confirmó hoy su versión de la ley.

La Cámara de Diputados reafirmó su versión de la Ley de Protección de Datos Personales, lo cual podría chocar con el derecho al acceso a la información pública. Ezequiel Santagada explicó que no es necesario cambiar las leyes de transparencia para proteger datos personales, especialmente los sensibles.

Los datos personales sensibles, como los médicos, genéticos, sexuales, religiosos o ideológicos, no están cubiertos por la ley de transparencia actual, aún si los tiene el Estado, ya que no son considerados información pública.

El secreto bancario o tributario son restricciones establecidas por la ley existente. La ley de protección de datos personales es adecuada para procesar otros tipos de datos, pero negar el acceso a información en poder del Estado relacionada con particulares podría ser un exceso.

La versión de la Cámara de Diputados de la ley de protección de datos, bajo el argumento de afectar a particulares, implicaría pedir permiso a funcionarios públicos para publicar su información, lo que, según el abogado, podría anular las leyes de acceso a la información pública.

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En situaciones no previstas en la ley de acceso a la información, como cuando se afectara a un funcionario, debería consultársele primero. Ejemplos como los casos del expresidente Cartes o los grupos Vázquez y Vierci, donde se buscó información sobre su participación en sociedades, se encontraron con órdenes judiciales para bloquear el acceso.

En esos casos, no se solicitó información como las escrituras de constitución de las sociedades, sino quiénes participan, qué poderes tienen y su participación, aspectos que deberían ser de dominio público.

La versión de la Cámara de Diputados, ratificada hoy, limitaría el acceso a datos como salarios y otros información que se conoce gracias a la ley de acceso a la información pública y transparencia. Ahora, el proyecto de ley de protección de datos se trasladará a la Cámara de Senadores, donde se requeriría una mayoría absoluta de 23 votos para su ratificación.

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Video impactante: ataque violento a una mujer en Caazapá

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Una mujer sufrió una experiencia aterradora al ser atacada por un pariente político, mientras su pareja presenciaba el hecho sin intervenir. Este incidente tuvo lugar en Abaí, en el departamento de Caazapá.

El acto de violencia intrafamiliar ocurrió el 1 de octubre, según el informe policial local. Aproximadamente a las 18:00 horas de ese miércoles, el suceso fue captado por cámaras de seguridad.

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La víctima, Gracieli Conrad López, de 26 años, comerciante de la Colonia Paulista en Abaí, sufrió lesiones en el rostro, brazos y piernas debido a los golpes y patadas. Fue asistida en el Centro de Salud de San Cristóbal, Alto Paraná, y luego presentó una denuncia formal.

El agresor fue identificado como Jorbas Vaccari, de nacionalidad brasileña, residente en San Cristóbal, Alto Paraná.

El video del circuito cerrado, difundido en redes sociales, muestra cómo la víctima es arrastrada por el cabello y recibe golpes y patadas. Se observa que el agresor tenía un arma de fuego y estaba acompañado por su primo, pareja de la víctima. El incidente ocurrió en una casa.

La pareja de la víctima, Gabriel Pablo Devitte Carlet, un agricultor de 25 años de la misma colonia, es primo del agresor.

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