El juicio contra Gustavo Rodríguez, ex intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, y otros nueve acusados por un presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones, continúa avanzando. En la última sesión, dos auditores de la Contraloría General de la República (CGR) presentaron testimonios que respaldan las irregularidades encontradas en la gestión municipal.
Cristian Meza, jefe de misión de la CGR, junto al contador Alberto Vargas, declaró sobre la Fiscalización Especial Inmediata realizada en la administración de Rodríguez durante el periodo 2020-2021. Esta auditoría dio origen a la intervención municipal y llevó a la renuncia del ex intendente.
Meza afirmó que el informe de la CGR contenía nueve observaciones, las cuales detallan desprolijidades administrativas en la gestión de Rodríguez. En este contexto, Vargas informó sobre la emisión de cheques al portador, que fueron efectivos por funcionarios de la municipalidad, algo que contraviene la normativa que exige que los cheques sean nominativos.
Vargas destacó que, tras verificar documentación del Banco Nacional de Fomento (BNF), se comprobó la efectivización de cheques por parte de empleados municipales. “Por reglamentación, los cheques deben ser nominales y eso no ocurrió”, indicó.
Además, se evidenció que se hicieron pagos por obras que no se completaron o que nunca se realizaron, lo que se considera como obras fantasmas. Los acusados, que enfrentan cargos por lesión de confianza, incluyen a Vicente Darío Báez Benítez, director de Administración; Sergio Isasi Schweighart, cajero municipal; y otros funcionarios.
El tribunal, presidido por Matías Garcete y junto a Elsa García y Adriana Planás, escuchará a 18 testigos y revisará más de 200 documentos en el juicio oral. La próxima sesión está programada para el martes 7 de julio a las 08:00.
