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Familiares y cercanos de la víctima en el caso que involucra al exviceministro de Educación Superior Federico Mora Peralta, acusado de supuesto abuso sexual infantil, manifestaron su descontento por lo que consideran una «pasividad e indiferencia» del sistema judicial. A través de una carta pública, declararon que la justicia «no escuchó a la víctima» y que el proceso solo ha agravado su dolor.

Titulado “Ella habló, la justicia no la escuchó”, el comunicado fue divulgado por padres de amigos cercanos de la víctima. Expresaron su apoyo a la niña y su familia, subrayando que «el daño sufrido es real y las consecuencias incalculables para una menor que debería vivir su infancia en paz».

«La víctima no fue la única que sufrió», afirman, señalando también a su entorno familiar y amigos, quienes también experimentaron tristeza, y a los padres, que debieron brindar apoyo y afrontar lo inexplicable.

La carta también critica la falta de protección judicial y el trato recibido durante la investigación. «Duele la indiferencia de la justicia, que en vez de proteger, somete a la víctima a la duda y revictimización», expresaron.

Las firmantes aseguran que la situación muestra la debilidad institucional del sistema judicial cuando el acusado es una figura política. «Nos sentimos desamparados por una justicia que parece subordinarse al poder en lugar de proteger a los más indefensos», concluyen con la frase: «Cuando la justicia se vende, las madres rompen el silencio. Porque no hay fuerza más temida por el poder que una madre que ha decidido hablar».

Respecto al caso, el Juzgado Penal de Garantías de Villarrica rechazó un reciente intento de desestimación presentado por la fiscala Gladys Elena Jiménez Ruiz, quien buscaba archivar el caso. El juez Juan Antonio Ruiz Díaz calificó el pedido de «prematuro e infundado», decretando continuar con la investigación.

El juez destacó la falta de certeza sobre el supuesto hecho y la necesidad de agotar todas las investigaciones antes de proceder. Pendientes están testimonios, nuevas evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, y análisis de dispositivos electrónicos y toxicológicos.

La denuncia contra Mora se originó en un evento ocurrido durante la Semana Santa de 2025 en el departamento de Guairá, acusándolo de presunto abuso sexual infantil.

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La madre de la víctima ha denunciado en ocasiones previas que su hija fue sometida a múltiples entrevistas a lo largo del proceso, considerándolo una «revictimización institucional». Las diligencias incluían declaraciones reiterativas y evaluaciones psicológicas que reavivaron el trauma del abuso.

Inicialmente, la investigación fue gestionada por el fiscal Alcides Corvalán en Asunción, pero luego pasó a la fiscala Gladys Jiménez en Villarrica, al confirmarse que el incidente ocurrió en Guairá. La defensa de Mora y el Ministerio Público solicitaron cerrar el caso, argumentando que no encajaba en el tipo penal, pero el juez Ruiz Díaz ordenó proseguir con la investigación.

El juzgado también impuso estricta confidencialidad en el expediente para proteger la identidad y datos personales de la víctima, conforme a lo dispuesto por el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Por último, se recuerda la disponibilidad del Fono Ayuda 147, una línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra menores.

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La falta de quórum en la Cámara de Diputados impidió ayer discutir varios proyectos de ley, incluyendo la solicitud de intervención en la administración del intendente opositor de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel, del Movimiento Japay.

Por ABC Color
07 de octubre de 2025 – 18:23

La falta de quórum se debió principalmente a que 14 diputados viajaron a Taiwán por invitación del gobierno asiático, mientras que los otros 66 legisladores no asistieron a la sesión ordinaria ni a la extraordinaria.

Lee más: Sin quórum, cartismo declara “cepilleada libre” en Diputados y otros llaman “bananero” a EE.UU.

Finalmente, los cartistas optaron por realizar un debate abierto para elogiar a Horacio Cartes por el levantamiento de la sanción de EE.UU.

Tampoco se discutió el proyecto de ley para que el Ministerio de Relaciones Exteriores absorba por fusión a la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales.

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Lee más: Video: Rezan a “San Horacio Cartes” para que nunca falten “sobres” y “fajos de billetes”.

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Tampoco se evaluó la iniciativa que declara emergencia educativa ante la violencia en las relaciones entre adolescentes y establece mecanismos de prevención, además de la exoneración del pago del pasaje en el transporte terrestre para personas con discapacidad visual.

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La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY) expresó su rechazo hacia las declaraciones del Ministro del Interior el 2 de octubre en el Senado, donde se refirió a la lucha social de los jubilados de manera negativa. Según la UNJPY, el gobierno teme a quienes dicen la verdad y busca criminalizar sus esfuerzos.

El gremio, liderado por Pedro Halley, realizó una conferencia de prensa para manifestar su firme desacuerdo con las palabras del ministro Enrique Riera, quien los calificó como agitadores políticos y los incluyó, junto a su logotipo, en una galería que asociaba delincuentes. Halley consideró esta acción como desmedida e incorrecta.

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Halley afirmó que la organización representa una postura crítica y dedicada al bien común, no a la política partidaria, y rechazó cualquier intento de intimidación o criminalización de su lucha social. Mencionó también el accionar violento de la policía durante previas manifestaciones, como la de la Generación Z, señalando el habitual despliegue desmedido de fuerzas contra ellos.

Finalmente, Halley cuestionó el miedo del gobierno hacia quienes dicen la verdad, sosteniendo que los jubilados no buscan cargos ni tienen vulnerabilidades, lo que lleva al gobierno, a través de Riera, a tratar de criminalizar su causa social.

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