Nacionales
Jefe de seguridad de la Fiscalía es señalado por acoso sexual en programa de la UE

Un programa contra el crimen transnacional organizado y financiado por la Unión Europea denunció que una mujer de su equipo fue acosada sexualmente por el jefe de seguridad del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. El hecho habría ocurrido durante un viaje oficial en Panamá.
Una comitiva encabezada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, había viajado a mediados de marzo a Panamá para participar del lanzamiento del Paccto 2.0 , un programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado.
Posterior a la celebración, su jefe de seguridad, el comisario José Luis Noguera, habría acosado sexualmente a una trabajadora del programa internacional.
Este hecho fue comunicado a las autoridades paraguayas el pasado 13 de abril por el director del programa, Javier Sampier Orgilés.
“Solicito que se haga llegar esta denuncia a las autoridades competentes de Paraguay, a fin de que pueda adoptarse a las medidas oportunas”, menciona el documento enviado al embajador de la UE en nuestro país, Javier García de Viedma.
De acuerdo al relato de los hechos, en la noche del 12 de marzo, tras finalizar la cena organizada por el programa en el hotel Sortis, algunos miembros del programa fueron a un bar, donde llegó el comisario y se acercó de sorpresa a una mujer del grupo “la agarró contra su voluntad, la sujetó contra su cuerpo y le puso las manos en sus glúteos”.
Los demás miembros del equipo pudieron interrumpir la agresión rápidamente, pero luego el comisario se volvió a acercar a la víctima en varias ocasiones, incluso al día siguiente “aludiendo reiteradamente a una versión distorsionada de los hechos y señalando su rango y posición”.
Paccto es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que busca contribuir a la seguridad y la justicia en América Latina a través del apoyo a la lucha contra el crimen transnacional organizado. Aborda toda la cadena penal desde una perspectiva integral a través de su trabajo en tres componentes: policial, justicia, penitenciario.
Fuente: Última Hora


Nacionales
Agentes de San Pedro y Concepción llevan a cabo un operativo conjunto contra el abigeato

En una operación conjunta, la policía de Tacuatí (San Pedro) y Horqueta (Concepción), junto con un equipo fiscal, realizaron un allanamiento para combatir el abigeato, arrestando a dos personas e incautando varias pruebas relacionadas con el delito.
La acción se desarrolló en la zona de Santa Librada, en un terreno comunal junto al río Ypané, frontera natural entre San Pedro y Concepción. Este lugar es frecuentemente usado por abigeos para faenar animales en un lado y venderlos en el otro, utilizando botes.
El operativo fue liderado por el fiscal José Alberto Godoy Blanco, especializado en casos de abigeato en Santa Rosa del Aguaray, como parte de una investigación por denuncias recientes en la Comisaría de Tacuatí.
Durante el allanamiento, se incautaron varias evidencias importantes: cuatro bolsas de carne bovina, dos motocicletas, un vehículo Volkswagen Gol blanco, dos botes de madera (uno con motor fuera de borda), y un rifle calibre 22.
Joel Godoy Brizuela (35) y Federico López (18), ambos del distrito de Horqueta, fueron capturados mientras estaban en uno de los botes. Por orden del fiscal Godoy, fueron trasladados a la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray, donde permanecen detenidos con libre comunicación. Todas las evidencias fueron enviadas al Ministerio Público para continuar con la investigación.
En la región del río Ypané, el abigeato es un problema constante. A pesar de los efectivos operativos policiales, este flagelo persiste debido al terreno difícil y el uso de rutas fluviales clandestinas por parte de los delincuentes.
La colaboración entre las fuerzas de seguridad de San Pedro y Concepción es un paso significativo en la lucha contra este grave problema que afecta al sector ganadero.

Nacionales
San Estanislao: indígenas obtienen compromisos de apoyo y detienen las protestas

SAN ESTANISLAO
Un grupo de manifestantes de diversas comunidades indígenas, que llevaban 22 días protestando en Cruce Guaicá, en el kilómetro 150 de la ruta PY03 de este municipio, decidió concluir la manifestación. Estos manifestantes, ubicados al costado de la vía principal que atraviesa el departamento de San Pedro, se retiraron.
Los pueblos originarios de San Pedro y otras regiones reclaman por la falta de apoyo del organismo responsable, exigiendo la remoción del presidente del Indi, el Gral. (R) Juan Ramón Benegas.
Según los líderes de las comunidades indígenas, tras acordar con las autoridades nacionales, incluida el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y otras entidades estatales, las familias que cerraban intermitentemente la ruta regresaron a sus asentamientos.
El portavoz de los manifestantes, César Dosanto, líder de la comunidad La Paloma de Yataity del Norte, del grupo Ava Guaraní, afirmó que decidieron levantar la protesta temporalmente mientras esperan que se cumplan los compromisos asumidos con la gente.
Acuerdo Alcanzado
Luego de semanas de negociación, se logró un acuerdo donde las autoridades prometieron acelerar la asistencia a las familias en numerosos asentamientos. Estas comunidades solicitan casas, pozos artesianos, electricidad, mejora de caminos, arreglos de escuelas y puestos de salud.
En La Paloma, las principales necesidades incluyen caminos y la construcción de un puente sobre el arroyo Tapiracuai para conectar con la comunidad Virgen del Carmen, la cual actualmente no tiene acceso.
Dosanto destacó que, tras días de sacrificio, lograron llegar a un consenso con los representantes del Indi para regresar a sus comunidades. Además, mencionó que su gente retorna con algunos víveres para complementar la producción agrícola local, mientras se esperan los trabajos de mejora prometidos por diversas entidades del gobierno nacional.

Nacionales
PGN 2026: Fernández Valdovinos enfatiza la mejora en la gestión de recursos del IPS

En la primera reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que tuvo lugar este jueves, los legisladores resaltaron principalmente dos temas: el presupuesto asignado al IPS y la deuda que este demanda, así como los fondos destinados a la reforma del transporte público de pasajeros.
Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas, inauguró la sesión presentando los principales números del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026. La propuesta del gobierno para 2026 asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), un aumento de G. 15,9 billones (US$ 2.026 millones), lo que representa un 12% más que el presupuesto inicial de 2025.
Después de su presentación, el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), presidente de la comisión, inició una ronda de preguntas y respuestas, donde se abordaron temas como el presupuesto del IPS y una deuda de más de US$ 640 millones que esta institución reclama al Estado, además del costo de la reforma del transporte público. Participaron en la discusión las senadoras de la oposición, Yolanda Paredes y Esperanza Martínez, así como el diputado opositor Raúl Benítez.
Respecto al IPS, Fernández Valdovinos destacó su preocupación, indicando que para el próximo año se le asignará un 2,5% más de fondos previamente destinados al Tesoro. Sin embargo, destacó la importancia de mejorar la gestión de estos recursos, argumentando que solo aumentar el presupuesto sin optimizar su uso no será efectivo. Además, mencionó la necesidad de implementar un sistema de seguimiento de medicamentos.
En cuanto a la reforma del transporte público, se indicó que se han asignado US$ 55 millones bajo la figura de subsidio, que podrán emplearse para la reforma o mantener el sistema actual, dependiendo del avance del proyecto. También se mencionó que un monto de US$ 300 millones se ejecutará a lo largo de varios años, evitando concentrar el gasto en un solo periodo.

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