Nacionales
Investigan explotación infantil y sexual de indígenas en CDE
El Ministerio Público y autoridades de protección infantil intervinieron dos campamentos improvisados en Ciudad del Este para investigar supuestos hechos de explotación infantil, sexual y proxenetismo.
El Ministerio Público y autoridades de diversas instituciones dedicadas a la protección infantil realizaron intervenciones en dos campamentos improvisados de indígenas en Ciudad del Este, Alto Paraná, por denuncias sobre supuestos hechos de explotación infantil, sexual y proxenetismo.
Las agentes fiscales Vivian Coronel y Julia González, de las Unidades Especializadas en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, con representantes del Instituto Nacional del Indígena (Indi), la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), el Ministerio de la Niñez y la Defensoría Pública de la Niñez, llevaron a cabo los operativos en el Parque Alejo García, ubicado en el ex aeropuerto y en los alrededores de la Terminal de Ómnibus de la capital de Alto Paraná.
En el primer campamento, los intervinientes encontraron a 30 adultos y 15 niños, mientras que en la zona de la Terminal se hallaron a 25 adultos y 12 menores de edad. Todos los indígenas fueron trasladados a sus comunidades de origen por el Indi.
Así también, se les proporcionó cestas básicas a las familias.
Unos 10 niños que no contaban con la presencia de adultos responsables fueron rescatados en los alrededores de la Terminal y trasladados provisoriamente al Centro Abierto del Ministerio de la Niñez.
En ese sentido, las autoridades anunciaron una asistencia integral a estas comunidades para evitar su retorno inmediato a la ciudad, una situación que se viene repitiendo en los últimos años, según detallaron.
Al mismo tiempo, la Fiscalía inició una investigación sobre las denuncias de explotación infantil y sexual, que incluyen casos de niños obligados supuestamente a pedir dinero en la calle, y líderes indígenas presuntamente involucrados en proxenetismo y explotación sexual de adolescentes.
“Seguiremos investigando, haciendo pesquisas, hasta llegar a la comprobación de los hechos que, aparentemente, son reiterativos dentro de estas comunidades”, remarcó la fiscala Vivian Coronel.
Fuente: Última Hora
PILAR
Habitantes de comunidades rurales en el distrito de Tacuaras han solicitado formalmente la intervención de la Fiscalía del Medio Ambiente. Denuncian que una empresa arrocera ha bloqueado el canal principal del arroyo Las Hermanas, causando inundaciones en diversas áreas. Esta solicitud cuenta con el respaldo del intendente de Tacuaras, Lorenzo Irún (PLRA).
El 5 de septiembre de 2025, los residentes de Tacuaras y Laureles reportaron inundaciones. Según ellos, estas fueron provocadas por las obras de una empresa arrocera en Punta Diamante. Lorenzo Irún presentó una solicitud al fiscal del Medio Ambiente, Milciades Ramos, con el apoyo de las comunidades de Tacuara’í, San Jorge, Piretû Cué, Punta Diamante y Yaguarón.
Los habitantes acusaron a la empresa de obstruir los canales naturales del arroyo Las Hermanas para crear reservorios de agua y terraplenes para el cultivo de arroz. Esto habría afectado el ecosistema local y las fuentes de agua para consumo y producción.
Aunque no se mencionó oficialmente el nombre de la empresa en la solicitud, se supo que podría tratarse de AV Agroganadera S.R.L. Ademir Valkarenchi, su representante, afirmó estar dialogando con los vecinos para encontrar una solución conjunta.
Los pobladores esperan que la fiscalía actúe urgentemente para prevenir más inundaciones. En julio, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizaron una inspección en el área y encontraron varias irregularidades, según Rocío Mendoza, directora de Fiscalización Ambiental.
Mendoza informó que durante la inspección se detectaron obras hidráulicas de gran magnitud no incluidas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado por Mades, lo cual podría estar afectando los humedales y áreas circundantes. Sin embargo, las autoridades municipales todavía no han recibido un informe oficial o confirmación de posibles sanciones por parte del Mades.
Nacionales
Agentes de San Pedro y Concepción llevan a cabo un operativo conjunto contra el abigeato
En una operación conjunta, la policía de Tacuatí (San Pedro) y Horqueta (Concepción), junto con un equipo fiscal, realizaron un allanamiento para combatir el abigeato, arrestando a dos personas e incautando varias pruebas relacionadas con el delito.
La acción se desarrolló en la zona de Santa Librada, en un terreno comunal junto al río Ypané, frontera natural entre San Pedro y Concepción. Este lugar es frecuentemente usado por abigeos para faenar animales en un lado y venderlos en el otro, utilizando botes.
El operativo fue liderado por el fiscal José Alberto Godoy Blanco, especializado en casos de abigeato en Santa Rosa del Aguaray, como parte de una investigación por denuncias recientes en la Comisaría de Tacuatí.
Durante el allanamiento, se incautaron varias evidencias importantes: cuatro bolsas de carne bovina, dos motocicletas, un vehículo Volkswagen Gol blanco, dos botes de madera (uno con motor fuera de borda), y un rifle calibre 22.
Joel Godoy Brizuela (35) y Federico López (18), ambos del distrito de Horqueta, fueron capturados mientras estaban en uno de los botes. Por orden del fiscal Godoy, fueron trasladados a la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray, donde permanecen detenidos con libre comunicación. Todas las evidencias fueron enviadas al Ministerio Público para continuar con la investigación.
En la región del río Ypané, el abigeato es un problema constante. A pesar de los efectivos operativos policiales, este flagelo persiste debido al terreno difícil y el uso de rutas fluviales clandestinas por parte de los delincuentes.
La colaboración entre las fuerzas de seguridad de San Pedro y Concepción es un paso significativo en la lucha contra este grave problema que afecta al sector ganadero.
Nacionales
San Estanislao: indígenas obtienen compromisos de apoyo y detienen las protestas
SAN ESTANISLAO
Un grupo de manifestantes de diversas comunidades indígenas, que llevaban 22 días protestando en Cruce Guaicá, en el kilómetro 150 de la ruta PY03 de este municipio, decidió concluir la manifestación. Estos manifestantes, ubicados al costado de la vía principal que atraviesa el departamento de San Pedro, se retiraron.
Los pueblos originarios de San Pedro y otras regiones reclaman por la falta de apoyo del organismo responsable, exigiendo la remoción del presidente del Indi, el Gral. (R) Juan Ramón Benegas.
Según los líderes de las comunidades indígenas, tras acordar con las autoridades nacionales, incluida el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y otras entidades estatales, las familias que cerraban intermitentemente la ruta regresaron a sus asentamientos.
El portavoz de los manifestantes, César Dosanto, líder de la comunidad La Paloma de Yataity del Norte, del grupo Ava Guaraní, afirmó que decidieron levantar la protesta temporalmente mientras esperan que se cumplan los compromisos asumidos con la gente.
Acuerdo Alcanzado
Luego de semanas de negociación, se logró un acuerdo donde las autoridades prometieron acelerar la asistencia a las familias en numerosos asentamientos. Estas comunidades solicitan casas, pozos artesianos, electricidad, mejora de caminos, arreglos de escuelas y puestos de salud.
En La Paloma, las principales necesidades incluyen caminos y la construcción de un puente sobre el arroyo Tapiracuai para conectar con la comunidad Virgen del Carmen, la cual actualmente no tiene acceso.
Dosanto destacó que, tras días de sacrificio, lograron llegar a un consenso con los representantes del Indi para regresar a sus comunidades. Además, mencionó que su gente retorna con algunos víveres para complementar la producción agrícola local, mientras se esperan los trabajos de mejora prometidos por diversas entidades del gobierno nacional.
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