El designado interventor del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, Blas Martínez, apareció en una foto compartiendo un almuerzo con internos en el año 2019. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora no tenía conocimiento de la foto, pero destacó su trayectoria.
Luego de la fuga de ocho personas privadas de libertad del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, de Alto Paraná, el Ministerio de Justicia ordenó la intervención del recinto y designó a Blas Martínez como el encargado de llevar adelante el proceso. Su designación no estuvo exenta de polémica.
En el 2019 apareció en una foto en la entonces Granja Vip, en la zona de la Penitenciaría Regional de San Pedro, almorzando con internos. La polémica se debió a que el entonces ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, aseguró desconocer el sitio. En la imagen aparecían Wilfrido Quintana, ex director de la mencionada cárcel, y Martínez, que se desempeñó como director de Establecimientos Penitenciarios.
🗣 "No tenemos referencias negativas de él", refiere ministro de Justicia sobre el interventor designado, Blas Martínez.
👉 "Tenemos su trayectoria, tiene una especialización en inteligencia estratégica, capacitación en didáctica superior militar"
Al respecto, el actual flamante de Justicia, Rodrigo Nicora, admitió en Monumental 1080 AM no tener conocimiento al respecto, pero defendió el trabajo y trayectoria de Martínez. “Puedo decir que es una persona con amplio conocimiento en lo que decimos el nuevo modelo de gestión penitenciaria”, expresó.
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“No tenemos ninguna referencia negativa sobre el perfil”, agregó. Además, indicó que buscaron a un interventor que no haya tenido paso como director en ninguno de los centros penitenciarios actuales, ni antiguos, del sistema.
La granja fue descubierta luego del motín que se registró el domingo 16 de junio de 2019 en la cárcel de San Pedro, que dejó 10 muertos y nueve heridos. Uno de los condenados por el caso fue uno de los que se fugó de la penitenciaría de Minga Guazú y ya también recapturado.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, reconoció esta mañana que aún no tenía información detallada sobre el caso de asesinato – y presunto abuso sexual – de una menor de edad ocurrido ayer en Fulgencio Yegros, Caazapá. La Fiscalía ha sido criticada por no haber ordenado la autopsia hasta el momento
En una conversación con los medios este martes, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, admitió que no tenía información sobre los detalles del asesinato de una niña de 12 años, quien supuestamente también fue víctima de abuso sexual – en la localidad de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá, mientras la Fiscalía enfrenta críticas por no haber solicitado aún la autopsia del cuerpo.
“Déjenme seguir el caso, cuando tenga información daré las directivas necesarias, esto se conoció hoy”, dijo el fiscal general Rolón, quien agregó que “no sabemos todavía si es un error” que el fiscal del caso, Carlos Ramírez, no haya solicitado la autopsia.
Recordó que las autopsias se llevan a cabo “cuando se desconoce el motivo exacto del fallecimiento”.
Respondiendo con impaciencia a las preguntas de los medios, el fiscal general solicitó a los reporteros que “traten de comprender” y añadió que “vamos a seguir los hechos e informar puntualmente”.
La madre de la víctima se dio cuenta de la desaparición de su hija en horas de la tarde de ayer lunes y pidió ayuda a los vecinos para realizar una búsqueda que culminó en la noche con el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor, que presentaba signos de violencia sexual, en una chacra cercana a su hogar.
La Policía detuvo hoy como sospechoso a Marcelo Giménez Duarte, quien fue condenado en 2022 por manosear a la misma menor y fue liberado bajo medidas condicionales en mayo de este año.
La madre de la menor afirmó que el sospechoso había amenazado con venganza tras su detención en 2022.
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La fiscala Gladys Torales negó que haya habido tardanza en la investigación sobre la desaparición de la adolescente de Coronel Oviedo, cuyo cuerpo fue hallado días después por su padre. También descartó algún parentesco con la familia del sospechoso.
La fiscala Gladys Torales negó que haya habido tardanza en la investigación con relación a la denuncia de desaparición de la adolescente.
Actuaron de acuerdo a datos que obtenían
Resaltó que actuaron a medida que iban obteniendo información de inteligencia y por parte de los testigos.
El médico forense del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir, reveló hoy que la adolescente -conforme a análisis preliminar- murió ese martes 27 de mayo, día en que fue supuestamente secuestrada y obligada a abortar en la vivienda del principal sospechoso.
Niega cercanía a sospechoso
“He visto críticas afirmando que soy madrina del imputado y no hay nada más falso; no los conozco, ni a su mamá, papá, ni familia ni a su entorno. Es totalmente falso y estoy con la conciencia tranquila, con la idea y la esperanza de poder seguir trabajando en este caso para lograr finalmente, luego de la investigación, hacer juicio oral y una sanción”, dijo.
Torales, así también, le pidió a la ciudadanía el acompañamiento a las autoridades para poder lograr concluir la investigación.
En cuanto a la investigación, la fiscala mencionó que podría ampliarse la imputación luego de que el resultado preliminar de la autopsia indica que la víctima habría fallecido luego de ser incinerada presuntamente aún con vida y que en su interior había un feto de 15 semanas. El adolescente está procesado por feminicidio y tentativa de aborto.
También reveló que en el allanamiento de la vivienda hallaron objetos sospechosos, como una sierra con restos de pelo y una pala.
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González Degli Uberti, durante una visita realizada a la redacción de ABC en el mes de marzo, como parte de un grupo de técnicos agrimensores y exparlamentarios, ya había criticado esta ley, promulgada por el Ejecutivo a inicios del año.
En esta oportunidad, a través del análisis realizado sobre varios artículos de la nueva ley: 1°, 4°, 5°, 6°, 39°, 43°, 44°, 50°, 152°, 153°, 155°, 157°, el profesional reitera su posición.
Además, insiste en que por las inconsistencias, contradicciones e invasión del ámbito del Poder Ejecutivo por el Poder Judicial corresponde la derogación de la referida ley con el fin de evitar males mayores.
Inconsistencias en la ley
Refiere que en este punto se puede observar la siguiente inconsistencia, el código de organización judicial da a la Corte Suprema de Justicia la autoridad de administrar y legislar exclusivamente en el área jurídico, a la vez llevar anotación de los técnicos que podrán ser nombrados con peritos para cada caso, para dictaminar en las diversas áreas técnicas.
Añade, que en caso de discrepancia entre dos o más propietarios de inmuebles, se nombra aún licenciado o ingeniero geodésico, con el fin de que los mismos en su función técnica dictaminen sobre el caso.
Sede del Servicio Nacional de Catastro.
Invaden atribuciones del Ejecutivo
El artículo 5°, en el inciso a, refiere que la inscripción registra no constituye el derecho que se asienta, sino que solamente lo publicita en orden a su disponibilidad a terceros, lo que, según el profesional, se contrapone al inciso a del artículo 4, que dispone “velar por la seguridad jurídica de los registros que administra y gestiona”.
En análisis, expresa que la información estadística que pueda surgir de los registros administrados y gestionados por el RUN tienen carácter de información pública, no así la información que surja de asientos o registros puntuales.
El análisis agrega que en el inciso n del artículo 4°, se dispone que “los directores del RUN podrán verificar los asientos registrales y podrán darse cuenta de que hubo un error en el nombre del propietario y dicen poner el nombre correcto, o sea hacen de juez y parte, además como los asientos registrales son secretos, el afectado no podrá recurrir a verificar el tracto registral para demostrar su titularidad, teniendo en cuenta el artículo 6°”.
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Según González Degli Uberti, el artículo 39° se contrapone al artículo 5°, inciso a, que dice que la inscripción registral no constituye el derecho que se asienta, solo la publicita. “El artículo 39° dice que entre los elementos constitutivo del catastro y registro de inmueble, son el folio real, el tracto registral, la prioridad registral, la documentación jurídica de titularidad de derechos reales sobre inmuebles, los antecedentes registrales”, añade el material.
Sede de la Dirección General de los Registros Públicos.
Fuera de las atribuciones del Poder Judicial
El artículo 43° señala que el catastro constituye un conjunto de datos obtenidos por medio de operaciones técnica y legales, que proporcionan la descripción física integral de los inmuebles.
“La descripción física consiste en la representación del conjunto de operaciones técnico-legales, que individualizan, representan y describen las parcelas de conformidad con los títulos de propiedad”, añade.
Sostiene que esta función queda fuera de las atribuciones que le da el Código de Organización Judicial a la Corte Suprema de Justicia, e invade las atribuciones del Poder Ejecutivo, porque el Poder Judicial deberá juzgar cada caso teniendo en cuenta el dictamen técnico además de las pruebas presentadas para su evaluación.
Además, el artículo 44°, según el análisis del profesional, refuerza y reconfirma el hecho de que la presente ley invade las atribuciones del Poder Ejecutivo, ya que reafirma que el registro catastral constituye el asiento de la información sobre la situación física de la unidad de un inmueble conforme con datos ordenados y clasificados de la información inmobiliaria, procedente del relevamiento topográfico del terreno y de toda la información gráfica.
