El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aseguró hoy que cuentan con los recursos para utilizar alrededor de 1.000 tobilleras electrónicas y ya han identificado a las personas privadas de libertad que podrían beneficiarse de esta medida. Esta iniciativa es esencial debido al alto hacinamiento en las cárceles.
Durante una entrevista en ABC Cardinal y ABC TV, Nicora explicó que más de 1.000 reclusos cumplen los requisitos para usar dispositivos electrónicos de vigilancia. Este número se determinó tras una investigación detallada de la Unidad de Seguimiento Procesal del Ministerio de Justicia, que expandió su equipo legal de uno a diez abogados.
Actualmente, el sistema penitenciario de Paraguay alberga 19.670 personas, superando con creces su capacidad de 12.000, lo que provoca un hacinamiento de más de 7.000 individuos.
El Ministerio de Justicia se centra en abordar las causas fundamentales del hacinamiento, más allá de construir nuevas cárceles, afirmó Nicora. Esto implica revisar casos judiciales y colaborar con el Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público.
Aproximadamente el 64% de los internos (13.400 personas) tienen procesos judiciales abiertos sin una condena firme, lo que subraya el principio de presunción de inocencia de la Constitución Nacional, explicó Nicora.
Las 1.000 personas identificadas en este proceso, que están procesadas aunque no condenadas, podrían litigar en libertad o cumplir prisión domiciliaria mediante dispositivos electrónicos. La selección se centra en casos menos graves que no representan un riesgo serio para las víctimas.
Si se implementan estos dispositivos, la población carcelaria podría reducirse un 7,5%, y la cantidad de procesados disminuiría en un 10%, indicó Nicora. Estos 1.000 individuos equivalen a la capacidad de casi un centro penal completo.
Aunque el Ministerio de Justicia ha identificado a los potenciales beneficiarios, la decisión final de usar estos dispositivos recae en el juez penal. Dependiendo de la situación económica del usuario, los costos pueden ser cubiertos por el Estado.
La Corte Suprema de Justicia ha mostrado disposición para colaborar en este tema. Además, ya están disponibles los recursos para adquirir estos dispositivos, ya que el Ministro del Interior, Enrique Riera, gestionó los fondos necesarios en el Ministerio de Economía.
Actualmente, solo hay 20 dispositivos en uso, pero recientemente se aplicó uno a un interno en San Pedro. Nicora también mencionó que están explorando tecnologías complementarias, como el uso de smartphones para la georreferenciación y verificación de personas en prisión domiciliaria.
Además, están trabajando en mejorar las condiciones de vida en las prisiones, como en Minga Guazú y el nuevo Comple, y en combatir la corrupción y promover programas de reinserción social.
