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En una decisión calificada como «histórica» por el Poder Judicial, una jueza especializada en Niñez y Adolescencia de Caaguazú otorgó una adopción póstuma a dos hermanos. Durante el proceso, que ya llevaba siete años, la madre adoptiva falleció.

Este caso involucra a un matrimonio que cuidó de los niños por siete años y buscó formalizar el vínculo familiar a través de la adopción. Sin embargo, la madre adoptiva murió antes de que se concluyera el proceso. A pesar de esta pérdida, el padre adoptivo siguió adelante con el trámite, confirmando su deseo de integrar a los menores en su familia. La jueza Dolly Romina Romero López fue quien emitió la adopción póstuma.

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La decisión se basó en el principio del interés superior del niño, un elemento fundamental del derecho de familia que prioriza el bienestar de los menores. Según información de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, la resolución fue apoyada por el equipo técnico del centro de adopciones, la Defensa Pública, y el Ministerio Público, quienes emitieron recomendaciones favorables.

Ambos niños ahora poseen una nueva identidad legal y el reconocimiento completo de su familia, marcando un precedente importante para las adopciones póstumas en Paraguay.

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El pasado viernes se llevaron a cabo las elecciones para elegir representantes docentes en el consejo directivo y el consejo superior universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Se enfrentaron dos grupos: Alianza Gremial, encabezado por Jorge Bogarín, vinculado al partido Colorado cartista y considerado corrupto por Estados Unidos, y Docentes por la Excelencia. Según los docentes de la Facultad, Alianza Gremial contó con el respaldo del cuestionado vicedecano Marco Aurelio González y del fiscal general Emiliano Rolón, quienes apoyaron activamente a Bogarín.

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En las elecciones, Docentes por la Excelencia ganó cinco de seis escaños en el consejo directivo. El equipo de Bogarín, a pesar de tener apoyo de figuras influyentes, perdió significativa representación, quedando Karen González, esposa de Bogarín, con el sexto lugar. En el consejo superior, Fausto Portillo, del mismo grupo, fue elegido, mientras que Lourdes Sanabria del equipo de Bogarín fue derrotada.

Las elecciones tuvieron una participación del 90% de los 475 docentes habilitados para votar. El resultado final dejó al consejo directivo dividido, con un empate que será desempatado por el decano Carlos Morel, quien se alinea con Docentes por la Excelencia, alejándose del grupo de Bogarín.

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El asesor de comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, destacó que el Código de Ética de la entidad prohíbe a sus empleados participar en actividades políticas. Están circulando audios atribuidos al supuesto operador cartista Carlos Florenciáñez, mencionando presiones políticas dentro de la hidroeléctrica.

Los audios sugieren que Florenciáñez, presunto alto funcionario de Itaipú Binacional, ocupa su puesto gracias al apoyo del clan Zacarías. En las grabaciones, advierte a otros empleados que podrían enfrentar consecuencias si no votan por el Partido Colorado en las próximas elecciones. Se le escucha decir que aquellos que no apoyen al Partido Colorado sufrirán las consecuencias.

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José Luis Rodríguez Tornaco señaló que el Código de Ética de Itaipú impone estrictas restricciones a la participación política. Recordó el caso de Gerardo Soria, destituido por actividades políticas, en cumplimiento de las normativas internas.

Rodríguez Tornaco enfatizó que Itaipú Binacional rechaza cualquier uso político de la entidad y que no hay directrices políticas desde el Directorio o el Consejo. Además, resaltó que las autoridades, incluido el presidente Santiago Peña, han indicado que se debe controlar para evitar el uso indebido de recursos en campañas políticas. También señaló que no le consta que Florenciáñez forme parte de la lista de empleados de Itaipú.

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