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Inédita condena sin cuerpo: Ex pareja de Dahiana obtiene pena máxima por feminicidio

Un Tribunal de Sentencia condenó a Joel Guzmán Amarilla por el feminicidio de Dahiana Espinoza, cuyo cuerpo no se pudo encontrar a lo largo de investigación del caso, pese a las intensas tareas de la Fiscalía. El acusado recibió 30 años de prisión.
La querella de la familia de Dahiana Espinoza y la Fiscalía pidieron la pena máxima para Joel Guzmán Amarilla Jara, ex pareja y único sospechoso del feminicidio de la joven madre que habría sido asesinada en la madrugada del 18 de setiembre del 2020 en la ciudad de Itá, del Departamento Central.
De esta manera concluyó el juicio oral y público del caso, con una condena inédita al no encontrarse en el marco de la investigación el cuerpo de la víctima, pese a intensas búsquedas encabezadas por el Ministerio Público.
La fiscala Daisy Sánchez presentó sus alegatos, pidiendo una condena de 30 años de cárcel, más 10 de medida de seguridad, para el hombre, contra quien había 83 pruebas.
Entre los indicios que presentó la Fiscalía, se encuentran rastros de sangre que coinciden en un 99% con los padres de Dahiana Espinoza, fotografías de un cuerpo sin vida que habían sido tomadas por el feminicida y luego eliminadas, y el manejo de llaves de la moto que usó en el crimen.
La querella de la familia, representada por el abogado David Pana, pidió la misma cantidad de años de cárcel que Fiscalía, mientras que la defensa de Joel argumentó que el Ministerio Público “se apuró” en iniciar una causa por feminicidio, ya que Dahiana en los papeles sigue apareciendo como viva. Además, dijo que lo que se pudo probar fue una gota de sangre y no varias muestras, como argumentó la investigadora.
El Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora estuvo conformado por los jueces Gloria Garay -en la presidencia-, Javier Sapena y Carolina Silveira.
Un voto en disidencia
Los magistrados no se pronunciaron en forma unánime en el caso. Gloria Garay fue el voto en disidencia. Cuestionó fuertemente el trabajo del Ministerio Público, bajo el argumento de que no se pudo comprobar violencia familiar ni feminicidio en el caso. Consideró que el sospechoso debía ser absuelto en la causa.
Para la presidenta del Tribunal de Sentencia, la Fiscalía construyó sus elementos probatorios en base al relato de los testigos. Afirmó que no se agregó ninguna constancia médica que confirme las lesiones. Dijo que se usaron copias de documentos “simples” e “ilegibles”, por lo que el contenido no puede ser corroborar e incluso manipulado.
Resolución en mayoría
Posteriormente, la jueza Carolina Silveira dio lectura a los argumentos del voto en mayoría, que emitieron ella y Javier Sapena. Ambos se pronunciaron por la pena privativa de 30 años de cárcel para Joel Guzmán Amarilla y dispusieron que el hombre mantengan prisión por medida de seguridad.
La magistrada señaló que una agravante del caso, que se ajusta a la pena máxima, fue haber dejado huérfano al hijo pequeño de Dahiana Espinoza.
“Lo que tenía que determinarse y se determinó, sí se puede atribuir causalmente como la desaparición de esta persona y que esto ha sido probada”, sostuvo, por su parte.
Explicó que la figura de violencia familiar se engloba en la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres, contra toda Forma de Violencia, ya que la normativa establece que se puede considerar de esta manera cuando la víctima ya venía atravesando un ciclo de violencia, independientemente a que haya sido denunciada o no.
En cuanto al feminicidio, agregó que se considera cuando el autor mantiene una vida conyugal y ocurre la muerte como resultado de un ciclo de violencia.
La presidenta del tribunal, la jueza Gloria Garay, informó que el contenido total de la sentencia será expuesto el próximo 17 de enero, a las 13:00.
Fuente: Última Hora



En la última semana, diversos organismos tanto locales como internacionales han incrementado sus estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Destaca el ajuste del Banco Central del Paraguay (BCP), que elevó su previsión a 5,3% desde el 4,4% anterior de julio.
Sin embargo, la confianza del consumidor sigue baja, como lo refleja el Índice de Confianza del Consumidor, que cayó nuevamente hacia el pesimismo. El economista Manuel Ferreira aclaró que, aunque hay crecimiento económico en varios sectores, los ciudadanos perciben los efectos inflacionarios debido al aumento de precios de los bienes básicos.
Ferreira explicó que el poder adquisitivo ha disminuido de manera significativa, especialmente en los sectores con menores recursos, sin que haya un aumento en los ingresos. Los datos del BCP muestran que el índice real de salarios ha bajado en los últimos cinco años, y aunque ha habido repuntes, estos no han compensado el poder adquisitivo perdido.
En términos generales, sectores como la agricultura están mostrando buenos resultados, junto con la producción de etanol. Aunque la construcción presenta crecimiento, sigue rezagada. El comercio y servicios han visto incrementos debido a las medidas del presidente argentino Javier Milei, provocando que más paraguayos compren localmente y atraigan a compradores argentinos. Ferreira advirtió que este impulso en el consumo es temporal y debe ser monitoreado.
Un dato destacable es la previsión para la Formación Bruta de Capital, que pasó a un 16,8% de expansión desde el 8%. Ferreira expresó preocupación por la falta de inversión extranjera directa que sustente este movimiento, y alertó sobre un aumento en la cuenta de «errores y omisiones» en la balanza de pagos, lo que podría indicar actividades ilegales.
Carlos Carvallo, presidente del BCP, defendió las proyecciones del crecimiento de la economía a 5,3%, atribuyéndolas a varios factores como la agricultura y el incremento de inversiones. También mencionó que el índice de confianza del consumidor, a pesar de ser una herramienta útil para evaluar el estado económico, es sensible a cambios como el tipo de cambio o la inflación.
Carvallo subrayó que hay desafíos en la inflación, especialmente en sectores específicos como la carne, que ha contribuido con 1,6 puntos porcentuales al índice de inflación del 4,3% interanual.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sorprendió al publicar de manera apresurada el viernes un proceso de adjudicación por US$ 34 millones para el «arrendamiento de máquinas de votación electrónica y servicios relacionados» para las elecciones municipales de 2026.
Este concurso, anunciado en la noche del viernes a las 20:34 en el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), establece el lunes 3 de noviembre a las 8:00 como fecha para abrir las ofertas en el TSJE, dejando poco más de dos semanas para prepararlas.
Anteriormente, en agosto, la Justicia Electoral había suspendido una licitación para comprar las máquinas de votación tras presiones del cartismo, optando sorprendentemente ahora por alquilarlas. En ese primer llamado hubo denuncias de intereses por parte de empresas cercanas al presidente Santiago Peña (ANR-HC), específicamente Comitia-MSA y Miru System.
Los opositores sugirieron que la decisión de alquilar en lugar de comprar busca evitar auditorías del código fuente, afectando la confianza. También se especulaba que el proceso anterior fue influenciado por Estados Unidos debido al uso de componentes chinos, considerados un riesgo de seguridad. En el nuevo pliego, se incluyó una cláusula que prohíbe componentes de países que no ofrecen trato recíproco a proveedores nacionales.


El Ministerio de Educación y Ciencias otorgó un contrato de consultoría para desarrollar un nuevo Plan Nacional de Educación a la empresa EPLS SA, propiedad del pastor Isaías Vergara, quien se describe como asesor en desarrollo y liderazgo. Vergara fue asesor del ministro de Educación, Luis Ramírez, al menos entre 2023 y 2024. Para este plan, Ramírez dispone de casi 2 millones de dólares de los Fondos de Excelencia.
El miércoles pasado, el MEC organizó una reunión para «elaborar conjuntamente» las bases de este plan, después de haber invertido más de 23,000 millones de guaraníes en un plan anterior que no tuvo éxito. La consultoría se adjudicó a EPLS Desarrollo Organizacional SA, que tiene como representante legal a Esther Vergara. Isaías Vergara asistió a esta reunión, liderada por el ministro Luis Ramírez y realizada en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
Vergara, quien en 2024 fue identificado como asesor de Ramírez, asistió también a reuniones con los consejeros del Fondo de Excelencia. Se cuestionaron los vínculos entre Ramírez y Vergara, pero no se obtuvieron respuestas. Dos entidades estatales, la Dirección General de Planificación y la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, gestionan el nuevo plan, pero no informaron los montos adjudicados a la consultora de Vergara. La asignación se realizó a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no por Contrataciones Públicas, y se disponía de 1.73 millones de dólares del Fondo de Excelencia, de los cuales ya se han utilizado un millón.

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