22 de enero de 2026 – 14:24
La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) advierte que el déficit de la Caja Fiscal, actualmente cubierto por impuestos, pone en riesgo la capacidad del Estado para mantener áreas esenciales como salud, educación y seguridad, y hace un llamado a que su reforma sea considerada como una política de Estado.
La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) destacó en un comunicado la necesidad urgente de llevar a cabo la reforma de la Caja Fiscal, enfatizando que se trata de una decisión que ha sido postergada durante mucho tiempo y que tiene un alto impacto en el futuro del país.
En este contexto, la organización valoró la presentación del proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, considerándolo un paso fundamental para enfrentar una crisis estructural cuya solución no puede seguir esperando.
Según la organización, el deterioro de la Caja Fiscal “es consecuencia de décadas de inacción”, lo que ha provocado un déficit creciente que el Estado financia actualmente con recursos del Presupuesto General de la Nación provenientes de impuestos.
El sector productivo advirtió que esta situación compromete gravemente la capacidad del Estado para mantener funciones esenciales como la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura.
Rechazo a nuevos impuestos
Según FEPRINCO, para garantizar la sostenibilidad del sistema jubilatorio público, es crucial tomar decisiones firmes, adoptar responsabilidad política y tener claridad sobre el modelo previsional que se busca implementar.
Además, enfatizó que continuar cubriendo el déficit de la Caja Fiscal mediante impuestos generales resulta “inequitativo y claramente insostenible”.
La agrupación de productores reiteró que la reforma debe ser considerada una política de Estado “fundamentada en criterios de equidad, sostenibilidad y coherencia entre aportes y beneficios”, y sin imponer nuevas cargas a los sectores productivos ni desfinanciar áreas estratégicas.
El comunicado concluye solicitando que el debate se extienda a una revisión integral del sistema previsional, que incluya tanto al Instituto de Previsión Social (IPS) como “a los regímenes especiales con privilegios injustificados, incompatibles con el principio de igualdad ante la ley y perjudiciales para la credibilidad del sistema”.