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La Fiscalía ha acusado a cinco personas por delitos relacionados con la autonomía sexual de una joven. Estos incidentes, impulsados por la madre de la víctima, comenzaron en 2021, cuando la joven tenía 13 años. La investigación se inició en mayo de 2025.

El fiscal Jorge Armando Benítez presentó cargos contra cuatro hombres y una mujer por abuso sexual infantil, coacción sexual y violación. Entre los acusados está un magistrado, mientras que la mujer es la madre de la afectada.

El fiscal solicitó la prisión preventiva de todos los involucrados y pidió al juez correspondiente que inicie el proceso de desafuero del magistrado, trasladando la documentación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Según los antecedentes, uno de los acusados llegó a la casa de la madre de la joven, quien, junto a su hija de 13 años, abordó un vehículo. La madre se bajó del auto dejando a la niña con el hombre, quien la abusó sexualmente. Después, el hombre pagó a la madre una suma de dinero. Esto ocurrió en 2021.

En 2022, la madre llevó a la misma hija, ya de 14 años, a la casa de un segundo acusado, quien también la abusó mientras la madre esperaba afuera. La niña pidió irse, pero la madre se negó y la dejó allí.

Más tarde, entre agosto y diciembre de 2023, la madre llevó a su hija en varias ocasiones a la casa de un tercer acusado, un abogado, quien también la sometió sexualmente. Durante ese tiempo, el magistrado acusado también abusó de la joven en varias ocasiones, con el consentimiento de la madre.

El magistrado pidió a la madre y a la víctima guardar silencio sobre los hechos.

La investigación comenzó cuando un adulto denunció los incidentes en mayo de 2025. Con la intervención del Ministerio Público, se realizaron evaluaciones psicológicas y testimonios que dieron inicio al proceso contra los acusados.

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Un grupo de abogados ha presentado una denuncia contra el intendente de Minga Guazú, Diego Amílcar Ríos Llano (ANR-cartista), y el concejal José Mercedes Silguero Medina (ANR), acusándolos de varias presuntas irregularidades en la administración municipal. Esta acción fue presentada hoy ante la Fiscalía Anticorrupción de la capital.

La denuncia alega que el intendente y el concejal están involucrados en hechos de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito en la función pública. En el documento se indica que las gestiones irregulares han causado daños patrimoniales significativos al municipio de Minga Guazú. Se adjuntó un dossier de 139 páginas de documentación.

“La mala administración de los recursos públicos de la Municipalidad de Minga Guazú genera un importante deterioro de las finanzas municipales, causando un déficit alarmante en el patrimonio”, señala la denuncia.

La abogada Mónica Ramírez presentó la denuncia, acompañada por otros dos abogados, Eloi Borges y José Pereira.

En cuanto a las licitaciones, se detalla que la empresa Infominga, propiedad de Roque Milciades Gamarra Folgiarino, había sido favorecida con 13 contratos, ocho mediante contratación directa, por más de 2.200 millones de guaraníes, incluso cuando no cumplía con las categorías exigidas.

El caso también incluye menciones a otras empresas. Construconsult SA, propiedad de Deysi Bareiro, Carlos Bareiro y Felicia Carlona Velázquez Alonso, fue adjudicada con más de 230 millones de guaraníes sin registros de terminación de las obras. Asimismo, la Constructora Dos Hermanos, de Diego Guillermo Franco Vargas, recibió adjudicaciones por más de 270 millones con presunta sobrefacturación y falta de verificación de precios de mercado.

Además, se acusa al concejal José Mercedes Silguero Medina de usar recursos municipales para financiar invasiones de tierras excedentes fiscales mediante «Comisiones Vecinales Sin Tierras».

Se intentó contactar al intendente Ríos y al concejal Silguero, pero no respondieron.

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El asunto de la camioneta Toyota Land Cruiser vinculada al presidente Santiago Peña sigue provocando críticas por parte de senadores opositores. La conexión con el proveedor chino Long Jiang, adjudicatario del contrato para los llamados “pupitres de oro”, genera sospechas de posibles negocios millonarios y conflictos de interés.

El senador Ever Villalba (PLRA) advirtió que cuando el poder político y los negocios se mezclan de manera turbia, la confianza pública se desvanece. «No basta con negar o desviar la atención con otros escándalos: el presidente Peña debe explicar públicamente el origen, los plazos, los vínculos y los beneficios posibles de esa transferencia de la camioneta», afirmó.

Además, añadió que Paraguay merece transparencia, no tratos oscuros, y que las instituciones deben supervisar al poder en lugar de rendirle pleitesía.

El senador opositor Rubén Velázquez (Yo Creo) opinó que no es coincidencia que la camioneta del proveedor chino terminara en manos de la empresa del presidente Santiago Peña. «Esto demuestra vínculos fuertes con el mandatario e indica un favorecimiento claro al proveedor chino para la adjudicación de los pupitres de oro», indicó.

Comentó también que la cercanía con el presidente influyó y la sobrefacturación representa un gran negocio. «El conflicto de intereses agrava aún más la situación del presidente al no explicar el origen de los 200 mil dólares guardados en Mburuvicha Róga», manifestó.

La camioneta Toyota Land Cruiser, utilizada por Peña y su familia para vacacionar en Brasil, originalmente pertenecía a la empresa de Long Jiang. Más tarde, el vehículo pasó a ser propiedad de Real Viviendas EAS, empresa del presidente.

Luego, Long Jiang fue proveedor de muebles escolares chinos para el Estado. El avión de Jiang, beneficiado con un contrato en Itaipú de 33 millones de dólares, también fue usado por el mandatario en viajes privados.

Una investigación en 2021 ya había revelado el vínculo entre la camioneta y Decorapar SA, presidida por Long Jiang. Este empresario es el principal accionista de Kamamya SA, que obtuvo el contrato de cerca de 33 millones de dólares para el suministro de casi 330,000 pupitres chinos.

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El escándalo de los pupitres chinos y la camioneta Toyota Land Cruiser involucra al presidente Santiago Peña en posibles negociados, conflictos de interés y falta de transparencia. Críticas de los senadores opositores refuerzan la necesidad de que el mandatario brinde explicaciones claras al país.