La Cámara de Diputados está revisando una propuesta polémica que busca aumentar a diez años la pena máxima para adolescentes infractores. Esto se enmarca en un contexto donde el crimen organizado aprovecha su vulnerabilidad y el Estado intenta recuperar autoridad.
Los diputados realizaron cambios al proyecto de ley que modifica el artículo 207 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, aumentando las penas de 8 a 10 años para menores infractores. La iniciativa ya había recibido media sanción en el Senado y ahora regresa allí para su revisión.
Originalmente, el Senado propuso aumentar la pena máxima de 8 a 15 años para adolescentes de 14 a 17 años que cometan delitos calificados como crímenes. No obstante, la Cámara Baja ajustó ese rango a 10 años.
Según la diputada Rocío Abed, quien preside la Comisión de Equidad que recomendó las modificaciones, el artículo 207 actualmente establece una pena máxima de ocho años para menores que cometan crímenes.
El proyecto señala que, excepcionalmente, un juez puede aplicar una medida privativa de libertad de hasta 10 años si se determina que ninguna otra medida es suficiente para los fines de educación, protección y reinserción social.
El proyecto argumenta que el crimen organizado utiliza a menores para delinquir, conociendo que las sanciones para ellos son más leves, lo que socava la autoridad estatal y expone a los jóvenes a situaciones violentas.
Además del aumento de las penas, la propuesta incluye evaluaciones obligatorias para determinar la capacidad de discernimiento, un sistema mixto de responsabilidad penal juvenil, y criterios de proporcionalidad, reincidencia y madurez psíquica del infractor.