Nacionales
Imputan por tráfico de menores a mujer a quien entregaron una beba a cambio de G. 800.000
La fiscal Vivian Coronel imputó a una mujer de 54 años a quien entregaron una beba de 1 año a cambio de G. 800.000 y víveres. La mujer será procesada por tráfico de menores y violación a los derechos de adopción. La madre de la niña también podría ser imputada.
Angélica Borja de Brizuela (54) una mujer a quien entregaron una beba de un año y 11 meses, presuntamente, a cambio de G. 800.000 y víveres, fue imputada por tráfico de menores y violación de los derechos de adopción.
“Ya tenemos elementos suficientes para formular la imputación a la persona que ‘compró’ a la beba por tráfico de menores y violación a los derechos de adopción”, explicó la agente del Ministerio Público en comunicación con radio Monumental 1080.
La fiscal Coronel no descartó abrir otra investigación para interiorizarse de la situación de la madre, que habría sido víctima de hechos de abuso sexual. “Tiene cinco hijos y haciendo un cómputo rápido, a los 13 años y siendo una niña ya dio a luz”, agregó.
De acuerdo al acta de imputación, el pasado 20 de julio, en horas de la mañana, la madre de la niña habría entregado a su hija a Angélica Borja, quien luego trasladó a la pequeña a una vivienda ubicada en la ciudad de Caaguazú.
La beba no tenía siquiera documentos, se manejaba con una libreta de vacunación. Supuestamente, la intención era llevar a la pequeña a España, informó Edgar Medina, periodista de Última Hora.
Agentes del Departamento de Investigación de Trata de Personas de Caaguazú se presentó en la zona donde se encontraba la beba y realizaron preguntas a los vecinos sobre la presunta madre adoptiva. Poco después, Angélica Borja se acercó a la Policía Nacional para entregar a la beba.
Fuente: Última Hora
El 9 de noviembre de 2025, el abogado Silvio Delvalle solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revise urgentemente un recurso contra la decisión que anuló su matrícula profesional. Según Delvalle, la sanción fue arbitraria e injusta, ya que solamente denunció irregularidades de magistrados en Paraguarí, bajo la protección del entonces ministro Antonio Fretes.
El recurso que presenta Delvalle desafía la resolución N° 673 del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 12 de octubre de 2022, que anuló su matrícula. Argumenta que esta medida es injusta y arbitraria, y la semana pasada presentó un urgimiento debido a que lleva tres años sin poder ejercer.
El caso, relacionado con un permiso para viajar al extranjero en 2017 en Paraguarí, incluyó recusaciones y denuncias contra varios jueces. El juez instructor Rodolfo Heyn consideró que Delvalle actuó de forma irrespetuosa y dilatoria, recomendando la suspensión de su ejercicio profesional por un año.
Finalmente, el Consejo de Superintendencia, compuesto por Antonio Fretes, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, decidió la anulación de la matrícula de Delvalle.
En su defensa, Delvalle rememora persecuciones durante la dictadura stronista por defender la libertad. Alega que ahora enfrenta otra persecución por denunciar el actuar corrupto de magistrados, quienes protegen a criminales organizados. Según Delvalle, su accionar no amenaza al Estado, sino quienes son encubiertos por esta corporación judicial.
En Ciudad del Este, el 9 de noviembre de 2025 a las 09:56, el senador Javier Zacarías Irún (ANR–cartista) fue abucheado por un grupo de personas al llegar al Colegio Primer Intendente Municipal en el barrio Pablo Rojas para votar en las elecciones municipales. La llegada del legislador, una de las figuras más criticadas en la región, provocó una inmediata reacción de los presentes, quienes lo abuchearon y usaron expresiones como “fuera, corrupto” y “chupa medias de Cartes”.
Zacarías Irún fue acompañado por simpatizantes que impidieron que la situación se complicara más. El senador votó rápidamente y se retiró mientras los abucheos continuaban. Aldo Romero, quien afirmó ser uno de los organizadores del escrache, comentó que la reacción fue espontánea y que la mayoría en Ciudad del Este ya no lo apoya, considerándolo una persona no grata por los daños causados a la ciudad.
Romero añadió que el incidente fue el único altercado en el lugar electoral y que todo había estado tranquilo hasta su llegada. En un video se observa cómo seguidores lo aplauden a pesar de las tensiones. También se ve a una persona con chaleco del TSJE con la inscripción “Voto inclusivo” cuya identidad no fue revelada.
La figura de Javier Zacarías Irún y su familia sigue siendo altamente criticada en Alto Paraná. Conocido como el “Clan Zacarías”, administraron la ciudad por 17 años, primero con el senador como intendente y luego su esposa, Sandra McLeod, quien fue destituida en 2019 por corrupción e irregularidades. Su hermano, Justo Zacarías, fue gobernador del Alto Paraná y ahora es director paraguayo de Itaipú.
El 9 de noviembre de 2025, a las 09:31, se reportó un accidente en SANTA ROSA, Misiones, donde un estudiante del Colegio de Policía de Misiones y una joven sufrieron lesiones tras ser atropellados por un auto. El conductor huyó del lugar, informó la Comisaría 5ª.
El accidente ocurrió cerca de las 22:50 del sábado en la calle José del Rosario Acosta Alberdi, barrio Pablo Sexto. El vehículo, un Changan Benni Mini plateado con matrícula BAA 019, era conducido por Rolando Miranda Lugo, de 32 años, sin licencia.
Las víctimas, Élder Darío Villalba, de 20 años, y Xiamara Elizabeth Morel Ramírez, de 19, ambos de Santa Rosa, fueron auxiliados por los Bomberos y llevados al Hospital Distrital de Santa Rosa, luego transferidos al Hospital Regional de San Juan Bautista para más exámenes.
El conductor abandonó el lugar tras el choque, pero fue encontrado más tarde. La prueba de alcoholemia en el Cuartel de la Patrulla Caminera de San Ignacio resultó positiva, con 0,790 mg/l.
El caso fue informado al asistente fiscal, abogado Carlos Rodríguez, quien, bajo instrucciones del fiscal Nelson Colmán, ordenó la incautación del auto y la detención del conductor por seis horas.
La operación fue liderada por la subcomisaría M.G.A.P. Diana Valenzuela, junto con el suboficial mayor P.S. Derlis Aquino y el suboficial inspector P.S. Ismael Morel.
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