Impacto negativo en los vulnerables al eliminar zonas bajas.
El Departamento de Justicia derogó las zonas de bajas emisiones (ZBE) de Madrid -aunque el Ayuntamiento de Madrid recurrirá- por considerar que protegen a los colectivos más vulnerables que no pueden cambiar de vehículo. El secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes critica estas decisiones y señala la posibilidad de llevar a las ciudades rebeldes que aún no han establecido sus zonas de circulación restringida ante los tribunales.
Los jueces han sido criticados por excluir a los vulnerables que no tienen coche y supuestamente solo defender a los propietarios de vehículos con argumentos infundados. Además, se plantea que las ciudades que no han comenzado con sus zonas de bajas emisiones podrían enfrentar problemas de incertidumbre legal y perder apoyo financiero estatal para el transporte público.
La Unión Europea defiende a las personas vulnerables afectadas por la contaminación a través de zonas de bajas emisiones que mejoran la calidad del aire y estimulan el transporte público. Se cuestiona la postura de los magistrados en Madrid y Barcelona que van en sentido contrario a estas medidas.
El Gobierno advierte a las ciudades que intentan eludir las normativas de zonas de bajas emisiones y señala que no se descarta llevar a los tribunales a las municipalidades que incumplen. Respecto a las ciudades que cumplen con estas zonas, se destaca la importancia de seguir las directrices establecidas.
Se investigará a las ciudades que eliminen carriles para bicicletas o autobuses con fondos europeos, y aquellas que incumplan deberán devolver el dinero y pagar multas. La movilidad sostenible se considera una cuestión que va más allá de la política partidaria y es esencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
El Gobierno ha incrementado la inversión en transporte público en los últimos años y se compromete a seguir fortaleciendo este sector. Se trabajará en mejorar las frecuencias y líneas, así como en incentivos para aumentar la oferta. A pesar de los problemas en Cercanías, se están realizando inversiones para mejorar el servicio.
La futura Ley de Movilidad Sostenible incluirá más financiación para el transporte público, con un fondo específico y compromiso presupuestario para su mantenimiento. Se espera que esta ley genere una revolución en el transporte público en 2026, mejorando la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.
