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Histórico: Eusebio Torres, ex policía stronista, es condenado a 30 años de prisión por tortura
El tribunal presidido por el juez Juan Francisco Ortiz junto a Rossana Maldonado y Manuel Aguirre, condenó a 30 años de prisión al ex policía stronista Eusebio Torres Romero, acusado por hechos de tortura ocurridos en el año 1976 del que fueron víctimas dos opositores de la dictadura de Alfredo Stroessner.
El comisario retirado Eusebio Torres Romero (88) fue condenado a 30 años de prisión tras ser hallado culpable de casos de tortura que se dieron durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
El tribunal integrado por los jueces Francisco Ortiz (presidente), Rossana Maldonado y Manuel Aguirre, luego de escuchar el testimonio de testigos, de las dos víctimas denunciantes y del acusado, tomó la decisión de la condena.
Los jueces, luego de estudiar el caso, decidieron otorgar la pena máxima para este caso, hecho que fue festejado por las víctimas que alzaron los puños en alto y estallaron en júbilo ante la histórica decisión judicial.
La fiscal Sonia Sanguines, que investiga el caso, acusó a Torres por torturas de las que resultaron víctimas Carlos Ernesto Casco y Luis Alberto Casco, quienes denunciaron los hechos ocurridos en el Departamento de Investigaciones de la entonces Policía de la Capital, en abril de 1976.
Los jueces determinaron que el condenado guarde arresto domiciliario hasta que la condena quede firme y ejecutoriada.
Aclararon, que debido a su avanzada edad, el ex policía puede salir de la casa donde cumple el arresto, para ser atendido en un centro asistencial en caso de problemas de salud.
Poco antes de la deliberación del tribunal, el ex policía stronista pidió ser absuelto de culpa y pena, ya que sostiene que hubo una confusión.
“En 49 años que transcurrieron de aquella época que ellos sufrieron fue suficiente tiempo para confundirme, ellos están confundidos. Me confundieron con otras personas, por esa razón que yo creo que corresponde mi absolución de culpa y pena, que no afecte mi honorabilidad”, señaló.
Las palabras de Torres causaron indignación entre los presentes que gritaron: “¡Tortura nunca más!”.
La acusación
Según la acusación, Carlos Casco (víctima) fue detenido en el puerto de Asunción, al llegar de la Argentina, en abril de 1976, y fue llevado al Departamento de Investigaciones, donde lo torturaron Camilo Almada Morel y Lucilo Benítez, ambos fallecidos.
Luego, a los tres días, apareció Eusebio Torres, que le torturó y le amenazó con matar a su esposa. Tras seis meses fue derivado a Emboscada y salió libre en agosto de 1978.
También fueron denunciantes de este hecho Luis Alberto Casco y Teresa Aguilera de Casco, que manifestaron haber sufrido torturas en esta época.
El ex uniformado indicó que en el periodo en que ocurrieron los hechos no se encontraba en el área de Investigaciones de la Policía, sino que recién del 26 de enero de 1978 al 9 de setiembre de 1980.
Sin embargo, esto fue desmentido por testigos que lo vieron en en la sede policial en 1974, 1975 y 1976. Euclides Acevedo, Dionisio Borda, Miguel Ángel Perito y otros que estuvieron detenidos en Investigaciones, fueron algunos de los testigos.
Condecorado por el Gobierno de Cartes
El pasado 3 de diciembre, Eusebio Torres fue uno de los policías retirados que protagonizaron la ceremonia de conmemoración de los 50 años de egreso de los oficiales de la Escuela de Policía General José E. Díaz.
El torturador recibió la condecoración de manos del entonces ministro del Interior, Francisco de Vargas, cuyo padre, Francisco Pancho De Vargas, llevó adelante varias querellas en contra de Torres.
Fuente: Última Hora
La Corte Suprema de Justicia ha decidido suspender a la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz, junto a varios funcionarios de las dos secretarías de dicha sede judicial. Esta decisión surge a raíz de una serie de irregularidades detectadas en juicios de cobro de guaraníes, auditados en el contexto de la mafia de los pagarés.
La investigación relacionada con las denuncias de la mafia de los pagarés ahora ha alcanzado a la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz. En la sesión ordinaria de hoy, la Corte Suprema de Justicia acordó suspender a la titular de esta sede judicial y a varios de sus funcionarios.
La suspensión se llevará a cabo con salario básico, puesto que así lo decidieron por mayoría los ministros Eugenio Jiménez, Víctor Ríos, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y César Diesel. Por otro lado, los ministros Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y César Garay propusieron la suspensión sin goce de sueldo para todos los implicados en las irregularidades.
Eugenio Jiménez Rolón explicó que, aunque la investigación aún no ha concluido, se han encontrado irregularidades significativas, por lo que propuso que la suspensión sea con goce de salario mínimo.
Esta medida se basa en la auditoría de gestión realizada por la Dirección General de Auditoría en mayo pasado, que revisó más de mil expedientes. Los antecedentes del caso han sido enviados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público para que tomen las medidas pertinentes.
No se mencionó el nombre de los funcionarios suspendidos, pero los casos corresponden a las secretarías a cargo de Elena Noemí Ojeda y Raúl Ernesto Jara Foth. La auditoría reveló serias irregularidades en 1,064 expedientes, violando la defensa en juicio y el Código de Ética Judicial.
Además, hay acusaciones en curso contra 67 personas, incluidos jueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados. Este caso expone una red que despojaba de dinero a los demandados sin su conocimiento. Hasta el momento, unas cinco mil personas se han presentado como víctimas de esta mafia en todo el país, lo que ha generado más investigaciones que podrían llevar a nuevas acusaciones.
Ayer comenzó la audiencia preliminar para Wilfrido Cáceres, ex jefe de Gabinete del ex intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción, tras la ratificación de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Debido a la ausencia y renuncia de los abogados, se pospuso la diligencia para su esposa y las otras dos acusadas.
El fiscal anticorrupción, Luis Piñánez, confirmó las acusaciones contra Wilfrido Adrián Cáceres Flores y pidió al juez especializado en delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, que avance a juicio oral y público. Según la investigación, ni Cáceres ni su pareja, Ruth Jazmín Da Silva, pueden justificar un patrimonio de más de G. 7.700 millones entre 2013 y 2023.
Debido a esto, Piñánez solicitó el inicio de la incautación de bienes y vehículos, obtenidos presuntamente de manera ilegal en la administración pública. Para las acusadas Ruth Da Silva, Camila Ramírez Gómez y Elvira Gómez Viuda de Ramírez, quienes ahora cuentan con la defensora pública María Fernanda Laino, se programará una nueva fecha de audiencia.
Wilfrido Cáceres declaró que las acusaciones carecen de relevancia penal y las atribuyó a una «vida financiera desorganizada», exonerando a su esposa y a las otras acusadas de cualquier responsabilidad.
La audiencia continuará este jueves, 9 de octubre, a las 8:30, con el análisis de incidentes, y el juez Estigarribia decidirá si el caso va a juicio oral y público.
La investigación, que comenzó en 2020, se centra en presuntos desvíos de recursos municipales destinados a combatir el covid-19. Los fiscales argumentan que no se puede justificar un incremento patrimonial de G. 7.764.350.575. Desde 2017 hasta 2023, la pareja habría adquirido inmuebles en San Lorenzo y Ñemby, y comenzó a pagar terrenos en Piribebuy, ocultando estos bienes del patrimonio conyugal para evitar su detección y confiscación.
Los fiscales destacan que la «bonanza» patrimonial inició en 2017 y se intensificó, incluyendo compras de vehículos y edificaciones ocultadas para eludir la vigilancia de la Contraloría.
Dentro de la celda de Miguel Ángel Insfrán, conocido como Tío Rico, se encontraron un cargador y una funda de celular tras una revisión efectuada por el sicariato del teniente coronel Guillermo Moral. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aseguró que en ese momento el preso estaba recibiendo atención médica y ahora se investiga al personal de salud de la prisión de máxima seguridad.
Durante la inspección en la celda de Tío Rico en la cárcel de Minga Guazú, se hallaron indicios de uso de celular, como un cargador y una funda. Este operativo se realizó después del asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, quien había denunciado un intento de soborno para introducir un celular al recluso.
Nicora comentó que inicialmente se decía que el cable hallado era para una afeitadora eléctrica, pero se confirmó que es de un iPhone, igual que la funda encontrada en su colchón.
Cuando se llevó a cabo el procedimiento, el recluso no estaba en su celda, sino en el área de sanidad por petición de su defensa debido a un sangrado interno confirmado por un consejo médico del Ministerio de Salud.
Rodrigo Nicora indicó que se entregaron imágenes de los últimos dos meses y medio para la investigación, a fin de esclarecer cómo se pudo dar la filtración.
Se mencionó que, aunque estaba en el área de salud, podría haberse presentado una brecha en el control, ya que en una celda de máxima seguridad no hay manera de enchufar el cargador debido a la estructura.
El personal de salud está siendo investigado para determinar si hubo colaboración o negligencia que permitiera el acceso de Tío Rico a objetos prohibidos en la prisión de máxima seguridad.
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