El aumento del 5% en el salario mínimo, implementado por el gobierno de Santiago Peña, ha llevado este monto a G. 3.044.000. Esta cifra representa menos de la mitad de los G. 6.523.414 que los ministros y otras altas autoridades seguirán percibiendo en concepto de bonificación «extra del extra».
La situación se agrava tras el rechazo, el pasado lunes, por parte de la mayoría cartista y sus aliados en la Cámara de Diputados a un proyecto de ley que buscaba limitar temporalmente el pago de esta polémica bonificación por responsabilidad en la administración, afectando solo el resto del año.
Los ministros del Ejecutivo disfrutan de un ingreso adicional de G. 6,5 millones sobre su salario de G. 22.000.000, más G. 4.093.655 en «gastos de representación». De este modo, sus ingresos mensuales superan los G. 33.017.069, lo que equivale a más de diez veces el salario mínimo.
Asimismo, mientras este proyecto sigue su trámite legislativo, los ministros continúan recibiendo la bonificación, lo que podría llevar a que, al final del año, perciban lo equivalente a un «triple aguinaldo», superando los G. 78.280.968 en aguinaldos adicionales.
Un asalariado que gane el salario mínimo tendría que trabajar más de dos años para recibir la misma cantidad que los ministros obtienen anualmente a través de esas bonificaciones. Por otro lado, alcanzar lo que un ministro percibe en un solo mes requeriría casi diez meses de trabajo para un trabajador con salario mínimo.
El rechazo de la ley también podría permitir al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, restituir una bonificación que él mismo había renunciado a cobrar en medio de un escándalo, la cual ascendía a G. 21.100.950 mensuales, además de su dieta y otros beneficios que alcanzarían los G. 63.302.850.
El proyecto de ley que prohibiría los pagos de bonificaciones a las máximas autoridades prácticamente ha sido considerado muerto, dado que deberá ser tratado en ambas cámaras antes de fin de año, lo que haría que su aplicación fuera obsoleta.
Además, el rechazo a esta medida refleja una falta de sensibilidad hacia la situación de salud pública, puesto que los legisladores optaron por mantener los beneficios para una élite en detrimento de destinar esos recursos a cubrir deudas estatales en la compra de medicamentos e insumos fundamentales.
Los legisladores que votaron en contra de este proyecto priorizaron sus privilegios sobre las necesidades de uno de los sectores más olvidados, el de la salud, recibiendo críticas internas dentro de su propia agrupación.
