Nacionales
Funcionarios de Relaciones Exteriores en la mira por irregularidades en concurso
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en relación al concurso para el Ingreso al Servicio Diplomático y Consular, del cual saltaron varias irregularidades en las que estarían vinculados funcionarios de la propia institución.
Las denuncias tienen relación a supuestas irregularidades en procesos realizados por la Academia Diplomática y Consular. Al respecto, la Cancillería indicó que se dispuso la realización de nuevos exámenes y pruebas de aptitud de todos los postulantes que oportunamente fueron admitidos para participar en el XVI Concurso de Oposición y Méritos, Año 2023, para el Ingreso al Servicio Diplomático y Consular en el cargo de Tercer Secretario.
El comunicado sostiene que la Unidad Anticorrupción comprobó, según menciona en su informe, que un funcionario del Ministerio admitió en su descargo “haberles ayudado en el marco de la buena voluntad y la amistad existente” a dos postulantes.
El mismo funcionario reconoció también que una postulante “le solicitó ayuda para el concurso” a fin de comprender un texto de filosofía a lo que él accedió.
Se comprobó además en la investigación que el funcionario actuó como veedor en varias de las pruebas realizadas en el marco del concurso y que había ofrecido sus servicios de enseñanza a otros postulantes detallando precio, día y hora de sus servicios.
“Para salvaguardar la transparencia del proceso, garantizar la igualdad de oportunidades para los más de 300 postulantes y preservar la institucionalidad, esta administración se ha visto en la necesidad de adoptar la determinación de convocar a nuevos exámenes para que todos los participantes tengan las garantías de un proceso incuestionable”, resaltan.
Cabe destacar que con esta resolución, los postulantes que obtuvieron los mejores puntajes no son dejados de lado, están plenamente habilitados a tomar parte de los nuevos exámenes y ratificar el desempeño alcanzado.
Una de las denuncias viralizadas en redes sociales es la de la joven Mercedes García, quien indicó que pese a ingresar a la Carrera Diplomática en el tercer puesto, el concurso se volvió a reanudar por las supuestas irregularidades.
“Si lo que buscamos es una democracia más justa, los paraguayos más capaces deben ser alentados y reconocidos por el Estado. Después de todos estos años de entrega y dedicación a mis estudios, ahora estoy sumida con mi familia en una profunda angustia, aflicción e incertidumbre, a pesar de haberme ceñido al reglamento del concurso al pie de la letra, no haber sido involucrada en ninguna denuncia y haber obtenido uno de los mayores puntajes”, expresó la joven.
Como joven paraguaya sé que muchos se identificarán conmigo. Después de años de estudio y preparación accedí a un puesto en la función pública, por concurso, del que hoy arbitrariamente estoy siendo despojada. Por mi y por todos los jóvenes paraguayos hago extenso mi testimonio pic.twitter.com/83BBVtDYk2
— Mercedes Luján G. (@mercedesgarciag) February 18, 2024
Fuente: Diario Hoy
Nacionales
Prudencia fiscal y estabilidad política para mantener controlado el riesgo país
El 5 de noviembre de 2025 a la 01:00 se publicaron datos sobre la prima de riesgo, también conocida como riesgo país o soberano, que refleja el costo adicional que un Estado debe ofrecer para vender su deuda en comparación con emisores considerados sin riesgo. En la Eurozona, la referencia es el Bund Alemán, mientras que en América se compara con el bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años. Este riesgo se mide con el Emerging Markets Bond Index (EMBI) de J.P. Morgan, que indica la diferencia de rendimiento en puntos básicos. Por ejemplo, un riesgo país de 1,200 puntos significa que se deben pagar 12 puntos porcentuales más por el endeudamiento.
Este índice es fundamental para los inversores, ya que resume cómo los mercados internacionales perciben el riesgo crediticio de cada país. Si el EMBI es alto, mayor es el riesgo de default o inestabilidad económica. Los cambios en el indicador pueden deberse a factores internos, como la política fiscal y la inflación, o externos, como las tasas de interés en EE.UU. o el apetito global por el riesgo.
En octubre de 2025, el riesgo país de Paraguay fue de 116 puntos básicos, uno de los más bajos en América Latina, quedando detrás de Uruguay (66 puntos) y Chile (92 puntos). La posición de Paraguay es relevante en el contexto latinoamericano, donde hay grandes diferencias en el costo de financiamiento. Uruguay y Chile son ejemplos de solidez institucional y previsibilidad económica, mientras que Paraguay ha sido un mercado confiable para los inversores internacionales en los últimos años.
Un riesgo de 116 puntos implica menores costos de financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado, beneficiándose de la confianza económica que proyecta Paraguay.
El panorama regional del riesgo país muestra una diversidad notable. Uruguay, Chile y Paraguay se encuentran en el extremo más seguro, con índices inferiores a 120 puntos. En el medio están Perú (120 puntos), Guatemala (143), y otros, que mantienen niveles moderados gracias a sus fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos.
Brasil (187 puntos) y México (212), aunque son las economías más grandes, enfrentan mayores riesgos debido a factores políticos internos y presiones fiscales. Colombia (251 puntos), Honduras (300), y El Salvador (348) presentan riesgos medio-altos, afectados por desafíos fiscales y falta de reformas.
En la parte más vulnerable se encuentran Argentina (662 puntos), Ecuador (733), Bolivia (1,210) y Venezuela (12,620), reflejando desequilibrios fiscales, alta inflación y debilidad institucional. Venezuela permanece fuera de los mercados internacionales de deuda por su elevado riesgo.
Paraguay se beneficia por estar entre los países con menor riesgo, pero mantener esta posición requerirá estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y transparencia institucional. Riesgos en el gasto público, aumentos de deuda o inestabilidad política podrían cambiar esta percepción.
Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.
El 5 de noviembre de 2025, a la 01:51, una familia acusa de negligencia al Hospital Nacional de Itauguá tras quedar un niño de 11 años en estado crítico luego de una cirugía de apendicitis. Alegan que se le operó sin estudios previos y sin informes claros de su condición.
La familia denunció un supuesto caso de negligencia médica en el Hospital Nacional de Itauguá. Un niño de 11 años, tras una operación de apendicitis, está en estado crítico. Según los familiares, fue operado sin estudios previos ni ecografía, y la cirugía se complicó por un posible error.
El niño fue trasladado desde el Hospital Regional de Caacupé y operado de inmediato en Itauguá. «Lo intervinieron sin ecografía ni estudios. El cirujano lo evaluó y lo llevó al quirófano. Ahora está en terapia intensiva», explicó Arnaldo Andrés Arce, el padre, quien añadió no haber recibido informes claros sobre la situación de su hijo.
El padre contó que antes del traslado el niño estaba bien, pero ahora está intubado y que su esposa fue maltratada cuando intentó verlo. La tía del niño, Rosa Arce, exigió una investigación por negligencia. «Cortaron una vena sin querer, por eso está en terapia intensiva. No dan explicaciones», expresó.
Gabriela Mendoza, la madre, compartió su angustia: “Nos dijeron que sería rápido, pero nadie informaba nada. Luego me dijeron que tuvieron que intervenir otra vez porque hubo una hemorragia. No dieron más detalles”, relató.
El niño sigue en la unidad de terapia intensiva pediátrica, mientras la familia demanda explicaciones y transparencia. Hasta ahora, el Hospital Nacional de Itauguá no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.
Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la dirección de Eddie Jara, finalmente otorgó la novena extensión de contrato a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Esta vez, el plazo se extendió por cuatro meses, permitiendo que la empresa entregue el combustible hasta el 28 de febrero de 2026.
Agustín Encina, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), confirmó a ABC Color esta nueva extensión, a pesar de que la empresa no entregó ninguna de las 100,000 toneladas métricas de gasoil, valoradas en más de US$ 61 millones, tras el vencimiento del octavo plazo, el pasado 31 de octubre.
Así, se evidencia que Jara no fue sincero con el Congreso Nacional y la ciudadanía, ya que en septiembre había asegurado que no se otorgarían más prórrogas a la empresa catarí. No obstante, esta nueva extensión manifiesta lo contrario respecto a su paciencia en este asunto.
También extendieron el plazo de la garantía
Encina indicó que se están revisando los documentos para su publicación en el portal oficial. “La DNCP recibió los documentos. La adenda Nº 9 firmada entre Petropar y el proveedor establece la extensión del contrato hasta el 28 de febrero de 2026”, comentó.
Además, ambas partes acordaron extender la validez de la garantía de cumplimiento del contrato hasta el 31 de mayo de 2026.
“Petropar justifica esta extensión por tratarse de un contrato abierto, lo que impide determinar con precisión la fecha de entrega. Como no se ha realizado aún, es necesario extender la vigencia contractual para garantizar su ejecución”, explicó. Esta justificación ha sido repetida por la petrolera durante un año.
Se mencionó que Petropar insiste en que el precio sigue siendo “favorable” comparado con el mercado actual, aunque recientemente la empresa admitió que el precio ofrecido era difícil de cumplir.
Eddie Jara y sus directivos permanecen sin dar la cara
Los directivos de la estatal siguen sin dar explicaciones sobre la decisión tomada en este caso. Desde la semana pasada, se ha intentado comunicar con la directora de Comunicaciones de Petropar, Norma Caballero, para conseguir una entrevista con los responsables, pero no ha habido respuesta. Ayer, Caballero no respondió al equipo periodístico del diario.
El presidente Eddie Jara, el gerente general William Wilka, el gerente de Comercio Exterior Ramón Benítez, el director jurídico Carlos Arce y el director comercial Adalberto Acuña mantienen un silencio sospechoso. Evitan explicar por qué dieron más plazo a una empresa que incumple.
Parece que los lazos de la compañía en las altas esferas buscan impedir la ejecución de la garantía de cumplimiento, equivalente al 5% del valor total del contrato (US$ 3,050,000). Esa garantía nunca fue exigida, a pesar de las ocho extensiones y el total incumplimiento.
Dudosa garantía y posibles violaciones legales
Doha Holding presentó una simple declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani como garantía de cumplimiento, acompañada de un supuesto “aval” del Qatar International Islamic Bank (QIIB). Sin embargo, no hay garantía bancaria ni póliza real.
No se sabe si el jeque árabe visitó el país para firmar esta novena adenda. La sede local de la empresa catarí está en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, quien autorizó la firma de algunas adendas en nombre de la compañía. Actualmente, se desconoce quién aprobó la novena adenda.
En el portal de Contrataciones Públicas, aparecen como representantes de la empresa Alejandro Facundo Domínguez Pérez y Saad Doukali. Al-Thani fue incorporado como representante tras la firma del contrato con Petropar.
Doha Holding no ha entregado el gasoil prometido, aunque Petropar ha seguido extendiendo el contrato. La empresa había ganado la licitación con un precio de US$ 610 por tonelada, un valor que ni Brasil consigue, y posteriormente la estatal admitió que era insostenible.
Además, Petropar no verificó la capacidad financiera de la empresa y gestionó la adjudicación mediante un procedimiento especial de contratación con publicación posterior de documentos, un mecanismo para eludir controles. Incluso se publicó el pliego de bases y condiciones meses después de la adjudicación, violando la Ley 7021 de Contrataciones Públicas.
Las repetidas extensiones también podrían contravenir dicha ley, que solo permite modificaciones de hasta un 20% del plazo o monto, y únicamente por causas imprevistas que no beneficien al proveedor. La empresa debía entregar el carburante hace un año, entre octubre y noviembre del año pasado, pero sigue sin cumplir. Petropar sigue extendiendo el contrato sin fijar plazos de entrega.
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