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Una conductora se precipitó en su automóvil en un pozo perteneciente a un proyecto de desagüe pluvial en el barrio San Pablo de Asunción, durante la madrugada del lunes. El coche quedó con la parte delantera incrustada en el fondo y la trasera en el aire.

El incidente ocurrió sobre la calle Ururatú, entre Incienso y Guatambú. La conductora sufrió lesiones menores; el auto quedó con la parte delantera sumergida y la trasera levantada.

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Una vecina mencionó que alrededor de la 01:13 escuchó un estruendo desde la calle y salió, pensando que era su auto, solo para descubrir que otro vehículo había caído en el pozo.

Señaló la deficiente señalización en el lugar y la oscuridad predominante. Aunque los bomberos mejoraron la visibilidad, la conductora no logró ver las señales.

La obra del desagüe, iniciada en marzo, lleva dos meses paralizada, lo que genera preocupación entre los vecinos por tener que dejar sus autos en la calle. Aunque es el primer auto en caer, ya hubo animales que lo hicieron debido a las lluvias y el raudal.

César Olivera, vecino, señaló el peligro que supone el pozo, agravado por robos y el aumento del riesgo cuando llueve, lo que les obliga a salir antes para evitar accidentes.

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El Instituto de Previsión Social (IPS), dirigido por Jorge Magno Brítez, está afrontando un 2025 con fuertes críticas a sus procedimientos de adquisiciones. En el periodo de enero a noviembre, de los 149 llamados realizados por el IPS, 72 han sido cuestionados durante consultas y protestas, lo que representa el 76.76% del presupuesto total de 2,971 millones de guaraníes (más de 419 millones de dólares).

Los datos oficiales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revelan que gran parte de los contratos han sido sospechosos de dirigir las licitaciones o de limitar la competencia, afectando la confianza en la gestión del IPS con un impacto notable en el presupuesto destinado a bienes y servicios.

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Entre enero y noviembre, las licitaciones del IPS ascendieron a 3.870.812.061.600 guaraníes (545.93 millones de dólares), pero casi dos tercios de ellas fueron observadas. De manera específica, 72 licitaciones fueron severamente criticadas, debido a sospechas de direccionamiento y posible violación de la Ley de Contrataciones Públicas.

El monto cuestionado asciende a 2.971.287.850.739 guaraníes (más de 419 millones de dólares), mientras que las protestas representan 2.619.672.317.998 guaraníes (casi 370 millones de dólares), abarcando el 67.68% del monto total convocado.

Todas estas cifras contrastan con los llamados adjudicados, que suman 1.102.305.986.426 guaraníes (155.46 millones de dólares), apenas el 28.48% del presupuesto total, incluyendo nueve llamados protestados y finalmente adjudicados. Según la DNCP, 97 convocatorias recibieron consultas y 41 protestas directas, con 24 de ellas suspendidas.

Recientemente, la Asociación Paraguaya de Enfermería criticó la adjudicación del servicio de triaje por un alto costo, alegando que era considerablemente más caro que el precio cobrado por enfermeros. Otros contratos polémicos incluyen provisiones de alimentos suspendidas y un contrato rápido para un software de gestión por 122.767 millones de guaraníes (17.3 millones de dólares).

Finalmente, después de rechazar una protesta, el IPS avanzó con un llamado para servicios de lavandería y textiles por 160.000 millones de guaraníes (23 millones de dólares). Se intentó contactar al presidente del IPS, Jorge Brítez, pero no se obtuvo respuesta.

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