Nacionales
Fiscalía imputa a diputados y «nepobabies», pero salva a hija de Alliana
El Ministerio Público realizó este lunes imputación contra diputados y sus respectivos hijos por presunto cobro indebido de horarios. Esto en el marco del caso conocido como “nepobabies”.
El Ministerio Público imputó a la diputada Roya Torres y a su hijo Elías Torres, así también al diputado Cleto Giménez y a sus hijas Danna y Johanna Giménez, por cobro indebido de honorarios en el marco de la investigación de “nepobabies”.
Sin embargo, la misma institución desestimó la denuncia contra Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.
Esto por no cumplir con los presupuestos de los tipos legales expuestos en el Código Penal, según argumentaron.
Actualmente, el Ministerio Público se encuentra investigando a un total de 20 personas en el marco de una denuncia realizada contra legisladores por la contratación sin concurso de sus parientes como funcionarios en el Congreso Nacional.
La Fiscalía remitió oficio a ambas Cámaras pidiendo informes sobre las contrataciones.
Varios legisladores tienen a sus parientes trabajando en el Congreso, entre ellos la diputada Roya Torres, el diputado Cleto Giménez, el senador Édgar López, el diputado Benjamín Cantero; incluso el vicepresidente de la república Pedro Alliana, con su hija fungiendo como asesora en la Cámara de Diputados. El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, también tenía a su hijo como funcionario en la Cámara Baja, pero este finalmente renunció.
Fuente: El Nacional
Nacionales
Conductor y supuesto ladrón enfrentan juicio por la muerte de pasajera al caer de un autobús
Un conductor de transporte público y un supuesto asaltante enfrentarán un juicio oral, según dispuso la jueza penal de San Lorenzo, María Elena Cañete. La Fiscalía considera que ambos son responsables de la muerte de Cinthia Verónica Riquelme Rodas, funcionaria de Catastro, el 20 de enero de 2025, al caer de un autobús.
La jueza, mediante el Auto Interlocutorio N° 951, llevó a juicio a Jorge David Ortiz Medina por homicidio culposo y a Arnaldo Ariel Giménez Salcedo por robo con muerte o lesión grave, vinculados al fallecimiento de Riquelme, quien era pasajera en el autobús conducido por Ortiz.
Durante la audiencia preliminar, la jueza aceptó la acusación presentada por la fiscala Dora Nohl contra Ortiz y Giménez. También aprobó la querella adhesiva de la abogada María Graciela Irigoitia, representante del esposo y los hijos de la víctima.
Se desestimó el sobreseimiento del conductor del autobús y se mantuvieron las medidas personales para los acusados. El incidente ocurrió a mediodía sobre la ruta PY02 en San Lorenzo, donde murió Cinthia Riquelme, funcionaria de la Dirección de Catastro.
Según la acusación del Ministerio Público, el 20 de enero de 2025, Jorge David Ortiz conducía un autobús para la empresa Caraguatay SA en la Línea 118. Cinthia Riquelme, pasajera, estaba usando su celular cuando el vehículo se detuvo en un semáforo. Arnaldo Giménez, disfrazado de vendedor ambulante, robó el celular y huyó del autobús. Riquelme intentó seguirlo, pero cayó al pavimento, lesionándose gravemente. A las 21:25 de ese día, falleció en el hospital de IPS Ingavi.
La acusación contra Giménez se basa en pruebas obtenidas por la Policía del Departamento de Investigación de Homicidios, que incluyen testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad.
Funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) y agentes del SIU de la Policía Nacional interceptaron en el puerto de Villeta aproximadamente 20 toneladas de cocaína ocultas en un envío de poroto, arroz y maíz, cuyo destino era Países Bajos.
El jueves, personal de la Dnit identificó irregularidades en un contenedor en Villeta. Tras inspeccionarlo, descubrieron alrededor de 24 toneladas de cocaína escondidas entre los granos.
Todavía no se ha determinado el propietario de la carga, y se informó que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) no participó en el operativo.
El hallazgo lo hicieron agentes de la Dirección General de Vigilancia Aduanera, parte de la DNIT, utilizando un análisis de riesgos junto con control no intrusivo y perros entrenados.
La carga, compuesta por sacos de poroto, arroz y maíz, iba destinada a Países Bajos. Dentro de los sacos, se encontraron paquetes de cocaína.
El procedimiento también incluyó a efectivos de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (SIU) de la Policía Nacional.
Óscar Orué, jefe de la DNIT, señaló que aún no conocen el volumen exacto de la cocaína, aunque el peso total de la carga es de 24 toneladas. Destacó que detectar el envío antes de la importación demuestra que el sistema está funcionando.
El responsable de la carga está registrado como exportador, confirmó Orué, sin revelar su nombre, aunque indicó que es paraguayo. La carga pasó por un escáner aduanero que detectó posibles signos de contaminación.
El lugar ha sido asegurado, y efectivos de la Policía y del Ministerio Público están trabajando allí. La fiscal encargada del caso es Ingrid Cubilla.
Nacionales
San Juan Bautista: acusan a una profesora de presunta agresión física a un alumno
En SAN JUAN BAUTISTA, Misiones, una madre reclamó públicamente que la directora del Colegio Nacional General Alcibíades Ibáñez Rojas, donde estudia su hijo de 16 años, lo agredió físicamente al intentar quitarle el celular durante clase. La madre está de acuerdo con la confiscación del teléfono, pero insiste en que debe realizarse sin violencia. La directora negó haberlo agredido, pero confirmó que retiró el celular ya que está prohibido usarlo en clase.
Según la madre, la directora Gladys Fernández intentó quitarle el teléfono a su hijo, quien se resistió, y afirmó que en el forcejeo la directora supuestamente lo mordió en la mano. La mujer pidió explicaciones y justicia, insistiéndo en que el celular debió ser retirado de manera pacífica.
Gladys Fernández desmintió la agresión, aunque admitió que retiró el celular conforme a una regla del Ministerio de Educación que prohíbe su uso en clase sin autorización docente. Explicó que el alumno no atendía a las clases y se resistió a entregar el teléfono. Fernández aseguró que no hubo mordida, ya que no había pruebas visibles de ello. Indicó que el celular se devolverá al estudiante solo en presencia de un adulto responsable, siguiendo las normas internas del colegio.
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