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Fiscalía imputa a Armando Rotela y a ocho reclusos por motín durante operativo Veneratio

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Fiscalía imputa a Armando Rotela y a ocho reclusos por motín durante operativo Veneratio
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El líder del clan Rotela, Armando Javier Rotela, y otros ocho reclusos fueron imputados en el marco del operativo Veneratio, realizado hace siete días en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y que dejó como resultado 12 fallecidos y más de 80 heridos.

El Ministerio Público formuló imputación contra nueve reclusos, entre ellos el líder del clan Rotela, Armando Javier Rotela, por la presunta comisión de hechos punibles de motín de internos, transgresión a la Ley de Armas y asociación criminal.

Los demás imputados son Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Óscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero.

Todos ellos fueron procesados en calidad de coautores, de acuerdo con la Fiscalía.

Las imputaciones fueron formuladas por los fiscales Fátima Girala, Miguel Quintana y Marcial Machado con base en la “existencia de indicios de sospecha suficientes” sobre los hechos punibles mencionados.

Antecedentes de la causa

La apertura de la causa se dio tras la operación Veneratio, que se ejecutó el pasado 18 de diciembre y por la cual se logró recuperar el control de Tacumbú.

En la causa se mencionan como antecedentes que media hora antes del ingreso de los policías, a las 04:30, se escucharon explosiones y gritos provenientes del interior del penal.

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Armando Javier Rotela, sindicado como el líder del clan Rotela y de la organización criminal autodenominada La Jungla, había ordenado a sus principales colaboradores (los otros ocho imputados) a atrincherarse en uno de los portones de acceso para impedir el ingreso de las fuerzas públicas al penal, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público.

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Desde allí se arrojaron explosivos y todo tipo de objetos contundentes contra los policías, lo que obligó a usar el camión blindado para avanzar hasta el interior del penal.

Sostienen, además, que por órdenes de Rotela, los internos subieron a los techos de los distintos pabellones para lanzar objetos contundentes y cortopunzantes.

Durante el operativo se generó un violento enfrentamiento entre policías y reclusos que duró alrededor de tres horas, dejando como resultado la muerte de 11 reclusos y de un agente del Grupo Lince, identificado como Martín Mendoza.

Además, alrededor de 41 policías y 40 reclusos resultaron con heridas leves y graves, de acuerdo con los datos.

Con el operativo, se logró el traslado de 708 reclusos a otras penitenciarías del país.

Se incautaron de armas de fuego como fusiles 7.62, escopetas, pistolas, puñales, clavos miguelitos, explosivos en gel y de fabricación casera tipo molotov, lanzas, entre otros objetos.

Dos días después, las autoridades encontraron un túnel con drogas, armas caseras, dinero, bebidas alcohólicas, entre otros elementos, que pertenecerían a Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela.

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Fuente: Última Hora

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Solicitan encarcelamiento para dos presuntos motochorros lesionados durante una persecución

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Solicitan encarcelamiento para dos presuntos motochorros lesionados durante una persecución
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09 de noviembre de 2025 – 01:00

Dos presuntos motochorros fueron arrestados el viernes por la tarde por la Policía Nacional tras una persecución y un tiroteo en Asunción y ayer fueron acusados por el Ministerio Público, que también solicitó prisión preventiva.

Los sospechosos detenidos son Antonio Damián Alén Villanueva, alias Raki, de 21 años, y Giovani Elías Paredes Villalba, alias Gío, de 19 años, residentes en el barrio Santa Ana del Bañado Sur de Asunción.

Raki tiene una prohibición de salir del país por un caso de tenencia de armas de 2023, y además, cumplió una condena simbólica de 2 años y 7 meses por el homicidio de su vecino José Rodrigo Franco Aponte, de 31 años, ocurrido el 29 de enero de 2020 en 37ª Proyectada y Tacuary.

Gío también tiene restricciones por un caso de violencia familiar y ya fue condenado por robo.

Giovani Elías Paredes Villalba, alias Gío, en la patrullera de la comisaría 7ª de Asunción.

Ayer, ambos fueron acusados de robo agravado y violación de la ley de armas en un proceso dirigido por el fiscal de Asunción, Julio Ortiz, quien pidió al Juzgado que ordene su encarcelamiento, una decisión que se debe tomar hoy.

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Antonio Damián Alén Villanueva, alias Raki, y Giovani Elías Paredes Villalba, alias Gío, fueron capturados el viernes a las 18:50 por agentes de la comisaría 7ª de Asunción en Félix Bogado y 21ª Proyectada, tras una larga persecución iniciada en la zona de Eusebio Ayala y General Santos, después de que presuntamente cometieran varios asaltos armados con un revólver.

La motocicleta de los supuestos motochorros quedó debajo de un vehículo tras la persecución policial.
La motocicleta de los presuntos motochorros quedó debajo de un vehículo tras la persecución policial.

Cuando fueron detectados y perseguidos por la Policía, los individuos dispararon contra los uniformados, quienes respondieron e hirieron en la pierna a ambos.

Aunque lanzaron su arma y uno de los celulares supuestamente robados, el fiscal Ortiz mencionó que los dos jóvenes tenían al menos otros tres teléfonos que aparentemente no les pertenecían, lo cual, junto con el informe policial, sirvió de base para la acusación.


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Empresas estatales: Borda critica las pérdidas y el descontrol del CNEP

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Empresas estatales: Borda critica las pérdidas y el descontrol del CNEP
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Más de dos años después del inicio del gobierno de Santiago Peña, la situación de las empresas públicas empeora, acumulando pérdidas significativas, como ocurre con Copaco, Petropar, INC y Fepasa, según las auditorías más recientes del año 2024.

El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que las críticas y el descontento de la ciudadanía están justificados debido a los deficientes servicios de las empresas estatales y la falta de transparencia y evaluación de resultados, así como la carencia de planificación futura.

Borda sugirió que es el momento para que las empresas públicas firmen contratos de gestión con el Consejo Nacional de Empresas Públicas y divulguen sus resultados. Se destacó que las auditorías externas de 2024 muestran pérdidas millonarias, y se cuestionó quién decidió llevar a cabo estas auditorías.

Durante el gobierno de Fernando Lugo se creó el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), que fue aprobado en el Congreso y se implementó con la Ley 5058 en 2013. Borda cuestionó si este consejo sigue activo y confirmó que debe ejercer funciones de asesoramiento y apoyo en la gestión de las entidades públicas.

El consejo incluye al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Sin embargo, Borda indicó que se han ignorado estos temas durante varios gobiernos, ya que no se reúnen ni ejercen sus funciones conforme a la ley.

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El caso de Petropar es significativo debido a un proceso de compra urgente prorrogado nueve veces, sin explicaciones públicas. La empresa, sin ser privada, extendió un contrato con una firma catarí por 61 millones de dólares hasta febrero de 2026.

Preocupa además que la tendencia a la baja de los precios de los combustibles y la depreciación del dólar no se reflejen en una baja de precios internos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aún no ha dado conclusiones, y el Congreso no ha llamado al presidente de Petropar, Eddie Jara, pese a un aumento significativo en su patrimonio.

Otras empresas como Essap, Copaco, INC, Fepasa y Capasa carecen de planes y no rinden cuentas. Borda cuestionó dónde está el CNEP y sus recomendaciones legales.

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Sobre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Borda mencionó una propuesta de ajuste tarifario para sectores electrointensivos e industriales en 2026. Itaipú no ha cumplido con transferir 300 millones de dólares anualmente, y se reporta una pérdida energética del 21,9% en 2024.

Un experto retirado de la ANDE destacó la necesidad urgente de mejorar la rentabilidad y gestión para cubrir costos e inversiones, con una rentabilidad negativa consistente en los últimos años.

Borda subrayó que la falta de planificación a mediano y largo plazo provoca reacciones en la ciudadanía y enfatizó que el CNEP debe actuar ante las crisis de las empresas estatales. Señaló que los criterios políticos siguen prevaleciendo sobre los técnicos, resultando en servicios públicos inadecuados.

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Advertencia agrava el caso de juez de Paz acusado de presunto prevaricato

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Advertencia agrava el caso de juez de Paz acusado de presunto prevaricato
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El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00, el Tribunal a cargo del juicio contra el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez, por presunto prevaricato, consideró la opción de modificar la calificación legal de la Fiscalía. Goiburú también enfrentará acusaciones por supuesta extorsión.

El Tribunal Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez y compuesto por Yolanda Morel y Karina Cáceres, informó a Goiburú y otros dos acusados que podrían enfrentar nuevos cargos según el artículo 400 del Código Procesal Penal, que permite cambiar la calificación legal propuesta. Así, Goiburú, acusado de prevaricato, también deberá responder por extorsión.

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Los coacusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez enfrentan cargos por extorsión y prevaricato. La Fiscalía, representada por Natalia Cacavelos, afirma que Goiburú incurrió en prevaricato al tramitar una acción civil sin justificación legal adecuada.

Rodolfo Vega, testigo en el juicio, relató que compró al contado un camión que le fue arrebatado tras una demanda falsa presentada por Julio Martínez Isasi en 2021. Vega solicitó ayuda al abogado Ernesto Garcete, quien le pidió dinero para «combustible» por indicación del juez. A pesar de pagar, Vega aún no ha recuperado el camión.

Goiburú sigue en funciones mientras el juicio continúa.

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