La Fiscalía inició una investigación penal tras denuncias sobre el trato recibido por los jóvenes arrestados durante la «Marcha de la Generación Z». La fiscal Sonia Sanguines, de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, señaló que los manifestantes fueron llevados al hospital del barrio Obrero, pero que no recibieron las revisiones médicas requeridas por la ley, y mencionó que había denuncias por lesiones corporales en el ejercicio de funciones públicas, ya que se verificaron varias heridas.
Una de las investigaciones se centra en las denuncias de que los jóvenes retenidos no fueron examinados médicamente a pesar de ser llevados al hospital. La fiscala Sanguines confirmó que ya se están realizando diligencias para determinar posibles excesos policiales y el incumplimiento de procedimientos básicos.
Los jóvenes afirmaron haber recibido solo un documento al llegar al hospital, sin una revisión profesional. Sanguines subrayó que la Policía Nacional debe realizar inspecciones médicas tras las detenciones. El Ministerio Público, acompañado de médicos forenses, inspeccionó el lugar donde se encontraban los detenidos, y algunos mostraban signos de posibles agresiones.
La denuncia inicial fue presentada por la comisionada Sonia Von Lepel del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), lo que llevó a ampliar la investigación. La fiscal indicó que deben investigar si hubo un uso excesivo de la fuerza pública, destacando el tipo penal de lesión corporal en funciones públicas.
Sanguines explicó que este caso podría encajar en otros tipos penales, no necesariamente como tortura, con penas de tres a cinco años. Para avanzar, es crucial obtener grabaciones, declaraciones y reportes médicos. La fiscal subrayó que es un proceso extenso y que las pesquisas ya están en marcha, aclarando que su unidad se enfoca en estos eventos mientras otros fiscales investigan las acciones de los jóvenes y los agentes durante la marcha.
