Nacionales
Fiscalía acusa a Erico Galeano por lavado y asociación criminal
Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak presentaron este viernes la acusación en contra del senador Erico Galeano por lavado de dinero y asociación criminal. Además, solicitó al Juzgado que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Aunque el senador cartista Erico Galeano intentó deslindar responsabilidad en el esquema de narcotráfico, la acusación ratifica su vinculación con la estructura criminal de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset, además de otras personas identificadas en el operativo A Ultranza Py.
En ese sentido, Corbeta sostiene que Galeano no solamente colaboró con la provisión de logística a través de su aeronave, sino que también participó en la transacción de compra venta de su inmueble de Aqua Village, facilitando a uno de los líderes del esquema la posibilidad de convertir dinero proveniente del narcotráfico en un bien inmueble.
El senador cartista fue imputado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal en mayo del año pasado, en el marco del operativo A Ultranza.
El ex presidente del club Capiatá devenido en dirigente de Honor Colorado quedó en el circuito de la investigación que lo vincula con el clan Insfrán.
Según la Fiscalía, el senador habría estado al servicio de la organización, que está dedicada al tráfico de clorhidrato de cocaína, sustancia enviada a Europa entre el 2020 y 2021.
Escándalo político
A Erico Galeano le habían retirado los fueros el año pasado cuando todavía se desempeñaba como diputado y la misma medida se tomó en julio una vez que asumió en la Cámara de Senadores.
Sin embargo, a principios de abril repentinamente el Senado le restituyó los fueros, coincidentemente cerca del plazo para que la Fiscalía presente la acusación.
Tras un escándalo en el Congreso y posición de juristas, incluyendo la posición del Ministerio Público que advertía sobre una decisión inconstitucional, los cartistas fueron obligados a recular y anularon su resolución, dejando vigente el desafuero de los senadores Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.
Fuente: Última Hora
La bancada de Cruzada Nacional solicitó un informe al Poder Ejecutivo, dirigido al Ministerio del Interior, para aclarar los motivos, alcances y regulaciones del uso del polígrafo en la Policía Nacional. El proyecto de resolución, presentado por los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Walter Kobilansky, será tratado en la sesión de mañana de la Cámara de Senadores, programada para las 9:00.
El documento solicita al Ejecutivo detalles sobre los actos administrativos que autorizan el uso de esta herramienta en evaluaciones y ascensos del personal policial. Los legisladores desean conocer la norma que regula su aplicación, incluyendo fecha y texto completo, y qué disposiciones internas (manuales, protocolos) existen.
También se consulta si el polígrafo se usa solo en ascensos o también en investigaciones internas, selección o control disciplinario. Además, buscan saber qué porcentaje del puntaje final en los ascensos depende del polígrafo, incluyendo la fórmula de cálculo.
El pedido también pretende esclarecer los aspectos operativos y financieros del sistema. Por ello, los senadores solicitan identificar a las empresas proveedoras de equipos, detallando la cantidad y características de los aparatos disponibles.
Además, requieren información sobre los operadores, especificando si son parte del cuerpo policial o contratados externamente. Se pide también confirmar si los funcionarios sometidos dan su consentimiento y qué mecanismos existen para proteger su confidencialidad y datos personales.
Respecto al presupuesto, se solicita al Ministerio del Interior un desglose del monto invertido en compra, mantenimiento, software y capacitación desde la implementación del polígrafo hasta la fecha, detallado por año.
El objetivo del proyecto es garantizar la transparencia en los procesos internos de la Policía Nacional y asegurar que el uso del polígrafo sea conforme a criterios legales, éticos y técnicos. Este tema será discutido en el Senado en el orden del día, donde se espera la opinión del oficialismo y la respuesta del Ministerio del Interior.
El 3 de noviembre de 2025 a las 22:58, un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado y aún no ha sido identificado. El Ministerio Público dispuso su traslado a la Morgue Judicial de Asunción para realizar los estudios pertinentes.
El lunes por la tarde, un cadáver fue hallado en el arroyo Ñeembucú, detrás del Club Deportivo Pilarense, en el barrio General Díaz de Pilar. El descubrimiento fue comunicado a la Comisaría Segunda del barrio Obrero alrededor de las 17:00. Según el reporte policial, se trata de un hombre cuya identidad sigue desconocida.
El cadáver estaba en posición de decúbito prono, parcialmente sumergido a unos 40 metros de la rampa. Llevaba puesto un pantalón jeans azul y una camiseta clara con la inscripción “MOTORCYCLE – RACER PARTS – MANUFACTURE”.
En el lugar, intervinieron agentes de la Prefectura Naval, Criminalística e Investigación de Hechos Punibles, junto al fiscal Federico Solano López y la médica forense Sandra Delvalle. La doctora diagnosticó que el cuerpo presentaba un estado de putrefacción y signos de antropofagia, lo cual dificultó su identificación. No se encontraron documentos personales.
El fiscal ordenó trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial de Asunción para realizarle una autopsia y otros procedimientos necesarios. La zona del hallazgo quedó bajo custodia policial hasta la llegada del vehículo de la morgue.
Nacionales
Controversia en Ypané: La Junta demandará credenciales a periodistas para asistir a sesiones públicas
El 3 de noviembre de 2025 a las 22:30, la Junta Municipal de Ypané aprobó una resolución que introduce nuevos requisitos para que los periodistas puedan cubrir sus sesiones públicas. Esta medida, propuesta por el concejal Denis Chamorro, requiere acreditación formal, una carta del director del medio y patentes comerciales actualizadas. Chamorro aclaró que la normativa busca solo «formalizar» el trabajo periodístico.
La Junta Municipal aprobó la Resolución N° 105/2025 para establecer normativas y requisitos para la autorización y acreditación de medios de prensa interesados en cubrir sus sesiones ordinarias desde el 27 de octubre. Los medios deben presentar una carta firmada por su director, comprobar la identidad y tener la patente comercial o profesional vigente para acceder a la Sala de Sesiones.
El objetivo de la resolución es aportar seriedad y responsabilidad al trabajo de la prensa. Sin embargo, contraviene la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Municipal, que garantizan la libertad de prensa y el acceso público a las sesiones.
El artículo 26 de la Constitución Nacional asegura la libre expresión y la libertad de prensa sin censura, y el artículo 29 declara que el ejercicio periodístico es libre y no requiere autorización previa. Además, la Ley Orgánica Municipal menciona en su artículo 70 que las sesiones plenarias de las Juntas Municipales son públicas, por lo que exigir acreditaciones podría limitar el derecho de informar.
Denis Chamorro defendió la resolución, afirmando que no busca restringir el trabajo periodístico, sino formalizarlo. Reiteró que desean que los medios acrediten a sus representantes, respaldados por su director, y destacó que las sesiones son públicas y se transmiten en vivo, negando así la censura. Sin embargo, reconoció que la medida surgió tras conflictos con medios locales que publican información de manera agresiva y fuera de contexto.
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