Nacionales
Familiares de víctima en el caso Federico Mora critican la revictimización sin avances significativos
Familiares y cercanos de la víctima en el caso que involucra al exviceministro de Educación Superior Federico Mora Peralta, acusado de supuesto abuso sexual infantil, manifestaron su descontento por lo que consideran una «pasividad e indiferencia» del sistema judicial. A través de una carta pública, declararon que la justicia «no escuchó a la víctima» y que el proceso solo ha agravado su dolor.
Titulado “Ella habló, la justicia no la escuchó”, el comunicado fue divulgado por padres de amigos cercanos de la víctima. Expresaron su apoyo a la niña y su familia, subrayando que «el daño sufrido es real y las consecuencias incalculables para una menor que debería vivir su infancia en paz».
«La víctima no fue la única que sufrió», afirman, señalando también a su entorno familiar y amigos, quienes también experimentaron tristeza, y a los padres, que debieron brindar apoyo y afrontar lo inexplicable.
La carta también critica la falta de protección judicial y el trato recibido durante la investigación. «Duele la indiferencia de la justicia, que en vez de proteger, somete a la víctima a la duda y revictimización», expresaron.
Las firmantes aseguran que la situación muestra la debilidad institucional del sistema judicial cuando el acusado es una figura política. «Nos sentimos desamparados por una justicia que parece subordinarse al poder en lugar de proteger a los más indefensos», concluyen con la frase: «Cuando la justicia se vende, las madres rompen el silencio. Porque no hay fuerza más temida por el poder que una madre que ha decidido hablar».
Respecto al caso, el Juzgado Penal de Garantías de Villarrica rechazó un reciente intento de desestimación presentado por la fiscala Gladys Elena Jiménez Ruiz, quien buscaba archivar el caso. El juez Juan Antonio Ruiz Díaz calificó el pedido de «prematuro e infundado», decretando continuar con la investigación.
El juez destacó la falta de certeza sobre el supuesto hecho y la necesidad de agotar todas las investigaciones antes de proceder. Pendientes están testimonios, nuevas evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, y análisis de dispositivos electrónicos y toxicológicos.
La denuncia contra Mora se originó en un evento ocurrido durante la Semana Santa de 2025 en el departamento de Guairá, acusándolo de presunto abuso sexual infantil.
La madre de la víctima ha denunciado en ocasiones previas que su hija fue sometida a múltiples entrevistas a lo largo del proceso, considerándolo una «revictimización institucional». Las diligencias incluían declaraciones reiterativas y evaluaciones psicológicas que reavivaron el trauma del abuso.
Inicialmente, la investigación fue gestionada por el fiscal Alcides Corvalán en Asunción, pero luego pasó a la fiscala Gladys Jiménez en Villarrica, al confirmarse que el incidente ocurrió en Guairá. La defensa de Mora y el Ministerio Público solicitaron cerrar el caso, argumentando que no encajaba en el tipo penal, pero el juez Ruiz Díaz ordenó proseguir con la investigación.
El juzgado también impuso estricta confidencialidad en el expediente para proteger la identidad y datos personales de la víctima, conforme a lo dispuesto por el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Por último, se recuerda la disponibilidad del Fono Ayuda 147, una línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra menores.
El 29 de octubre de 2025, un joven de 20 años, Cristhian de los Santos Rojas Gavilán, conocido como «Sapolo», fue condenado a 18 años de prisión por un homicidio doloso en 2024. El fallo se emitió tras un juicio oral en el Poder Judicial de Ciudad del Este.
El Tribunal de Sentencia, liderado por Adalberto Soto e integrado por Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel, decidió imponer esta pena. Durante el juicio, Luis Trinidad Colmán, del Ministerio Público, presentó pruebas que confirmaron la culpabilidad de Rojas Gavilán y pidió una sentencia de 25 años.
El homicidio ocurrió el 4 de julio de 2024, alrededor de la 01:00, en el barrio San Agustín, cerca del río Acaray en Ciudad del Este. La víctima, Catalino Vera Colmán, estaba en su casa con su pareja y sus dos hijas cuando Rojas Gavilán y dos personas más llegaron al lugar. Después de una discusión, Rojas Gavilán le disparó tres veces a Vera Colmán, dejándolo gravemente herido.
Los agresores huyeron y la víctima fue llevada al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde falleció. Las autoridades identificaron a Rojas Gavilán, arrestándolo el 19 de septiembre de 2024. El fiscal Trinidad Colmán inició el proceso judicial que resultó en la sentencia de 18 años.
En la tarde del miércoles 29 de octubre de 2025, un posible cortocircuito en una torre de iluminación del Club Centenario provocó un incendio en un nido de pájaros durante un partido de fútbol. El personal del club desplegó su protocolo de emergencia, logrando controlar la situación sin que hubiera heridos ni daños significativos.
El Club Centenario comunicó que respondió de inmediato al posible cortocircuito que generó el fuego en el nido cercano a la calle Venezuela. En el incidente, ocurrido durante un encuentro deportivo, el equipo de mantenimiento del club actuó de forma rápida para contener el humo y el siniestro. No hubo heridos ni daños estructurales, aunque parte del nido fue consumida.
Eduardo Livieres, presidente del Club Centenario, describió el incidente como «algo sin gravedad». Afirmó que tan pronto se detectó el humo, se activó el protocolo de incendios del club, y destacó que el personal está preparado para manejar estas situaciones. Livieres señaló que tales incidentes pueden suceder en espacios abiertos donde las aves anidan, pero gracias a la rápida intervención, el incidente fue controlado sin mayores complicaciones.
El sector frutihortícola renovó su compromiso en la lucha contra el contrabando, al que consideran el principal obstáculo para la producción nacional y el sustento de miles de familias en Paraguay.
Mediante un comunicado, los productores de diversas regiones destacaron que el contrabando sigue siendo un grave problema para el país. Este afecta seriamente a la producción, la industria y los servicios, generando competencia desleal, informalidad y evasión fiscal, lo que deteriora la economía nacional.
“Nos sentimos vulnerables”
Los productores señalaron que enfrentan vulnerabilidad ante el contrabando, pero trabajan arduamente para asegurar que no falten sus productos en las mesas de los paraguayos. La actividad también les ayuda a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación.
Aunque enfrentan dificultades debido a la persistente informalidad, a pesar de las mesas de diálogo con las autoridades, los resultados han sido solo temporales, sin una política estatal sólida y duradera.
Apreciaron la postura del actual gobierno, quien ha mostrado un esfuerzo sin precedentes en combatir el contrabando, como se evidencia en el Operativo ‘Jejoko Mbarete’, con la colaboración de varias entidades estatales.
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