Los allegados a Tobías Amarilla, un joven sin antecedentes arrestado por un presunto robo agravado, critican la actuación de la Fiscalía de Capiatá y la Comisaría Octava. Argumentan que hay pruebas que indican que el acusado estaba en otra ciudad al momento del crimen.
La familia de Tobías Amarilla, de 22 años, reportó supuestas irregularidades en el caso que enfrenta, relacionado con un supuesto hurto agravado el 22 de octubre en una empresa de Capiatá. A pesar de que la defensa presentó pruebas que, según ellos, demuestran su inocencia, la fiscal Alicia Fernández solicitó prisión preventiva sin aceptar las pruebas de defensa.
Según la denuncia, el incidente que se le imputa a Amarilla ocurrió en la firma Megalpar en Capiatá, mientras él trabajaba en Ñemby.
La abogada defensora, Linda Monges, señaló que “la única prueba en el expediente es el testimonio de la víctima”, mientras existen videos y conversaciones que indican que el acusado estaba en otro lugar.
“Hemos presentado videos, capturas de pantalla y pruebas que muestran que él estaba en su trabajo al mismo tiempo que se cometió el robo. Sin embargo, la fiscal no quiso recibirnos ni permitir la declaración de mi cliente”, comentó Monges. “Tuvimos que hablar con el juez para evitar que lo enviaran a Tacumbú. El magistrado dio diez días para presentar todas las pruebas”, añadió.
Celeste Amarilla, madre del joven, narró que antes de la detención, su familia sufrió acoso por parte de personas que llegaban en vehículos particulares a su casa y al trabajo de su hijo.
“Llegaban autos sin identificar, tomaban fotos de mi hijo y se iban. Fui a la comisaría a preguntar si había una denuncia, y decían que no sabían. Después me enteré de que ya existía una orden de detención”, contó la madre. “Mi hijo es inocente. Tenemos videos que prueban que estaba en Ñemby cuando ocurrió el robo en Capiatá. Solo pedimos que la fiscal vea las pruebas”, agregó.
Actualmente, Tobías Amarilla sigue detenido en la Comisaría Octava de Capiatá, mientras la defensa pide que se consideren las pruebas y se respete el debido proceso.
Los familiares solicitan que la Fiscalía revise el caso de manera objetiva y garantice el derecho a una defensa justa para el joven, al que describen como “trabajador, responsable y sostén de su hogar”.
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