Nacionales
Expertos destacan la importancia de identificar signos como la autoflagelación para prevenir el suicidio
SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. En el contexto del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, se llevó a cabo un evento en la capital del octavo departamento para abordar formas de prevenir este problema. Estadísticas globales indican que cada 43 segundos alguien decide acabar con su vida. En nuestro país, ya se han registrado 305 casos en 2025. Es urgente una intervención pública y una campaña de prevención.
Cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, establecido por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la OMS.
Se organizó una actividad por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, junto a psicólogos y estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS).
Yanina Agüero, encargada de Codeni, señaló que la meta es crear conciencia para prevenir suicidios, identificando señales y ofreciendo ayuda a quienes enfrentan estas situaciones.
“Estas actividades buscan concienciar sobre la prevención de eventos que afectan a niños, adolescentes y adultos. Contamos con disertaciones de psicólogos y estudiantes de Unamis”, comentó.
Agüero dijo que, en lo que va del año, intervinieron en tres casos de adolescentes con señales de autoflagelación, denunciados por docentes.
Ella explicó que las señales de autoflagelación, como pequeños cortes, deben ser tratadas por psicólogos para evitar suicidios.
En charlas a las familias, se les informó sobre las señales de problemas psicológicos para que el entorno pueda ayudar antes de lamentar decisiones fatales.
Globalmente, unas 740,000 personas se suicidan al año, lo que equivale a una persona cada 43 segundos. En nuestro país, ya ocurrieron 300 casos este año, y la cifra sigue en aumento.
Nacionales
Jubilados critican las declaraciones de Riera y destacan su enfoque en el bienestar general
La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY) expresó su rechazo hacia las declaraciones del Ministro del Interior el 2 de octubre en el Senado, donde se refirió a la lucha social de los jubilados de manera negativa. Según la UNJPY, el gobierno teme a quienes dicen la verdad y busca criminalizar sus esfuerzos.
El gremio, liderado por Pedro Halley, realizó una conferencia de prensa para manifestar su firme desacuerdo con las palabras del ministro Enrique Riera, quien los calificó como agitadores políticos y los incluyó, junto a su logotipo, en una galería que asociaba delincuentes. Halley consideró esta acción como desmedida e incorrecta.
Halley afirmó que la organización representa una postura crítica y dedicada al bien común, no a la política partidaria, y rechazó cualquier intento de intimidación o criminalización de su lucha social. Mencionó también el accionar violento de la policía durante previas manifestaciones, como la de la Generación Z, señalando el habitual despliegue desmedido de fuerzas contra ellos.
Finalmente, Halley cuestionó el miedo del gobierno hacia quienes dicen la verdad, sosteniendo que los jubilados no buscan cargos ni tienen vulnerabilidades, lo que lleva al gobierno, a través de Riera, a tratar de criminalizar su causa social.
Las abogadas Zully Concepción Ortíz García, de 47 años, y Mirtha Elizabeth Metel Ramírez, de 59, vinculadas a la firma «Vanessa y Asociados SA», fueron imputadas por estafa por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Este caso es parte de una investigación más amplia conocida como la «mafia de los pagarés.»
El Ministerio Público ha pedido que este caso sea llevado a juicio penal y público. El caso también involucra a Ángela Mabel Zárate Ortigoza, quien firmó dos pagarés con «Vanessa y Asociados SA» el 8 de octubre de 2013. Las deudas, que ya habían sido canceladas para el 23 de septiembre de 2015, fueron injustamente utilizadas para iniciar un juicio de cobro.
Pese a la cancelación de la deuda, Mirtha Metel y Julio Cesar Paiva dieron los pagarés a la abogada Ortíz para que los hiciera efectivos mediante juicio. Zully Ortíz inició un proceso judicial el 7 de diciembre de 2020 usando estos pagarés. La abogada solicitó un embargo que fue realizado, pero Ángela Zárate presentó pruebas de que la deuda había sido saldada, lo que llevó al levantamiento del embargo.
A pesar de esto, el 5 de agosto de 2022, la abogada Ortíz volvió a iniciar un juicio en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, utilizando los mismos pagarés. Ángela Zárate no contestó la demanda y su salario fue embargado nuevamente el 19 de octubre, descontándole G. 5.227.000.
El Ministerio Público señala que en el primer juicio, el dinero descontado fue devuelto tras demostrarse que la deuda estaba pagada. En el segundo juicio, aunque Zárate recuperó parte del dinero, fue obligada a depositarlo en una escribanía para no aceptar un arreglo impuesto.
El nuevo presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Hugo Samaniego, mencionó que están trabajando para reparar y abrir nuevamente la sede en Asunción. Aclaró que todas las instituciones deberán colaborar, ya que es necesario abordar el problema de raíz. Además, expresó que su intención es visitar las comunidades para conocer sus necesidades antes de que tengan que llegar a la capital para hacer sus reclamos.
Este martes, se realizó una reunión entre líderes indígenas, el nuevo presidente del Indi, Hugo Samaniego, y el viceministro Óscar Pereira. Discutieron temas relacionados con la reapertura de las oficinas del Indi en Asunción y la creación de una mesa de diálogo nacional para tratar los problemas de los pueblos indígenas.
Hugo Samaniego comentó que la reunión fue fructífera y que ya habían estado conversando anteriormente. Señaló que revisarán las condiciones del local del Indi en Asunción para repararlo y hacer que funcione de nuevo con normalidad. Mientras tanto, el Indi usará una oficina en el edificio del Ministerio de Educación.
Destacó que todas las instituciones deben involucrarse, ya que el Indi solo no podrá solucionar todos los problemas. Están realizando un corte administrativo y una auditoría, y buscan establecer una mesa de diálogo para abordar temas como electrificación, suministros, caminos y agua potable.
Finalmente, Samaniego reiteró su propósito de visitar las comunidades para identificar sus problemas antes de que tengan que desplazarse a la capital, y buscar soluciones colaborando con gobernaciones y municipalidades.
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