31 de enero de 2026 – 02:10
El exintendente de San Estanislao, Medhe José Safuan Jara, enfrenta condena de tres años de prisión tras haber autorizado pagos irregulares por proyectos de infraestructura no ejecutados, financiados con recursos del FONACIDE y Royalties durante los años fiscales 2014 y 2015.
La investigación, liderada por la fiscal Elena Fiore Franco, de la Unidad Penal n.° 1 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, reveló que el exintendente dispuso pagos por obras como empedrados y aulas que, en realidad, nunca se llevaron a cabo, a pesar de figurar como finalizadas en los documentos administrativos.
Menoscabo a la confianza comunitaria
En la lectura del fallo, el Tribunal de Sentencia de San Estanislao indicó que las acciones de Jara habían deteriorado gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones, utilizando recursos públicos destinados a mejorar la infraestructura educativa y los servicios sociales de manera inapropiada.
Consecuencias en la educación y alimentación escolar
El Ministerio Público hizo hincapié en que las anomalías afectaron directamente a numerosas escuelas del área. Las aulas que no existían o estaban en condiciones deplorables, sumadas a la mala administración de los recursos, provocaron una interrupción en el suministro del almuerzo escolar, lo que dejó a muchos niños sin alimentación y generó protestas de padres y directores escolares.
Investigación minuciosa y evidencias sólidas
La Fiscalía ejecutó una investigación rigurosa, que incluyó visitas a los lugares afectados, informes de la Contraloría General de la República y otros documentos relevantes. Estos esfuerzos concluyeron en la constatación de que las obras, a pesar de estar pagadas, no tenían presencia física, lo que resultó en un daño patrimonial que asciende a G. 1.285 millones.
Acción fraudulenta continuada
Durante el juicio se comprobó que el exintendente actuó con conocimiento de causa y de forma sistemática, manipulando su cargo para acceder a fondos públicos sin la debida autorización del Ministerio de Educación para los proyectos financiados por el FONACIDE. Se presentaron evidencias de pagos a empresas asociadas a su gestión, sin contar con contratos válidos ni el respaldo técnico correspondiente.
Repercusiones sociales significativas
La Fiscalía subrayó el profundo impacto social de los hechos, ya que cada aula no construida afectó el derecho a la educación de los menores. Además, las obras viales no realizadas comprometieron la calidad de vida y seguridad de la comunidad. Asimismo, la ineficaz gestión de los recursos provocó problemas persistentes en el suministro del almuerzo escolar.
Composición del Tribunal de Sentencia
La audiencia fue conducida por un Tribunal de Sentencia formado por las magistradas Romina Onieva y Mercedes Urunaga, junto con el juez Walter Ramírez.