Nacionales
Ex intendente de Belén va a prisión en Tacumbú por tráfico de drogas
La jueza Lici Sánchez decretó este miércoles la prisión preventiva de Víctor Ramón Sanabria Oporto (ANR), ex intendente de Belén, imputado por la Fiscalía. El político colorado fue detenido y está vinculado a una carga de cocaína de más de 653 kilos que cayó en Uruguay.
El ex jefe comunal de Belén, del departamento de Concepción, deberá cumplir prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú por orden de la jueza de Crimen Organizado, Lici Teresita Sánchez, quien decretó esta disposición en la mañana de este jueves.
El hombre fue detenido el pasado martes durante un operativo policial realizado en una vivienda de Ciudad del Este, Alto Paraná.
El político colorado era buscado por la Policía desde el año 2022, cuando fue decomisada en Uruguay una carga de más de 653 kilos de cocaína que tenía como destino Europa.
Según los investigadores, la empresa transportadora que intervino en la operación de exportación fue la firma LC Las Camelias Group Logística, propiedad del ex jefe comunal, por lo que se lo considera parte de la estructura dedicada al negocio ilícito.
Sanabria Oporto fue imputado por el fiscal Osmar Segovia por los delitos de tráfico internacional de estupefacientes, asociación criminal y comercialización de drogas. Tras su detención se abstuvo de declarar ante el agente del Ministerio Público.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Vence el plazo de la octava adenda con la firma catarí; podrían otorgar otra prórroga
El plazo de la octava extensión otorgada por Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la presidencia de Eddie Jara, a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vence hoy, 31 de octubre. A pesar de que la empresa no ha entregado las 100.000 toneladas métricas de gasoil —valoradas en 61 millones de dólares—, se le habría concedido otra ampliación del plazo. Según fuentes del sector, Petropar habría dado una prórroga de dos meses más, esperando la entrega para diciembre. Sin embargo, la planta de Villa Elisa no brindó explicaciones. Los directivos, incluido Jara, no respondieron a las consultas de los periodistas.
En comunicaciones, informaron que los directivos estaban en la planta de Troche y en una reunión en el Ministerio de Industria y Comercio. Intentos de contactar a Jara y otros gerentes, como William Wilka o Carlos Arce, fueron infructuosos. Tampoco se obtuvo respuesta de Norma Caballero, encargada de responder consultas.
Extraoficialmente, se indicó que el gerente de Comercio Exterior no estaba disponible y se sugirió consultar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para más información. Durante una presentación ante la Comisión Bicameral del Congreso, Eddie Jara manifestó que no se otorgarían más extensiones a la empresa por incumplimiento, pero hasta ahora no se ha ejecutado la garantía de cumplimiento de 3.050.000 dólares.
La octava prórroga extendió el contrato hasta el 31 de octubre. Sorprendentemente, esta extensión fue de dos meses, e indicios apuntan a que se podría haber repetido un plazo similar en una novena adenda. Doha Holding presentó solo una declaración jurada, firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, como garantía de cumplimiento. Se aceptó esta declaración en lugar de una garantía real, a pesar de exigencias regulatorias más estrictas.
El jeque Al-Thani apareció en el contrato y la garantía como representante legal tiempo después de la adjudicación. Documentos revelan conexiones entre Doha Holding y figuras deportivas locales. Un «precio milagroso» de 610 dólares por tonelada se ofreció, un valor que ni siquiera Brasil consigue. Aunque Petropar admitió problemas para cumplir con este precio, consecutivas prórrogas han beneficiado a la firma catarí. La estatal no evaluó la capacidad financiera de la empresa conforme lo exige la ley para estos contratos.
Las irregularidades en la publicación y ejecución del contrato podrían contravenir la Ley N° 7021 de Contrataciones Públicas, que limita cambios contractuales al 20% del monto o plazo.
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, compuesta por 26 senadores y 27 diputados, concluyó el análisis del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026.
Al finalizar la sesión de ayer, el presidente de la comisión, el senador colorado Silvio “Beto” Ovelar, informó que el dictamen incluye un incremento de G. 170.000 millones (US$ 22 millones al cambio presupuestado).
Ovelar indicó que el aumento aprobado respecto al proyecto del Poder Ejecutivo es manejable y se ajusta al límite de déficit fiscal del 1,5% del PIB estipulado para el próximo año.
Se anunció que este incremento se destinó al Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, la Universidad Nacional de Asunción, otras universidades nacionales, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior, y al Ministerio Público para aumentos salariales en forenses.
En cuanto al Poder Judicial, aunque se consideró razonable el aumento salarial solicitado, se priorizó al Instituto Nacional del Cáncer, la Policía Nacional y otros sectores como salud y educación.
El presidente no explicó cómo se cubrirán los gastos adicionales, pues se habían recortado G. 80.000 millones, quedando una diferencia de G. 90.000 millones sin financiamiento seguro.
Gran parte de estos incrementos fueron propuestos por Ovelar, incluyendo G. 35.000 millones para el programa “Letrina Cero” y el Hospital Distrital de Caaguazú.
El dictamen de la comisión sobre el PGN 2026 se presentará a la Cámara de Diputados y Senadores, quienes tomarán la decisión final antes del 20 de diciembre. Con las modificaciones, el presupuesto del próximo año asciende a G. 149,3 billones (US$ 18.950 millones).
El presupuesto propuesto por el Ejecutivo es de G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), un aumento del 12% respecto al 2025. La administración central recibirá G. 74,7 billones, y las entidades descentralizadas, G. 74,5 billones.
El plan se basa en un déficit fiscal del 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), según la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se espera recaudar G. 45,3 billones en impuestos, un 8% más que el año anterior, manteniendo la presión tributaria en 11,5% del PIB.
Además, el Tesoro está autorizado a emitir bonos por US$ 1.303 millones. El proyecto incluye 345.646 cargos permanentes, 11.105 más que en 2025, abarcando personal administrativo, policial, militar, docente y de salud pública.
El 31 de octubre de 2025 a la 01:00, un informe del Banco Mundial señala que los salarios y los ingresos laborales en América Latina y el Caribe han crecido apenas un 0,6% y 0,7% anual entre 2016 y 2024. El estancamiento del PIB per cápita indica que el desarrollo económico no se ha reflejado en un mayor poder adquisitivo.
La baja productividad, informalidad y desigualdad educativa limitan la generación de ingresos altos y estables, incluso para trabajadores con educación superior. En cuanto a ingresos laborales mensuales para quienes tienen un alto nivel educativo, Costa Rica lidera con US$ 2.681, seguido de Chile y Uruguay. Estos países tienen mercados laborales más formalizados y sectores de servicios dinámicos.
Brasil, con un ingreso de US$ 1.997, se encuentra en una posición intermedia. Pese a ser una de las economías más grandes de la región, enfrenta retos como la estructura productiva heterogénea. Colombia y Argentina tienen ingresos más bajos debido a tensiones macroeconómicas y alta inflación.
Paraguay reporta un ingreso mensual de US$ 1.558,3, superando a Guatemala, República Dominicana y Bolivia. Sin embargo, la diferencia con los líderes regionales es notable; los profesionales costarricenses y chilenos ganan significativamente más.
El desempeño de Paraguay muestra un equilibrio entre estabilidad y desafíos estructurales. Aunque mantiene la inflación bajo control y una estabilidad macroeconómica, la poca diversificación productiva y concentración de empleos en Asunción limitan opciones salariales fuera del área metropolitana.
Uruguay y Chile, con más sindicalización y políticas fiscales progresivas, generan empleos mejor remunerados. En contraste, México se encuentra en el rango inferior con US$ 1.180, reflejando brechas internas pese a su integración comercial.
Se observa que países con estabilidad política, formalidad laboral y diversificación productiva logran mayores ingresos para profesionales. Paraguay debería priorizar la relación entre estabilidad macroeconómica y políticas de empleo de alto valor agregado.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.
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