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En medio de advertencias sobre su inconstitucionalidad, la mayoría oficialista y sus aliados, con 24 votos, decidieron ratificar y enviar al Poder Ejecutivo la versión del Senado. Varios sectores de la oposición pidieron al presidente Santiago Peña que vete esta normativa, considerándola un «retroceso histórico» en términos de transparencia y control ciudadano.

Los senadores Rafael Filizzola (PDP) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) expresaron que tanto la versión del Senado como la de Diputados violan el artículo 28 de la Constitución Nacional, el cual establece que “las fuentes públicas de información son libres para todos”.

Filizzola resaltó que «el artículo 28 dice claramente que las fuentes públicas de información son libres» y afirmó que esta ley violaría la Constitución y eliminaría la ley de acceso a la información pública, instando a Peña a vetarla.

Se informó además sobre la resistencia de cartistas al proyecto de protección de datos personales. Filizzola criticó al Gobierno actual por fomentar la impunidad y los conflictos de interés. Mencionó el cierre de la Secretaría Nacional Anticorrupción y la designación de personas con intereses conflictivos en altos cargos.

La senadora Paredes opinó que si los oficialistas defendieran la transparencia, deberían haber rechazado la versión de Diputados cuando regresó al Senado. Elías Kobilansky (Cruzada Nacional) insistió en que quienes trabajan en el sector público deben ser transparentes.

El senador Patrick Kemper (ANR-Honor Colorado) defendió la versión del Senado, argumentando que la responsabilidad recae en el Congreso, no en el presidente Peña.

Esperanza Martínez (Frente Guasu) ironizó al describir el proyecto como una mezcla de «Frankenstein y Drácula», señalando un trasfondo cleptocrático. Ignacio Iramain (Independiente) criticó ambas versiones del proyecto, sugiriendo que es mejor que el presidente lo rechace por inapropiado.

Colym Soroka (ANR, aliado cartista) admitió que el proyecto es defectuoso desde el inicio y dejó una tarea difícil al presidente. Natalicio Chase (ANR-HC) señaló la crítica de la oposición a un proyecto originalmente planteado por partidos tradicionales, sin mencionar que fue modificado por la mayoría cartista.

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Con la ratificación del Senado, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo. La oposición pide al presidente Peña que use el veto, advirtiendo que la norma compromete la transparencia y el derecho al acceso a la información pública.

Filizzola concluyó que no apoyará esta inconstitucionalidad, mientras que el artículo polémico en la versión del Senado sugiere que el acceso a la información pública podrá denegarse si implica un detrimento mayor que el beneficio público.

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El presidente de la Asociación Paraguaya de Poligrafía, Jorge Román, explicó el funcionamiento de los polígrafos y lo que analizan los expertos en estas pruebas en Paraguay. Señaló que el polígrafo no funciona de forma automática ni se limita a un dispositivo, sino que es parte de un proceso más extenso.

«La mayor parte del trabajo se realiza en una entrevista previa, donde se discuten los temas y se preparan las preguntas. Luego, se colocan los sensores en la persona evaluada», explicó.

Estos sensores detectan cambios fisiológicos involuntarios, como la respiración, la presión arterial o la sudoración, que pueden alterarse con ciertas respuestas.

El polígrafo registra reacciones, no emociones ni nerviosismo. Lo que se evalúa son los cambios fisiológicos relacionados con la verdad o el engaño”, aclaró Román.

Sobre la confiabilidad de los resultados, indicó que depende del tipo de examen, ya que cada uno tiene diferentes niveles. En un examen exploratorio, utilizado para contratar personal o controles rutinarios, la fiabilidad es del 90%, mientras que en exámenes específicos se supera el 94%. No obstante, los exámenes tienen un margen de error del 5%.

Respecto al cansancio, recomendó que los evaluados estén descansados para mantener la concentración necesaria durante el proceso. Mencionó que mientras que el nerviosismo está presente, no afecta el resultado, ya que el polígrafo mide cambios fisiológicos inmediatos.

Román destacó que toda prueba poligráfica debe ser voluntaria, con el consentimiento previo del individuo. Explicó que en Paraguay, el polígrafo se usa principalmente en el sector privado para selección de personal, controles de rutina o investigaciones internas. Algunos profesionales en la Policía y las Fuerzas Armadas también utilizan estas pruebas.

Finalmente, aclaró que, a diferencia de países como México o Colombia, en Paraguay el polígrafo no tiene validez legal como prueba judicial, aunque puede utilizarse como apoyo o referencia.

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El 5 de noviembre de 2025, a las 11:36, se oficializó la firma de contratos para la Fase C del desarrollo costero de Pilar y la construcción de la segunda ruta de hormigón del país, localizada en Ñeembucú. Aquí están los detalles.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, concretó esta mañana el contrato para finalizar el sistema de defensa costera, la Fase C, que es la etapa final de un proyecto integral diseñado para proteger a más de 34.000 habitantes de la subida del río Paraguay y eventos climáticos extremos.

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Esta fase completará el sistema de defensa mediante la incorporación de una avenida costanera y un parque lineal. Estas adiciones reforzarán la protección existente, generarán empleo local y proporcionarán nuevos espacios viales, recreativos y paisajísticos, transformando la vida urbana de la ciudad.

«Esto marca un antes y un después para Pilar y Ñeembucú, abriendo un horizonte de progreso y mejor calidad de vida para este departamento y ciudad, que a pesar de los desafíos naturales, ha sabido destacar en Paraguay», expresó Claudia Centurión durante el evento.

Hoy también se firmaron los contratos para la construcción de la segunda ruta de hormigón del país, una obra que beneficiará a unos 40.000 residentes de Ñeembucú. El acto se realizó en Humaitá, con la participación del presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y autoridades locales.

El proyecto incluye la pavimentación de aproximadamente 60 km de la ruta PY04, divididos en los tramos Pilar-Boquerón-Humaitá (33,6 km) y Humaitá-Paso de Patria (25 km). La adjudicación del Lote 1 fue para Constructora Acaray SA, con una inversión de G. 242.296 millones. El Lote 2 fue para el Consorcio Caminos del Sur, compuesto por Benito Roggio e Hijos y Heisecke SA, con un costo de G. 204.140 millones. Las obras abarcarán pavimentación de hormigón con fibras y refuerzos en puentes sobre los arroyos Hondo y Paso Cornelio.

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