Escasa aplicación de la ley en delitos ambientales transfronterizos en América.

Escasa aplicación de la ley en delitos ambientales transfronterizos en América.
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En la triple frontera amazónica entre Brasil, Colombia y Perú se han disparado los crímenes, principalmente ambientales, debido a la extensión del territorio y la falta de control. Gustavo Galvão, fiscal de Tabatinga, destaca el desafío de vigilar 500 kilómetros de frontera compartida por tres países.

Durante el V Foro Internacional sobre Crímenes Ambientales en Colombia, se discutió la necesidad de una legislación más severa contra la deforestación, la minería y la pesca ilegal en la región. Galvão enfatizó que estos delitos están ligados a homicidios, corrupción y narcotráfico, por lo que es crucial reprimir las actividades financieras de los criminales.

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El proyecto Amazonia Protege, liderado por Galvão, utiliza imágenes satelitales para identificar a los responsables de la deforestación en la Amazonia brasileña y tomar medidas civiles contra ellos. Aunque no busca seguir toda la cadena del delito, tiene como objetivo prevenir la deforestación y promover la reforestación de terrenos confiscados.

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La colaboración entre grupos criminales de diferentes países en la región se ha vuelto común, con al menos seis organizaciones operando en la triple frontera. Galvão propone asfixiar económicamente a estos grupos, cortando sus fuentes de financiamiento, como la producción de cocaína en Perú que alimenta la actividad ilegal en Brasil y Colombia.

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La construcción de un centro de cooperación policial en Manaos, acordado el año pasado entre los países de la región, busca fomentar la colaboración internacional para combatir los delitos transfronterizos. Galvão ve en esta iniciativa la posibilidad de compartir información de inteligencia de forma directa entre las autoridades de los tres países.

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En el Foro también se discutió la necesidad de una justicia restaurativa para delitos ambientales, con sanciones más severas. Galvão plantea la importancia de un tratamiento penal riguroso para los crímenes en la triple frontera, respetando los derechos humanos pero con un enfoque más contundente para combatir la criminalidad en la región.


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