La Cámara de Senadores, con algunas modificaciones, dio luz verde tanto en general como en particular al proyecto de ley que regula el transporte terrestre y modifica la Ley N° 1590/2000 sobre el servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Ahora pasa a la Cámara de Diputados para su evaluación.
Durante una sesión confusa, el bloque cartista logró la aprobación de la propuesta con cambios sugeridos por varias comisiones, incluidas las de Legislación, Obras Públicas, Energía, Industria, y Ciencia y Tecnología.
La aceptación general se dio al inicio de la sesión extraordinaria. Se votaron artículos sin objeciones, luego el texto consensuado por la Comisión de Legislación y, finalmente, se discutieron los artículos impugnados. De 122 artículos, 92 fueron objetados; 20 lograron consenso y 72 no.
La senadora Yolanda Paredes criticó la imposición arbitraria de las modificaciones y solicitó debatir todos los puntos conflictivos. También expresó su descontento porque el proyecto final se recibió apenas a las 21:00 del día anterior.
Inicialmente, se intentó evitar tratar los artículos no consensuados bajo el pretexto de un tratamiento codificado. Ante las críticas de la oposición, el senador Natalicio Chase (ANR-cartista) pidió revisar artículo por artículo desde el artículo 23.
Uno de los puntos más debatidos fue el artículo 20, que califica el transporte público metropolitano de pasajeros como un servicio imprescindible. Aunque la senadora Esperanza Martínez insistió en discutirlo, finalmente se aprobó penalizar interrupciones del servicio como infracciones graves y establecer un servicio mínimo en caso de huelga.
El texto aprobado estipula que en horas pico el servicio debe cubrir un 70% y en otras horas, un 60%. Además, el artículo 39 requiere a nuevos operadores incorporar a conductores con al menos dos años en la empresa sustituida, con posibilidad de evaluaciones de idoneidad.
La falta de protección para trabajadores próximos a la jubilación fue otro tema de debate. El senador Chase aclaró que solo 26 de los 3.953 trabajadores se jubilarán en los próximos cinco años, minimizando el impacto.
El plan de reforma, presentado el 24 de julio, tiene un periodo de implementación de cuatro años, con concesiones de 15 a 20 años. Incluye flota, infraestructura, operación y servicios complementarios, dando prioridad a buses de bajas o cero emisiones. Si no hay interés privado, se contempla crear una sociedad estatal para operar.
Se licitarán patios, terminales, y otros servicios, con reorganización operativa en «unidades funcionales». Además, se introducirá la integración tarifaria. El financiamiento vendrá de un fideicomiso administrado por la AFD, sostenido por billetaje electrónico y subsidios. Aunque faltan los recursos iniciales para comprar al menos 1.000 buses, el sistema se prevé sustentable a largo plazo con la tarifa técnica.