Publicidad

Después de que el Ministerio de Justicia decidiera cerrar la cárcel del Buen Pastor, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) pidió que la reubicación de las mujeres se haga respetando los principios humanitarios.

Mediante el «Operativo Umbral 2.0», el Ministerio de Justicia trasladó a más de 664 mujeres desde el Buen Pastor en Asunción al nuevo Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada, descrito como un «complejo moderno, seguro y digno».

Publicidad

El MNP manifestó su interés por esta reubicación masiva y afirmó que están «vigilando constantemente la situación» de las afectadas. Exigen a las autoridades que todo el proceso garantice «plenamente el respeto a los derechos humanos» y la dignidad de las personas privadas de libertad.

Destacan que la reubicación debe seguir los principios de humanidad y no discriminación, proporcionando condiciones adecuadas de alojamiento, atención médica, y acceso continuo a derechos básicos como salud, educación, trabajo y comunicación. También enfatizan el apoyo a mujeres con hijos, mayores, embarazadas, indígenas o con discapacidades para evitar la vulnerabilidad.

Entre otros puntos, el MNP insta a asegurar la devolución de las pertenencias de las reclusas y priorizar el restablecimiento rápido de canales de comunicación y visitas con familiares, amigos y abogados.

Se espera una «información clara y pública» sobre el proceso de reubicación, buscando que el cambio represente un «avance real» hacia una política penitenciaria integral, que promueva dignidad, igualdad y derechos humanos. El MNP continuará monitorizando el cumplimiento de estas garantías y apoyando a las mujeres afectadas.

Publicidad

Publicidad

Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) comparecieron hoy ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso para discutir el presupuesto del próximo año. Se abordaron temas como las máquinas de votación para las elecciones municipales y el financiamiento a los partidos políticos.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 destina G. 894.550 millones a la Justicia Electoral, lo que representa un aumento del 20,6% respecto al año anterior. Jaime Bestard, presidente del TSJE, presentó los programas planificados para 2026 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Publicidad

Bestard indicó que el 99,9% del presupuesto proviene del Tesoro Nacional, y el resto de multas por no votar, aunque aún falta definir cómo se aplicarán estas multas. También se anunció una licitación para alquilar las máquinas de votación, luego de que la compra programada fuese cancelada.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el proyecto asigna G. 65.000 millones, una reducción de G. 10.991 millones en comparación con el actual presupuesto. Sin embargo, debido a la falta de un plan de caja del Ministerio de Economía, solo se han podido transferir 30.000 millones de los presupuestados G. 76.000 millones.

Senadores de oposición, como Líder Amarilla y Esperanza Martínez, criticaron el recorte en el financiamiento a los partidos, advirtiendo que esto podría llevar a que las campañas sean financiadas por fuentes ilícitas. El presidente del TSJE y el ministro César Rossel coincidieron en que el aumento debería ser decidido por la comisión bicameral.

Publicidad

Publicidad

La eliminación de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra el ex presidente de Paraguay suscitó rápidas reacciones en el Senado. Varios legisladores opositores criticaron la acción, advirtiendo sobre sus posibles impactos políticos y sociales en el país.

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista, describió la decisión como anticipada y afirmó que no altera las acusaciones fundamentales. Expresó que el comportamiento servil hacia EE.UU. era evidente y cuestionó las repercusiones para Paraguay. Además, mencionó su preocupación por el nexo entre el crimen organizado y la política, señalando que esto es un problema interno que deben enfrentar limpiando la política a través de las elecciones.

Publicidad

La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana, opinó que el cese de las sanciones refleja una política exterior subordinada del gobierno actual a intereses externos, y sostuvo que la justicia paraguaya permanece inoperante ante los intereses foráneos. Subrayó la necesidad de un proyecto político verdaderamente soberano que termine con la impunidad y fortalezca las instituciones.

Las sanciones previamente impuestas por el Tesoro de EE.UU. estaban relacionadas con acusaciones de corrupción y lavado de dinero. Con esta nueva decisión, el ex presidente puede recuperar acceso a operaciones financieras internacionales, aunque los opositores insisten en que el desafío real es la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Paraguay.

Publicidad