En caso billetaje, el Gobierno admitió incumplimientos de firma ligada a HC – Nacionales

Durante la semana última, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informó sobre el inicio de una nueva investigación de oficio ante cuestionamientos al fallido contrato para montaje e instalación del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Sistema Nacional del Billetaje Electrónico (SNBE), valuado en casi US$ 4 millones.

El contrato, incumplido en varios ítems, fue firmado en 2019 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado legalmente por Angela Marien Ocampos Ortega.

Por ejemplo, las especificaciones técnicas del llamado señalaban que el Viceministerio de Transporte (VMT), dependencia del MOPC que tiene a su cargo operar el SNBE, requería de una “completa solución de control y monitoreo de los servicios, facturación, disponibilidad de puntos de recarga, validadores, control de flota, verificación de cumplimiento de itinerarios y paradas obligatorias, frecuencia de buses, reclamos de usuarios y proveedores de servicios”.

El documento, disponible en el portal de la DNCP (licitación con ID 368.264), también acotaba que a la vez, el sistema debía brindar “información estratégica en tiempo real para la toma de decisiones”.

“La empresa adjudicada deberá entregar un Sistema de Control Transaccional y Monitoreo específicamente desarrollado para monitorear el funcionamiento del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico – SNBE con sus diferentes componentes, con capacidad de disponibilidad 24/7. Inicialmente la solución debe ser alojada en una nube tipo laaS (Infraestructura como servicio) en un proveedor de este tipo de servicios, incluyendo la contratación de este servicio hasta tanto se complete la provisión, instalación, configuración y estabilización de la infraestructura de servidores, almacenamiento y networking. Se deberá absorber en el servicio de laaS todas las funcionalidades que estén funcionando en los servicios proveídos por la consultoría contratada por el BID para el funcionamiento provisional de la plataforma de C&M del SNBE”, dice otra parte del Pliego de Bases y Condiciones del llamado, que formó parte de los anexos del contrato.

Incluso, se tendría que poder acceder a los reportes de compensación entre empresas prestadoras de servicios.

De hecho, los ítems faltantes al CCM del billetaje electrónico, de acuerdo con los documentos de Contrataciones Públicas, son registro de rutas de itinerarios, parámetros de tiempo de desplazamiento, paradas obligatorias y frecuencias, generación de estadísticas, sistema de visualización en tiempo real, carga de archivo para auditoría de niveles de servicio, entre otros, según documentos internos del VMT a los que accedió este diario.

Pero, ¿qué más hay detrás de este polémico y fallido contrato del que poco y nada habló el MOPC y el VMT en estos años?

Se sabía que el consorcio adjudicado, ETC, estaba conformado por la Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan Sociedad Anónima (representada por Rogelio Franco Dávalos) y V SAT SA (José Tomás Insfran Rivarola), según datos del portal de Contrataciones.

Ahora surge un nuevo nombre en la historia y es de una empresa subcontratista de la obra, que forma parte del Grupo Cartes desde octubre de 2021, de acuerdo con lo que el mismo Horacio Cartes, expresidente de la República, publicó en sus redes sociales.

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Se trata de la empresa Bonus SA, del rubro telecomunicaciones y tecnología, que según documentos de la DNCP, no cumplió con las provisiones a la contrista del MOPC y por eso, esta, a su vez, no entregó en tiempo y forma el CCM del billetaje.

De acuerdo con los datos de beneficiarios finales del Ministerio de Hacienda, antes de que la compañía de referencia forme parte del grupo Cartes, tenía como director titular y principal accionista a Maaty Said Rahal Cannan, socio comercial de HC según datos empresariales.

Bonus SA aparece cuando ETC solicita una adenda al Viceministerio de Transporte, en ese entonces a cargo de Pedro Britos, para la entrega de bienes y servicios con retrasos respecto al cronograma acordado. La contratista alegó que el incumplimiento se debía a retrasos de sus proveedoras, entre ellas Bonus SA, debido a la pandemia, a mediados del 2020. Otra vez pasó algo similar en marzo del siguiente año, y ya con el actual viceministro Víctor Sánchez Chamorro, y en vez de aplicar multas por retrasos (que era lo que correspondía, según la propia DNCP), el VMT le siguió beneficiando con adendas modificatorias que ampliaban el plazo contractual.

Precisamente, por adendas irregulares Contrataciones Públicas, cuyo director es Pablo Seitz, termina ordenando la suspensión de esas modificaciones al contrato original. Hoy, la excusa del VMT es que debido a esas suspensiones, no se terminó como se esperaba el Centro del Billetaje Electrónico.

ABC llamó ayer al único número que aparece en la web de la empresa Bonus SA, terminado en 900, para consultar sobre los retrasos en la provisión para el CCM del billetaje, pero no respondieron.

Nuestro diario viene pidiendo al viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, documentos vía Acceso a la Información Pública, que detallan toda la relación entre su contratista y las proveedoras de éstas, que son Bonus SA, Solnet SA, Estilo y Madera SA. Pero el subsecretario de estado ha respondido de manera parcial a algunas solicitudes y otras, ni siquiera llegó a responder.

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Centro de Monitoreo, clave para definir precio del pasaje

La información generada mediante el cobro electrónico por el servicio de transporte público es clave para determinar el valor de la tarifa técnica, que a su vez define el precio del pasaje y el monto del subsidio que el Estado otorga a transportistas. La fórmula tiene como variables la cantidad de pasajeros y de buses, la demanda del servicio y la oferta para atenderlo, entre otros datos que se deberían reunir en tiempo real en el Centro de Control de Monitoreo del Billetaje Electrónico, pero que no se disponen porque el sistema no funciona como debería.

Pese a la sensibilidad de los datos, estos no son de libre acceso al igual que en otros países, y según el Viceministerio de Transporte, se debe a que aún está en proceso de desarrollo un software faltante.

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