El BID Invest llevó a cabo una nueva emisión de bonos en guaraníes el 29 de octubre, como parte de la Serie 1 del Programa de Emisión Global G4, registrado con la Superintendencia de Valores.
Esta operación fue recientemente aprobada por el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) para invertir hasta G. 240.000 millones en bonos del BID Invest, con un plazo de seis años y una tasa del 7,40%. La intermediación estuvo a cargo de Cadiem Casa de Bolsa, según reportó la entidad.
De acuerdo con la institución, los fondos obtenidos se destinarán a cubrir las necesidades de moneda local de los clientes de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) en Paraguay.
Orlando Ferreira, CFO de BID Invest; Pablo Cheng Lu, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción; James Scriven, CEO de BID Invest; Elías Gelay, presidente de CADIEM Casa de Bolsa; Alonso Chaverri Suárez, Representante del BID en Paraguay.
Alonso Chaverri Suárez, representante del BID en Paraguay, expresó que la organización está satisfecha con su séptima emisión y su continuo apoyo al financiamiento de empresas paraguayas. Indicó que las condiciones actuales del mercado evidencian la necesidad de financiamiento en moneda local.
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Por su parte, James Scriven, CEO de BID Invest, señaló que históricamente, tanto en Paraguay como en otros 26 países donde operan, financian proyectos en dólares. Sin embargo, en los últimos cinco o seis años, también están optando por financiar en moneda local.
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“Esto permite que las empresas se financien en la misma moneda en la que obtienen sus ingresos, llevamos varios años emitiendo en la Bolsa de Valores de Paraguay para prestar en moneda local”, explicó.
“Esta es la mayor emisión en guaraníes realizada por BID Invest, lo cual es un gran orgullo para nosotros y para el país. El objetivo de la emisión es financiar proyectos en guaraníes en Paraguay. Parte de la razón para emitir es fomentar que más emisores se aventuren en el mercado,” añadió, refiriéndose al impulso que la institución proporciona al desarrollo del mercado bursátil.
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Por otro lado, Elías Gelay también destacó que esta es la mayor emisión realizada hasta ahora por un organismo multilateral en Paraguay.
El 5 de noviembre de 2025 a la 01:00 se publicaron datos sobre la prima de riesgo, también conocida como riesgo país o soberano, que refleja el costo adicional que un Estado debe ofrecer para vender su deuda en comparación con emisores considerados sin riesgo. En la Eurozona, la referencia es el Bund Alemán, mientras que en América se compara con el bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años. Este riesgo se mide con el Emerging Markets Bond Index (EMBI) de J.P. Morgan, que indica la diferencia de rendimiento en puntos básicos. Por ejemplo, un riesgo país de 1,200 puntos significa que se deben pagar 12 puntos porcentuales más por el endeudamiento.
Este índice es fundamental para los inversores, ya que resume cómo los mercados internacionales perciben el riesgo crediticio de cada país. Si el EMBI es alto, mayor es el riesgo de default o inestabilidad económica. Los cambios en el indicador pueden deberse a factores internos, como la política fiscal y la inflación, o externos, como las tasas de interés en EE.UU. o el apetito global por el riesgo.
En octubre de 2025, el riesgo país de Paraguay fue de 116 puntos básicos, uno de los más bajos en América Latina, quedando detrás de Uruguay (66 puntos) y Chile (92 puntos). La posición de Paraguay es relevante en el contexto latinoamericano, donde hay grandes diferencias en el costo de financiamiento. Uruguay y Chile son ejemplos de solidez institucional y previsibilidad económica, mientras que Paraguay ha sido un mercado confiable para los inversores internacionales en los últimos años.
Un riesgo de 116 puntos implica menores costos de financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado, beneficiándose de la confianza económica que proyecta Paraguay.
El panorama regional del riesgo país muestra una diversidad notable. Uruguay, Chile y Paraguay se encuentran en el extremo más seguro, con índices inferiores a 120 puntos. En el medio están Perú (120 puntos), Guatemala (143), y otros, que mantienen niveles moderados gracias a sus fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos.
Brasil (187 puntos) y México (212), aunque son las economías más grandes, enfrentan mayores riesgos debido a factores políticos internos y presiones fiscales. Colombia (251 puntos), Honduras (300), y El Salvador (348) presentan riesgos medio-altos, afectados por desafíos fiscales y falta de reformas.
En la parte más vulnerable se encuentran Argentina (662 puntos), Ecuador (733), Bolivia (1,210) y Venezuela (12,620), reflejando desequilibrios fiscales, alta inflación y debilidad institucional. Venezuela permanece fuera de los mercados internacionales de deuda por su elevado riesgo.
Paraguay se beneficia por estar entre los países con menor riesgo, pero mantener esta posición requerirá estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y transparencia institucional. Riesgos en el gasto público, aumentos de deuda o inestabilidad política podrían cambiar esta percepción.
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Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.
El 5 de noviembre de 2025, a la 01:51, una familia acusa de negligencia al Hospital Nacional de Itauguá tras quedar un niño de 11 años en estado crítico luego de una cirugía de apendicitis. Alegan que se le operó sin estudios previos y sin informes claros de su condición.
La familia denunció un supuesto caso de negligencia médica en el Hospital Nacional de Itauguá. Un niño de 11 años, tras una operación de apendicitis, está en estado crítico. Según los familiares, fue operado sin estudios previos ni ecografía, y la cirugía se complicó por un posible error.
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El niño fue trasladado desde el Hospital Regional de Caacupé y operado de inmediato en Itauguá. «Lo intervinieron sin ecografía ni estudios. El cirujano lo evaluó y lo llevó al quirófano. Ahora está en terapia intensiva», explicó Arnaldo Andrés Arce, el padre, quien añadió no haber recibido informes claros sobre la situación de su hijo.
El padre contó que antes del traslado el niño estaba bien, pero ahora está intubado y que su esposa fue maltratada cuando intentó verlo. La tía del niño, Rosa Arce, exigió una investigación por negligencia. «Cortaron una vena sin querer, por eso está en terapia intensiva. No dan explicaciones», expresó.
Gabriela Mendoza, la madre, compartió su angustia: “Nos dijeron que sería rápido, pero nadie informaba nada. Luego me dijeron que tuvieron que intervenir otra vez porque hubo una hemorragia. No dieron más detalles”, relató.
El niño sigue en la unidad de terapia intensiva pediátrica, mientras la familia demanda explicaciones y transparencia. Hasta ahora, el Hospital Nacional de Itauguá no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.
Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la dirección de Eddie Jara, finalmente otorgó la novena extensión de contrato a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Esta vez, el plazo se extendió por cuatro meses, permitiendo que la empresa entregue el combustible hasta el 28 de febrero de 2026.
Agustín Encina, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), confirmó a ABC Color esta nueva extensión, a pesar de que la empresa no entregó ninguna de las 100,000 toneladas métricas de gasoil, valoradas en más de US$ 61 millones, tras el vencimiento del octavo plazo, el pasado 31 de octubre.
Así, se evidencia que Jara no fue sincero con el Congreso Nacional y la ciudadanía, ya que en septiembre había asegurado que no se otorgarían más prórrogas a la empresa catarí. No obstante, esta nueva extensión manifiesta lo contrario respecto a su paciencia en este asunto.
Nadie da explicaciones en las oficinas administrativas de Villa Elisa. Los altos directivos de la estatal siguen sin aparecer.
También extendieron el plazo de la garantía
Encina indicó que se están revisando los documentos para su publicación en el portal oficial. “La DNCP recibió los documentos. La adenda Nº 9 firmada entre Petropar y el proveedor establece la extensión del contrato hasta el 28 de febrero de 2026”, comentó.
Además, ambas partes acordaron extender la validez de la garantía de cumplimiento del contrato hasta el 31 de mayo de 2026.
“Petropar justifica esta extensión por tratarse de un contrato abierto, lo que impide determinar con precisión la fecha de entrega. Como no se ha realizado aún, es necesario extender la vigencia contractual para garantizar su ejecución”, explicó. Esta justificación ha sido repetida por la petrolera durante un año.
Se mencionó que Petropar insiste en que el precio sigue siendo “favorable” comparado con el mercado actual, aunque recientemente la empresa admitió que el precio ofrecido era difícil de cumplir.
Eddie Jara y sus directivos permanecen sin dar la cara
Los directivos de la estatal siguen sin dar explicaciones sobre la decisión tomada en este caso. Desde la semana pasada, se ha intentado comunicar con la directora de Comunicaciones de Petropar, Norma Caballero, para conseguir una entrevista con los responsables, pero no ha habido respuesta. Ayer, Caballero no respondió al equipo periodístico del diario.
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El presidente Eddie Jara, el gerente general William Wilka, el gerente de Comercio Exterior Ramón Benítez, el director jurídico Carlos Arce y el director comercial Adalberto Acuña mantienen un silencio sospechoso. Evitan explicar por qué dieron más plazo a una empresa que incumple.
Parece que los lazos de la compañía en las altas esferas buscan impedir la ejecución de la garantía de cumplimiento, equivalente al 5% del valor total del contrato (US$ 3,050,000). Esa garantía nunca fue exigida, a pesar de las ocho extensiones y el total incumplimiento.
La sede local de Doha Holding se estableció en el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados.
Dudosa garantía y posibles violaciones legales
Doha Holding presentó una simple declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani como garantía de cumplimiento, acompañada de un supuesto “aval” del Qatar International Islamic Bank (QIIB). Sin embargo, no hay garantía bancaria ni póliza real.
No se sabe si el jeque árabe visitó el país para firmar esta novena adenda. La sede local de la empresa catarí está en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, quien autorizó la firma de algunas adendas en nombre de la compañía. Actualmente, se desconoce quién aprobó la novena adenda.
En el portal de Contrataciones Públicas, aparecen como representantes de la empresa Alejandro Facundo Domínguez Pérez y Saad Doukali. Al-Thani fue incorporado como representante tras la firma del contrato con Petropar.
Doha Holding no ha entregado el gasoil prometido, aunque Petropar ha seguido extendiendo el contrato. La empresa había ganado la licitación con un precio de US$ 610 por tonelada, un valor que ni Brasil consigue, y posteriormente la estatal admitió que era insostenible.
Además, Petropar no verificó la capacidad financiera de la empresa y gestionó la adjudicación mediante un procedimiento especial de contratación con publicación posterior de documentos, un mecanismo para eludir controles. Incluso se publicó el pliego de bases y condiciones meses después de la adjudicación, violando la Ley 7021 de Contrataciones Públicas.
Las repetidas extensiones también podrían contravenir dicha ley, que solo permite modificaciones de hasta un 20% del plazo o monto, y únicamente por causas imprevistas que no beneficien al proveedor. La empresa debía entregar el carburante hace un año, entre octubre y noviembre del año pasado, pero sigue sin cumplir. Petropar sigue extendiendo el contrato sin fijar plazos de entrega.
