Nacionales
El sector ganadero solicita prudencia y acuerdo al Senacsa sobre el plan de «colgar la jeringa»
El sector ganadero privado expresa que la propuesta de detener la vacunación contra la fiebre aftosa podría poner en peligro la ganadería en Paraguay, recordando la crisis de 2011. Pide prudencia y consenso antes de tomar decisiones de gran impacto.
El debate sobre el futuro sanitario de la ganadería en Paraguay se intensifica. Mientras el Senacsa sugiere avanzar hacia un estatus de país libre de aftosa sin vacunación, los productores muestran preocupación.
José Pappalardo, líder del sector, calificó de «arriesgada» la campaña de Senacsa para detener la vacunación, afirmando que podría generar graves consecuencias. Recordó que durante el brote de 2011, a pesar de la vacunación, el precio del novillo bajó drásticamente, causando pérdidas millonarias. Advirtió que una repetición podría empobrecer a 145,000 pequeños productores y afectar significativamente el PIB y las divisas del país.
Pappalardo considera «innecesario» el cambio de estatus, señalando que países como Uruguay y Argentina mantienen sus mercados principales con el esquema de vacunación, al igual que Paraguay.
El productor menciona desafíos como la creación del Instituto de la Carne, la limitada entrada al mercado chino, la concentración en frigoríficos que distorsionan el mercado, y la consulta pública de Senacsa sobre la vacunación, la cual considera «inapropiada».
Además, indicó que un nuevo brote podría costar más de mil millones de dólares al sector productivo, recayendo el riesgo solo en los productores.
Desde Senacsa, el presidente José Carlos Martin asegura que Paraguay está listo para avanzar hacia la erradicación total de la enfermedad, y destaca que el esquema actual cuesta más de 40 millones de dólares al año. Según Martin, la decisión no solo es sanitaria, sino estratégica, ya que otros países han alcanzado dicho estatus sin necesidad de seguir vacunando.
Después de los recientes ataques guerrilleros en Cali y Antioquia en Colombia, que resultaron en casi 20 muertos, el gobierno de Paraguay expresó su condena a través de las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Mediante una publicación en su cuenta oficial en X, el gobierno paraguayo expresó su rechazo a los ataques guerrilleros en Cali y Antioquia, que dejaron al menos 18 muertos y 60 heridos entre militares y civiles. Declararon que «el Gobierno de Paraguay lamenta y condena estos ataques terroristas en Colombia, que afectan a inocentes, amenazan el Estado de Derecho y erosionan la democracia».
El jueves pasado, grupos de guerrilleros disidentes de las FARC, que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, derribaron un helicóptero y se enfrentaron a la policía usando fusiles y un dron con explosivos, causando la muerte de 12 militares en Antioquia.
Ese mismo día, un camión con explosivos estalló frente a una base aérea en Cali, resultando en seis civiles muertos y más de 60 heridos, según el informe de la Defensoría del Pueblo.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, indicó que el ataque fue una respuesta de los rebeldes a operativos cercanos a cultivos de coca en el Cañón del Micay. La violencia en Colombia se ha intensificado, marcando su peor crisis de seguridad en una década y a un año de las elecciones presidenciales.
Estos ataques se suman al ocurrido el 11 de agosto, donde murió Miguel Uribe, un candidato de la derecha, tras un atentado en Bogotá. Aunque el acuerdo de paz de 2016 trajo tranquilidad, expertos señalan que la falta de presencia del Estado en áreas controladas por las FARC permitió la consolidación de nuevos grupos armados.
Desde su llegada al poder en 2022, el presidente Petro ha intentado negociar con todos los grupos armados, y solo hay avances con el Clan del Golfo en Catar y una pequeña facción del Ejército de Liberación Nacional.
El ataque en Amalfi, Antioquia, fue atribuido a disidencias bajo el mando de alias Calarcá, durante una misión de erradicación de narcocultivos. El ejército nacional desplegó tropas y reforzó la seguridad con artillería y operaciones aéreas.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ordenó la militarización de la ciudad y aumentó la vigilancia en sus accesos, responsabilizando del ataque a guerrilleros dirigidos por alias Iván Mordisco.
Nacionales
Médicos de la «Promo 83» llevan a cabo una maratón de cirugías gratuitas en Coronel Oviedo
Más de 60 pacientes de bajos recursos de zonas rurales del país podrán recibir cirugías gratuitas este fin de semana en el Hospital General de Coronel Oviedo y otros centros de salud, gracias al programa «Retribuyendo al Pueblo», impulsado por la Fundación de Médicos de la Promoción 1983 de la UNA.
Se vive un fin de semana de solidaridad médica en el Hospital General de Coronel Oviedo y otros hospitales, donde cirujanos de diversas especialidades llevan a cabo operaciones sin costo en el marco del programa mencionado. La iniciativa, promovida por la Fundación de Médicos de la Promoción 1983 de la Universidad Nacional de Asunción, busca ofrecer atención médica avanzada a comunidades rurales.
El viernes se realizaron aproximadamente 25 cirugías generales, mayormente de vesículas por videolaparoscopía y urología, tanto en el hospital ovetense como en el Hospital Regional de Policía “Santa Rosa de Lima”. Los pacientes comenzaron a recibir el alta médica después de las operaciones.
Este sábado continúa la actividad con cirugías en niños para problemas de oído, nariz y garganta. «Nuestro objetivo es realizar 62 cirugías en esta primera fase, que concluirá el domingo», indicó el cirujano coloproctólogo Isaías Fretes, del comité organizador.
Los beneficiados provienen de distritos del departamento de Caazapá, como Yegros, Yuty, Moisés Bertoni y 3 de Mayo, seleccionados tras un proceso de evaluación de ocho meses, enfocándose en familias con escasos recursos y urgencias quirúrgicas.
Fretes comentó que estas personas de áreas rurales generalmente no tienen acceso a tales tratamientos debido a los altos costos o la distancia a hospitales de referencia. Además, el programa ofrece aprendizaje a médicos jóvenes al trabajar con especialistas de renombre.
El próximo fin de semana, las actividades seguirán en el Centro de Salud de Yuty con intervenciones de hernias, cirugía plástica y más. Las cirugías son posibles gracias a la colaboración con hospitales del Ministerio de Salud que facilitan espacio y equipos. La Fundación se encarga de la logística médica, mientras que el traslado de pacientes es gestionado por autoridades locales o familias.
El proyecto se centra en la descentralización de los servicios médicos en zonas de alta pobreza como Caazapá. Estos esfuerzos buscan acercar las operaciones a los pacientes, evitando largos viajes. Los hospitales colaboran con espacio y personal de apoyo. «Retribuyendo al Pueblo» ya se ha implementado en otras zonas como Guairá, y se planea expandir a más áreas, siempre con la meta de ofrecer medicina avanzada a poblaciones vulnerables.
Nacionales
Acusan y solicitan detención preventiva para hombre que amenazó con machete a su hermana
Un hombre fue arrestado e imputado por violencia familiar, tras atacar con un machete a su hermana en Comandante Peralta, Quiindy. El incidente se produjo delante de los hijos de la víctima, quien no resultó herida. El fiscal solicitó prisión preventiva.
Amado Falcón, de 45 años, fue acusado por el fiscal Leonardo Cáceres de la Unidad Penal N.º 2 por violencia familiar. El ataque ocurrió en Comandante Peralta, y se confiscó un machete al detenido. Según la denuncia, Falcón agredió a su hermana, Liz Marcelina Ruiz Falcón, de 41 años, frente a sus hijos.
La hermana afirmó que estos episodios son frecuentes y que su hermano se vuelve violento cuando bebe. En esta ocasión, los niños trataron de cerrar un portón para detenerlo. Falcón golpeó el cercado con el machete, poniendo en peligro a su sobrina. La escena fue filmada y se llamó a la policía.
La rápida intervención policial llevó a la detención de Falcón y la incautación del machete. El comisario Rubén Contreras lideró la operación. El fiscal Cáceres solicitó prisión preventiva por el riesgo de fuga, y el Ministerio Público podría ampliar los cargos. La víctima recibirá protección según la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra la Violencia.
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