Nacionales
El Monstruo afirma haber sido acosado y maltratado por la Policía de Perú
El delincuente peruano Erick Luis Moreno Hernández, conocido como El Monstruo, actualmente encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Emboscada, ha presentado múltiples tácticas legales a través de su abogado paraguayo para evitar su extradición, solicitada en tres casos diferentes. Afirma que sufrió maltratos y violaciones a sus derechos por parte de la policía de su país.
Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, famoso criminal internacional, fue detenido el pasado 24 de septiembre por la Policía Nacional en una vivienda alquilada en San Lorenzo. Enfrenta tres solicitudes de extradición desde Perú.
Uno de los casos está en manos de la jueza Clara Ruiz Díaz, relacionado con secuestro y organización criminal. El segundo caso, bajo el juez Raúl Florentín, está vinculado a extorsión. El tercer expediente es manejado por el juez Francisco Acevedo, relativo a un asalto por el cual El Monstruo ya ha sido condenado a 12 años.
Debido a la gravedad de su situación en Perú, El Monstruo busca permanecer en Paraguay. Su abogado, Derlis Ramón Arévalos Sánchez, ha presentado un incidente de nulidad por fallas en el proceso judicial (violación de derechos de defensa e igualdad procesal). Argumenta que a su cliente solo se le permitió contacto ocho días después de su arresto.
El defensor alega que, como extranjero, El Monstruo no conoce sus derechos y que fue maltratado por agentes de la Policía Nacional del Perú tras su captura. Los jueces de extradición deberán resolver los incidentes, aunque el plazo de 60 días para la extradición sigue vigente y parece inevitable.
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El proyecto para construir la costanera y un parque lineal en la fase C de la Defensa Costera de Pilar ha sido concedido por 267.716 millones de guaraníes, un 40% por encima del precio referencial de 191.835 millones de guaraníes. También hubo un aumento de precio en la adjudicación de la ruta Pilar–Humaitá–Paso de Patria.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo el liderazgo de Claudia Centurión, concedió el contrato de la fase C de la Defensa Costera de Pilar, sobrepasando el precio de referencia en casi 76.000 millones de guaraníes, supuesto un incremento cercano al 40%. Este contrato está destinado a la creación de una costanera y un parque lineal en Pilar, capital de Ñeembucú.
La adjudicación se realizó mediante la Resolución N.° 1751 a favor del Consorcio Costero Ñeembucú, conformado por Constructora Heisecke S.A., LT S.A., y Benito Roggio e Hijos SA. El anuncio se hizo con gran publicidad por la ministra Centurión y el vicepresidente Pedro Alliana, en un evento simbólicamente político.
Esta fase es la última del proyecto diseñado para proteger a Pilar de las crecidas del río Paraguay y de los fenómenos climáticos severos. Además de su función de defensa hidráulica, el plan contempla infraestructura vial, recreativa y paisajística para mejorar la conectividad urbana y la calidad de vida.
Según Obras Públicas, la construcción del «Parque Vial y Lineal» busca completar el sistema de defensa costera, combinando protección hídrica, conectividad vial y espacios recreativos.
Durante el evento, la ministra Centurión destacó “la visión del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana, que lideran una inversión histórica en obras estratégicas para el sur del país”.
Por otro lado, la mejora del tramo Pilar–Humaitá–Paso de Patria también fue adjudicada con costos inflados. El Lote 1, de 33,6 km, fue otorgado a Constructora Acaray S.A. por 242.296 millones de guaraníes, y el Lote 2, de 25 km, al Consorcio Caminos del Sur por 204.140 millones de guaraníes, según la Resolución N.° 1750. El costo total de adjudicación ascendió a 446.437 millones de guaraníes, superando el precio de referencia por un 20,7%.
Este proyecto incluye la construcción de rotondas, una circunvalación completa en Humaitá, y la pavimentación del tramo Pilar–Humaitá–Paso de Patria.
Nacionales
Hernán Rivas enfrenta hasta 5 años de prisión por caso de título falso de abogado
El senador Hernán David Rivas Román (ANR – cartista) enfrentará un juicio oral por el uso de documentos públicos con contenido falso, delito que según el Art. 252 del Código Penal podría conllevar una condena de hasta 5 años de prisión. La prescripción del delito relacionado con la presunta falsificación de su título de abogado le ha evitado una posible sentencia de hasta 7 años y 6 meses.
Si se mantiene la decisión del juez penal de Garantías, Miguel Palacios, Hernán Rivas se enfrentará solo por el uso de documentos públicos falsos, exponiéndose a una pena de hasta 5 años. La acusación, presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, considera este el delito más grave, aunque Rivas fue sobreseído definitivamente en cuanto a la producción de documentos públicos falsos, dado que la acción legal prescribió. Esta última acusación tenía una pena de hasta 3 años.
El juez Miguel Palacios concluyó que los fueros parlamentarios no constituyen un obstáculo insuperable para el conteo del plazo de prescripción, señalando que se requiere una negativa explícita del levantamiento de los fueros para que haya un impedimento.
Las fiscalas consideran si apelarán la decisión sobre la prescripción. Aunque se determinó que la acción por falsificación del título prescribió, el juez aclaró que Rivas no es autor directo del delito, ya que el certificado y el título fueron emitidos por la Universidad Sudamericana. La acusación establece que Rivas hizo creer que completó la carrera de Derecho, aunque según la investigación, no la cursó.
Luego de la suspensión de la jueza de paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz, y 18 empleados de dos secretarías, debido al caso conocido como la «mafia de los pagarés», la Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó los resultados de la auditoría que motivó esta acción.
La investigación reveló importantes irregularidades en 1.064 expedientes seleccionados, que representaban violaciones al debido proceso, derechos procesales y al Código de Ética Judicial.
El análisis, realizado en mayo por la Dirección General de Auditoría, llevó a la Corte a remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público para que adopten las medidas necesarias.
El informe del abogado Rodolfo Heyn detalló las irregularidades en los expedientes y las faltas de los funcionarios, según sus roles.
Entre las observaciones, destacan 589 juicios de las firmas Comaco SRL y Cooperativa Virgen del Rosario Luque Ltda., donde Sanny Paniagua Caballero y Aldo Aquino Vera actúan constantemente como testigos desde 2013.
Asimismo, el incendio del 27 de febrero en el juzgado de Luque, curiosamente, no afectó los casos de violencia doméstica. A pesar del daño a equipos y documentos, los documentos de violencia familiar se mantuvieron en buen estado.
La Fiscalía allanó varios juzgados por este caso en febrero, coincidiendo con el incendio. Hay acusaciones en curso contra 67 personas, incluyendo jueces, exjueces, actuarios y abogados relacionados con empresas crediticias.
La jueza Norma Ortiz y otros empleados, como actuarios y oficiales de justicia, han sido suspendidos y están bajo sumario.
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