Locales
El fiscal de Pedro Juan se asignó a sí mismo y a sus colaboradores una camioneta confiscada.
Alegando la necesidad de contar con un móvil, el fiscal firmó una resolución para retirar de la sede de Evidencias un vehículo incautado tras haber sido robado y lo adjudicó a su unidad. Ahora, una empresa que afirma ser la propietaria insiste en que se le devuelva el rodado.
El fiscal de Pedro Juan Caballero Andrés Cantaluppi se autoadjudicó un vehículo que formaba parte de una evidencia, tanto para sí mismo como para los funcionarios de su unidad. El rodado había sido robado en Brasil y abandonado en Paraguay. Ahora, una empresa asentada en el país reclama su devolución, pero aún no obtiene respuesta.
Se trata de una camioneta blanca de la marca Saveiro, tipo Cross, con chapa brasilera FJI6A41, con chasis N° 9BWJL45U0PP084472, que fue denunciada como robada ante la Policía Civil del Estado de San Pablo, Brasil, el 3 de marzo del mismo año, y llegó la información de que estaría en Paraguay.
El comisario Ignacio Muñoz, director de Policía de Amambay, ordenó un “operativo cerrojo” y verificó que efectivamente estaba en el país.
La camioneta fue encontrada el 1 de mayo de 2024, en las inmediaciones del Parque Nacional Cerro Corá, de la ciudad de Pedro Juan, con la llave puesta en la puerta delantera, lado izquierdo.
A partir de esa fecha, quedó a disposición del Ministerio Público.
Un mes después, el 06 de mayo de 2024, el fiscal Andrés Cantaluppi saca una resolución, ante “la necesidad de contar con un móvil de apoyo en la Fiscalía de Pedro Juan Caballero”.
En sus argumentos, el agente expuso que la institución no cuenta con una unidad móvil de apoyo, “por desperfectos mecánicos, por lo que esta representación pública se ve obligada a dar soluciones al inconveniente”.
Afirmó que dio lectura al inventario de bienes incautados que fueron depositados en la sede de guardia y custodia de Evidencias del Ministerio Público.
Reconoció que el vehículo formaba parte de una investigación sobre un “hecho a determinar”.
“El rodado sería de gran utilidad a esta Unidad Penal para cumplir con los trabajos, traslados y notificaciones, siendo viable el uso”, sostuvo.
Solicitan que se les devuelva
El abogado Jonathan Gómez, en representación de la empresa Movida Rent-a-Car SA se presentó el 26 de junio de 2025 ante el fiscal adjunto de Amambay Humberto Rosetti con el fin de acceder a una camioneta, que alegaron es “propiedad de la firma”.
Se trata del mismo vehículo que fue robado en el Brasil, y pidieron que se les devuelva.
Le recordó al adjunto que ya el 15 de abril de 2025 solicitó al fiscal que les entregue, pero no obtuvieron respuesta favorable.
“He presentado todos los documentos traducidos y autenticados en donde estoy autorizado a realizar todas las gestiones judiciales”, dijo el abogado.
Luego de intentar con el fiscal y que este se haya negado a entregar, como el vehículo tiene GPS, los representantes de la empresa siguieron la camioneta y encontraron que la camioneta estaba al mando de una persona que no es de la función pública.
Según fuentes, se trataría del hermano del fiscal Cantaluppi.
La empresa recurrió entonces al juez de Garantías de Pedro Juan Caballero Martín Areco el pasado 13 de agosto de este año, nuevamente para insistir con el pedido de devolución.
Habría otro vehículo autoadjudicado
En ese escrito ante el juez, el abogado Jonathan Gómez, quien también dijo representar a la empresa Unidas SA, solicitó que se les devuelva otra camioneta, esta vez un Volkswagen T Cross, color negro, con chasis N° 9BWBH6BF6P403, que también fue recuperado en mayo de este año.
“Ambos vehículos se encuentran a cargo de la Unidad Penal N° 7, a cargo del agente fiscal Abg. Félix Cantaluppi. Los automotores con procedencia brasileña no guardan relación en ningún hecho punible en el país, ni en el vecino país, por lo que no se justifica que sigan a cargo de la Unidad”, dijo el abogado.
Un ciudadano brasileño falleció luego de la caída de un rayo durante una fuerte lluvia. El caso ocurrió en un establecimiento ganadero ubicado en Amambay.
La Policía Nacional, a través de la Subcomisaría n° 11 de la Colonia Lorito Picada, informó sobre el fallecimiento de un peón brasileño por caída de rayo, cerca de las 21:00, en el interior de la Estancia San Miguel.
El hombre fue identificado como Genivaldo dos Santos Pintos, de 36 años.
Según datos recogidos por los intervinientes, empezó a caer una fuerte lluvia con caída de rayos y de repente, la víctima se desvaneció y cayó muerto.
Sus compañeros informaron a la Policía Nacional, que dio participación al fiscal de turno Emilio Álvarez y al personal de Criminalística, que participaron del levantamiento del cadáver, que luego quedó a disposición del administrador de la mencionada estancia.
Locales
Operativo policial resulta en un arresto con orden de captura y otro detenido por posesión de crack.
Un control preventivo realizado por agentes de la Comisaría Segunda en el barrio San Blas de Pedro Juan Caballero, culminó con la detención de un hombre que tenía una orden de captura pendiente desde 2006 y la aprehensión de otro individuo en cuyo poder se encontraron supuestas drogas peligrosas.
El procedimiento se llevó a cabo a las 11:10 horas de este viernes (7), en la vía pública, a orillas del arroyo Punta Vacapi, ubicado sobre las calles 15 de Agosto y Benjamín Aceval, en el barrio San Blas de Pedro Juan Caballero.
El detenido es Wilson Andrés Quevedo Aguilar, de 39 años. Sobre él pesaba una orden de captura por el delito de hurto, conforme a la Nota Fiscal número 755 de fecha 28/04/2006, firmada por la agente fiscal en lo penal número 3, Sixto Celso Marín.
Durante el mismo control, fue aprehendido Juan Velazquez Cabral, nativo de 19 años. Este cuenta con antecedentes por hurto (2004), hurto agravado (2024) y reducción (2025).
En poder de los verificados se incautaron las siguientes evidencias: porciones de supuesta droga, específicamente moños de cocaína tipo crack; un aparato celular marca Motorola, color azul; y un aparato celular marca Nokia, color negro.
Los agentes de patrulla procedieron a la verificación de ambas personas, quienes serían supuestos adictos, lo que resultó en el hallazgo de las evidencias y la verificación de las órdenes de captura y antecedentes.
El hecho fue comunicado de inmediato al agente fiscal especializado en la Lucha Contra el Narcotráfico, Celso René Morales, y se dio participación al personal del Departamento de Antinarcóticos para el procedimiento de rigor.
Locales
Detienen en Pedro Juan Caballero a brasileño con tres mandatos de arresto y lo deportan.
La Policía Nacional de Paraguay, a través de la Comisaría Primera, concretó en las últimas horas la expulsión del territorio nacional de un ciudadano brasileño que había sido detenido días atrás en Pedro Juan Caballero y que era intensamente buscado en su país por tres hechos punibles diferentes.
El expulsado es Guilherme Avelino, brasileño de 27 años de edad, quien fue entregado a la Policía Federal del Brasil en la tarde del miércoles (5), a las 15:50 horas, en las oficinas del Departamento de Migraciones de Pedro Juan Caballero.
Avelino había sido detenido inicialmente el pasado lunes (3) en la vía pública del barrio María Victoria, cuando agentes de la Comisaría Primera lo observaron merodeando la zona comercial con actitud sospechosa junto a una mujer. Inicialmente, el hombre intentó evadir a las autoridades, identificándose falsamente como Israel Árabe Furtado.
Tras ser trasladado a la sede policial y realizar consultas a través del convenio de intercambio de información con Brasil, se confirmó su identidad real y se constató que poseía tres órdenes de captura pendientes en su país por Transgresión a la Ley número 11.3438 (Tráfico de Drogas), Transgresión a la Ley número 2848 (Robo) y Artículo número 333 (Soborno).
El procedimiento de expulsión se realizó en estricto cumplimiento del Oficio Fiscal número 1030/2025, del 3 de noviembre de 2025, firmado por la agente fiscal de la Unidad Penal número 1 del Departamento Amambay, Reinalda Palacios. Una vez finalizados los trámites migratorios, Guilherme Avelino fue entregado a las autoridades brasileñas para que responda a los procesos judiciales en su contra.
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