El alto costo humano y económico de las deportaciones
La propuesta de deportación masiva de inmigrantes en Estados Unidos, impulsada por el Partido Republicano de Donald Trump, tendría graves consecuencias económicas. Según el Consejo Americano de Inmigración (AIC), se estima que el costo total de deportar a alrededor de 13 millones de personas sin estatus legal permanente sería de 968.000 millones de dólares en un escenario más realista a lo largo de una década.
Este gasto representaría un impacto significativo en las cuentas federales, con un desembolso anual estimado de 88 mil millones de dólares. Esta cantidad supera ampliamente lo invertido en agencias como la NASA o el Instituto Nacional de Salud, e incluso triplica el presupuesto destinado al programa de nutrición infantil. Además, se destaca que esta cifra equivaldría a financiar más de 40 mil nuevas escuelas o casi 3 millones de viviendas para paliar la crisis habitacional.
La deportación masiva implicaría un aumento considerable en la presión sobre el mercado laboral, ya que se necesitarían entre 220.000 y 400.000 nuevos empleados para llevar a cabo las detenciones de manera eficiente. Esto generaría un escenario inflacionario, que podría ser más perjudicial que la pérdida de puestos de trabajo de inmigrantes. También se plantea que ICE se convertiría en la principal agencia encargada de hacer cumplir la ley en el país con la necesidad de 30.000 nuevos agentes para arrestar a un millón de personas al año.
Además de los costos financieros, la operación de deportación masiva tendría implicaciones logísticas importantes. La capacidad institucional para mover a millones de personas en un corto período de tiempo se considera «incalculable» debido a la falta de recursos y capacidad. Se estima que llevar a cabo esta acción en un plazo de 10 años costaría casi un billón de dólares, teniendo en cuenta los gastos en prisiones, detenciones, procesos judiciales y expulsiones de inmigrantes.
En términos de impacto económico, la cifra total de 968.000 millones de dólares a lo largo de una década supondría un desembolso enorme para los contribuyentes estadounidenses. Este monto podría haber sido destinado a múltiples programas y necesidades urgentes, como la construcción de escuelas, viviendas, la educación pública y la investigación biomédica. La magnitud de esta inversión plantea interrogantes sobre la viabilidad y las consecuencias de llevar a cabo una deportación masiva a gran escala en el país.
