Nacionales
Docente es imputada por supuesto abuso sexual a una niña de 4 años en San Lorenzo
El Ministerio Público imputó a una mujer que se desempeñaba como maestra parvularia por el supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. La víctima, según la denuncia, fue una niña de 4 años.
La fiscal Mirtha Rivas imputó por abuso sexual en niños a una mujer que se desempeñaba como profesora parvularia en una institución educativa de San Lorenzo, Departamento Central. Según la denuncia, la mujer abusó de una niña de 4 años.
La madre de la pequeña puso a conocimiento de los investigadores el hecho y tras las primeras pesquisas, se determinó que hay elementos suficientes para formular la imputación.
Los detalles del caso se mantienen en reserva por parte de los intervinientes buscando proteger a la víctima. Sin embargo, se reveló que el hecho ocurrió en los primeros días del mes de julio, en horas de clases, en el interior de un centro educativo ubicado en la mencionada ciudad, donde la profesora habría manoseado a la niña.
La niña se rehusaba a volver a la escuela luego de las vacaciones de invierno y esto llamó la atención de su madre, que le preguntó con insistencia el motivo por el que no quería ir a clases, a lo que la pequeña habría contado que fue manoseada por la profesora en el baño de la institución.
Los nombres de la imputada y de la niña se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Asunción: Bello planea vender terrenos de la Costanera en condiciones similares a Nenecho
El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), tiene planes para 2026 de vender 6 hectáreas de terrenos municipales en la Costanera Norte, un intento similar al que hizo sin éxito en 2024 su predecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Las áreas en cuestión, A1 y A3, de 2 y 4 hectáreas respectivamente, están situadas en un cruce de la avenida José Asunción Flores y la avenida General Santos.
Bello busca un precio base de G. 28.000 millones por hectárea, lo que totaliza US$ 25 millones, cifra que ya está contemplada en su presupuesto para 2026. Sin embargo, la comuna aún carece de un plan de desarrollo urbano que podría aumentar el valor del terreno antes de su venta, según Diego Sotomayor, director de Planeamiento Urbano, quien menciona que ni siquiera está al tanto de la intención de remate.
Hugo Martínez, director de Administración y Finanzas, comentó que seguirán el plan de Nenecho, revisando solo el precio base antes de proceder con la venta si todo está en orden. No obstante, pese a ser parte del presupuesto, Bello negó a ABC Tv que haya planes para la subasta.
Gonzalo Garay, del Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), rechaza la venta argumentando que contradice el Proyecto Resiliencia Urbana, que integra estas tierras en uno de sus componentes clave, el Eco Distrito.
El concejal Humberto Blasco (PLRA) señala que, aunque el ingreso por esta venta está presupuestado, usarlo para pagar deudas sería un error y un mal uso de los fondos generados, que deberían reinvertirse en infraestructura. Asimismo, se teme que el dinero no sea suficiente para cubrir deudas e intereses vencidos.
La subasta anterior, impulsada por Nenecho en diciembre pasado, fue criticada por su urgencia y la intención de usar los ingresos para gastos y deudas en lugar de en el desarrollo local. La actual propuesta necesita más análisis y autorización por parte de la Junta Municipal antes de avanzar.
Nacionales
Vence el plazo de la octava adenda con la firma catarí; podrían otorgar otra prórroga
El plazo de la octava extensión otorgada por Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la presidencia de Eddie Jara, a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vence hoy, 31 de octubre. A pesar de que la empresa no ha entregado las 100.000 toneladas métricas de gasoil —valoradas en 61 millones de dólares—, se le habría concedido otra ampliación del plazo. Según fuentes del sector, Petropar habría dado una prórroga de dos meses más, esperando la entrega para diciembre. Sin embargo, la planta de Villa Elisa no brindó explicaciones. Los directivos, incluido Jara, no respondieron a las consultas de los periodistas.
En comunicaciones, informaron que los directivos estaban en la planta de Troche y en una reunión en el Ministerio de Industria y Comercio. Intentos de contactar a Jara y otros gerentes, como William Wilka o Carlos Arce, fueron infructuosos. Tampoco se obtuvo respuesta de Norma Caballero, encargada de responder consultas.
Extraoficialmente, se indicó que el gerente de Comercio Exterior no estaba disponible y se sugirió consultar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para más información. Durante una presentación ante la Comisión Bicameral del Congreso, Eddie Jara manifestó que no se otorgarían más extensiones a la empresa por incumplimiento, pero hasta ahora no se ha ejecutado la garantía de cumplimiento de 3.050.000 dólares.
La octava prórroga extendió el contrato hasta el 31 de octubre. Sorprendentemente, esta extensión fue de dos meses, e indicios apuntan a que se podría haber repetido un plazo similar en una novena adenda. Doha Holding presentó solo una declaración jurada, firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, como garantía de cumplimiento. Se aceptó esta declaración en lugar de una garantía real, a pesar de exigencias regulatorias más estrictas.
El jeque Al-Thani apareció en el contrato y la garantía como representante legal tiempo después de la adjudicación. Documentos revelan conexiones entre Doha Holding y figuras deportivas locales. Un «precio milagroso» de 610 dólares por tonelada se ofreció, un valor que ni siquiera Brasil consigue. Aunque Petropar admitió problemas para cumplir con este precio, consecutivas prórrogas han beneficiado a la firma catarí. La estatal no evaluó la capacidad financiera de la empresa conforme lo exige la ley para estos contratos.
Las irregularidades en la publicación y ejecución del contrato podrían contravenir la Ley N° 7021 de Contrataciones Públicas, que limita cambios contractuales al 20% del monto o plazo.
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, compuesta por 26 senadores y 27 diputados, concluyó el análisis del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026.
Al finalizar la sesión de ayer, el presidente de la comisión, el senador colorado Silvio “Beto” Ovelar, informó que el dictamen incluye un incremento de G. 170.000 millones (US$ 22 millones al cambio presupuestado).
Ovelar indicó que el aumento aprobado respecto al proyecto del Poder Ejecutivo es manejable y se ajusta al límite de déficit fiscal del 1,5% del PIB estipulado para el próximo año.
Se anunció que este incremento se destinó al Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, la Universidad Nacional de Asunción, otras universidades nacionales, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior, y al Ministerio Público para aumentos salariales en forenses.
En cuanto al Poder Judicial, aunque se consideró razonable el aumento salarial solicitado, se priorizó al Instituto Nacional del Cáncer, la Policía Nacional y otros sectores como salud y educación.
El presidente no explicó cómo se cubrirán los gastos adicionales, pues se habían recortado G. 80.000 millones, quedando una diferencia de G. 90.000 millones sin financiamiento seguro.
Gran parte de estos incrementos fueron propuestos por Ovelar, incluyendo G. 35.000 millones para el programa “Letrina Cero” y el Hospital Distrital de Caaguazú.
El dictamen de la comisión sobre el PGN 2026 se presentará a la Cámara de Diputados y Senadores, quienes tomarán la decisión final antes del 20 de diciembre. Con las modificaciones, el presupuesto del próximo año asciende a G. 149,3 billones (US$ 18.950 millones).
El presupuesto propuesto por el Ejecutivo es de G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), un aumento del 12% respecto al 2025. La administración central recibirá G. 74,7 billones, y las entidades descentralizadas, G. 74,5 billones.
El plan se basa en un déficit fiscal del 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), según la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se espera recaudar G. 45,3 billones en impuestos, un 8% más que el año anterior, manteniendo la presión tributaria en 11,5% del PIB.
Además, el Tesoro está autorizado a emitir bonos por US$ 1.303 millones. El proyecto incluye 345.646 cargos permanentes, 11.105 más que en 2025, abarcando personal administrativo, policial, militar, docente y de salud pública.
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