La Cámara de Diputados ha colocado en un lugar prioritario dentro de sus 14 puntos del orden del día el proyecto de ley de “protección de datos personales en la República del Paraguay”, que vuelve tras sufrir modificaciones en el Senado, buscando preservar parcialmente las leyes de transparencia y de acceso a la información pública (AIP).
En su procedimiento inicial, la Cámara Baja incluyó artículos que perjudican directamente a la Ley 5189/2014 y la Ley Nº 5282, relativas a la obligatoria divulgación de información sobre el uso de recursos públicos y el acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.
Lea más: Cartistas deciden si solo dificultan o eliminan la ley que enorgullece a su “líder”
El artículo 24 de la versión del Senado propone que, al solicitar información pública sobre funcionarios estatales, pueda negarse si no se cuenta con el consentimiento del “afectado”.
Las leyes en riesgo de desaparecer han permitido, entre otras cosas, descubrir miles de casos de “nepobabies” y la relación comercial del presidente Santiago Peña con empresas favorecidas en negocios con el Estado.
Todos los beneficios en un solo lugarDescubre dónde conviene comprar hoy
Ley de protección de datos, versión del Senado
La versión del Senado, aunque menos perjudicial, también burocratiza y podría dificultar el acceso a la información pública, estableciendo que la Agencia de Protección de Datos Personales (a ser creada por esta ley) determine si aprueba o no las solicitudes de información pública.
Lea más: Postergaron sorprendentemente el debate sobre la polémica ley de protección de datos personales
Esto se podría considerar un “mal menor” en comparación con la versión de Diputados.
Lo irónico del asunto es que la mayoría cartista en Diputados podría aniquilar ambas leyes, que suelen citarse como “logros” del gobierno de su líder, Horacio Cartes.
Para ratificar su versión, la Cámara Baja necesitará una mayoría absoluta (41 votos).
De conseguirlo, la última palabra la tendrá el Senado, que también por mayoría absoluta (23 votos en su caso) podrá ratificar y sancionar su versión; de lo contrario, prevalecerá la de Diputados, que pasará a Peña para su promulgación o veto.
