Nacionales
Diputados: El proyecto de «blanqueo exprés 2.0» beneficiará a políticos corruptos
Se está revisitando un polémico proyecto de ley en la Cámara de Diputados que introduce un cambio potencialmente peligroso al Código Procesal Penal. La Corte Suprema de Justicia ha advertido que esta modificación podría facilitar escapatorias rápidas y baratas para políticos corruptos. El proyecto es una versión renovada del anterior intento de «blanqueo exprés», que casi se vuelve ley.
Esta propuesta, presentada por el diputado cartista Édgar Olmedo, busca modificar el artículo 41 de la Ley Nº 1286/98. Aparece como el quinto punto B en la agenda del próximo martes 16. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía han expresado su preocupación por el riesgo de impunidad.
La ley actual permite que los Tribunales unipersonales manejen casos con penas hasta dos años de prisión, pero el nuevo proyecto sugiere extender esta capacidad a casos de hasta cinco años, que a menudo son de corrupción pública. Esto significaría que un solo juez podría tomar decisiones cruciales, como suspender procedimientos en casos como estafas.
En una audiencia pública, Silvana Luraghi, de la Corte Suprema, destacó que un solo juez no podría gestionar adecuadamente casos complejos de delitos contra el erario. Además, esto evitaría que causen sean juzgados por tribunales especializados en delitos económicos y anticorrupción.
La Fiscalía también ha expresado sus reservas, argumentando que, aunque la intención es reducir la mora judicial, podría llevar a consecuencias peores. Según Olmedo, el problema de la mora viene de la lenta conformación de los Tribunales de Sentencia en comparación con uno unipersonal.
El Ministerio Público destacó que una reforma que solo cambie la competencia sin revisar la cultura jurídica o los recursos podría no mejorar la confianza en la justicia. Actualmente, varios políticos ya han evitado consecuencias graves mediante la suspensión condicional del procedimiento, admitiendo delitos y ofreciendo reparaciones simbólicas.
Casos como los de los exdiputados colorados Tomás Fidelino Rivas y José María Ibáñez son ejemplos notorios. Rivas pudo sortear consecuencias mayores tras un acuerdo, y aunque fue a juicio en 2024, el tribunal confirmó la absolución. Ibáñez, tras el escándalo, tuvo que renunciar pero evitó consecuencias penales mediante una donación.
Un hombre fue arrestado durante un allanamiento en un local de comida en el barrio La Victoria de Asunción. Durante el operativo, la Fiscalía y la Policía Antinarcóticos confiscaron casi 300 dosis de crack. Además, se incautaron una motocicleta, un celular y dinero en efectivo.
El procedimiento, liderado por el Ministerio Público y agentes de Antinarcóticos de la Policía Nacional, se realizó el viernes por la noche. Ocurrió alrededor de las 21:30 en una vivienda sobre la avenida Dr. Fernando de la Mora, cerca de Universitarios del Chaco, que operaba aparentemente como un local de comida.
En el lugar, se hallaron 42 gramos de crack en 297 dosis, junto con una motocicleta, un teléfono móvil y dinero de baja denominación.
El detenido, identificado como Julio César Piñanez Ovando, de 37 años, era el encargado del local en ese momento. Según el fiscal César Sosa, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, la investigación comenzó por informes de que el sitio se utilizaba para vender drogas.
El detenido será trasladado a la fiscalía para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Está a disposición del Ministerio Público mientras siguen las investigaciones para determinar la red de distribución de droga.
El Bloque Democrático del Senado decidió anoche que este lunes evaluará presentar una denuncia penal y posiblemente solicitar la pérdida de investidura contra los senadores neocartistas Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, y Javier “Chaqueñito” Vera, debido a unos audios filtrados que hablan de distribución de dinero, solicitudes de cargos y alquiler de autos en Itaipú. También se ha presentado una nueva acusación contra la senadora Zenaida Delgado por presiones indebidas.
Ayer, el Bloque Democrático consideró posibles acciones en respuesta al escándalo que afecta al grupo cartista, debido a grabaciones que revelan una presunta distribución de una donación de Taiwán de 8 millones de dólares, compra de votos y presiones para obtener cargos.
En los audios, aparentemente se escucha a la senadora Norma Aquino mencionando una repartición de 8 millones de dólares entre el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, y los senadores cartistas Silvio “Beto” Ovelar, Juan Carlos “Nano” Galaverna y Lizarella Valiente. También se menciona la solicitud de cargos a Justo Zacarías Irún, director de Itaipú, beneficios adicionales en combustible y un pago pendiente. El audio involucra al círculo cercano del cartismo, que ha programado para este lunes la presencia de los senadores Aquino y Vera a las 10:00 en la Cámara Alta, después de la reunión de la Mesa Directiva.
La senadora Celeste Amarilla afirmó que en los tres audios se contemplan al menos seis tipos de delitos. «Estamos obligados a presentar una denuncia penal al Ministerio Público. En este caso, la pérdida de investidura no requiere investigación, ya que ellos mismos admiten solicitar dinero, cargos y otros favores a cambio de votos. A confesión de parte, no es necesario presentar pruebas”.
Amarilla informó que, en una reunión donde no estuvieron todos los senadores del bloque, se elaboraron dos documentos: uno para la pérdida de investidura y otro para una denuncia penal. «El lunes decidiremos si presentamos ambos o solo uno, pero presentaremos algo», indicó.
En otro escándalo, Amarilla reveló que hace 15 días denunció que a 17 empleados asociados a la senadora Zenaida Delgado se les descuenta un porcentaje de sus salarios como “peaje” para mantener sus puestos. Esta acusación también afecta a la pareja de la senadora, Gustavo Vera.
Algunos audios mencionan que los asesores de Zenaida Delfina han estado solicitando favores adicionales, y “Chaqueñito” advierte sobre la desconfianza hacia ellos.
Atome PLC ha anunciado que firmó un acuerdo definitivo de compraventa con Yara International ASA, una empresa de Noruega, para adquirir toda la producción anual de fertilizantes de bajas emisiones de su Proyecto Villeta en Paraguay.
Este contrato, que tiene una duración mínima de 10 años con posibilidad de extensión, garantiza la compra de 260,000 toneladas anuales de fertilizantes con bajas emisiones de carbono, producidas con energía completamente renovable.
El acuerdo representa el último paso antes de concretar el financiamiento para el proyecto, estimado en US$ 630 millones, cuya construcción comenzará en el último trimestre de 2025, según indicó la empresa especializada en hidrógeno verde.
Yara, con sede en Oslo, es un líder mundial en fertilizantes y nutrición de cultivos, y usará su amplia red de distribución en Sudamérica para comercializar el producto de Atome.
Ambas compañías buscan responder a la creciente demanda de soluciones agrícolas sostenibles, especialmente en el Mercosur, una región clave en la exportación de alimentos a nivel mundial.
Olivier Mussat, director ejecutivo de Atome, afirmó que este acuerdo único refleja la fortaleza de su propuesta y la demanda global de soluciones sostenibles en la agricultura.
El proyecto Villeta será el primero en la región en producir fertilizantes bajos en carbono, específicamente Nitrato de Amonio Calcáreo (CAN), a partir de amoníaco verde generado con energía hidroeléctrica. El objetivo es reducir las emisiones y la dependencia de fertilizantes importados, principalmente de Rusia y China.
Según la ONU, la producción de fertilizantes genera más emisiones de gases de efecto invernadero que las industrias naviera y aérea combinadas.
Atome asegura que su fertilizante CAN limpio contribuirá a descarbonizar la cadena alimentaria desde su origen.
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