Se está revisitando un polémico proyecto de ley en la Cámara de Diputados que introduce un cambio potencialmente peligroso al Código Procesal Penal. La Corte Suprema de Justicia ha advertido que esta modificación podría facilitar escapatorias rápidas y baratas para políticos corruptos. El proyecto es una versión renovada del anterior intento de «blanqueo exprés», que casi se vuelve ley.
Esta propuesta, presentada por el diputado cartista Édgar Olmedo, busca modificar el artículo 41 de la Ley Nº 1286/98. Aparece como el quinto punto B en la agenda del próximo martes 16. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía han expresado su preocupación por el riesgo de impunidad.
La ley actual permite que los Tribunales unipersonales manejen casos con penas hasta dos años de prisión, pero el nuevo proyecto sugiere extender esta capacidad a casos de hasta cinco años, que a menudo son de corrupción pública. Esto significaría que un solo juez podría tomar decisiones cruciales, como suspender procedimientos en casos como estafas.
En una audiencia pública, Silvana Luraghi, de la Corte Suprema, destacó que un solo juez no podría gestionar adecuadamente casos complejos de delitos contra el erario. Además, esto evitaría que causen sean juzgados por tribunales especializados en delitos económicos y anticorrupción.
La Fiscalía también ha expresado sus reservas, argumentando que, aunque la intención es reducir la mora judicial, podría llevar a consecuencias peores. Según Olmedo, el problema de la mora viene de la lenta conformación de los Tribunales de Sentencia en comparación con uno unipersonal.
El Ministerio Público destacó que una reforma que solo cambie la competencia sin revisar la cultura jurídica o los recursos podría no mejorar la confianza en la justicia. Actualmente, varios políticos ya han evitado consecuencias graves mediante la suspensión condicional del procedimiento, admitiendo delitos y ofreciendo reparaciones simbólicas.
Casos como los de los exdiputados colorados Tomás Fidelino Rivas y José María Ibáñez son ejemplos notorios. Rivas pudo sortear consecuencias mayores tras un acuerdo, y aunque fue a juicio en 2024, el tribunal confirmó la absolución. Ibáñez, tras el escándalo, tuvo que renunciar pero evitó consecuencias penales mediante una donación.