Nacionales
Detienen a empleado del TSJE con múltiples armas tras amenazar a comerciante
Un funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral fue arrestado ayer en San Lorenzo por la policía tras supuestamente amenazar a un comerciante con un arma. En su poder se encontraron varios cuchillos, una escopeta y una pistola. El individuo se presentó como precandidato a intendente de Valenzuela para intimidar.
Víctor Centurión Dávalos (48), empleado de la Justicia Electoral, fue arrestado cerca de la sede en San Lorenzo. Según el informe de la Comisaría 54, agentes intervinieron tras la denuncia de un comerciante y su secretario, quienes afirmaron que fueron amenazados de muerte con un arma de fuego.
La policía encontró a Centurión dentro de su vehículo. Al ser identificado, se comportó de manera agresiva, por lo que se llamó a más patrullas para trasladarlo a la comisaría, explicó el subcomisario Miguel Ayala.
En la inspección de su auto, se encontró un arsenal que incluía un arma de grueso calibre, una pistola, cuatro cuchillos grandes, dos machetes, esposas, dos walkie talkies y un martillo. También se incautaron dos teléfonos móviles y otros objetos para ser peritados.
Centurión declaró que venía del Chaco y que suele llevar esos objetos. Aunque tenía el carnet para la pistola, carecía de la autorización para la escopeta. Según sus palabras, portaba siete armas blancas de diversas medidas.
El subcomisario Ayala señaló que el hombre se identificó constantemente como precandidato a intendente de Valenzuela y amenazó con «contactos políticos». Fue puesto a disposición del Ministerio Público por posesión de armas sin registrar y por amenazas con armas de fuego. Se presume que la disputa con el comerciante tiene una base de «problemas personales».
Nacionales
Senado discutirá mañana la ley de protección de datos personales y advierten que propuestas podrían afectar la ley de acceso a la información pública
En una reunión especial, la Comisión de Legislación del Senado decidió apoyar mayoritariamente la versión del polémico proyecto de protección de datos personales aprobada por la Cámara Alta. Aunque se considera menos restrictiva que la de Diputados, el senador Rafael Filizzola (PDP) advirtió que ambas perjudican la Ley de Acceso a la Información Pública. Este proyecto está previsto para la sesión de mañana a las 9:00.
Filizzola recordó que el artículo 28 de la Constitución Nacional garantiza el libre acceso a las fuentes públicas de información, un principio que, según él, está en peligro con esta ley. Expresó que el acceso a la información es un derecho fundamental, y criticó la norma por considerarla perjudicial. Además, mencionó un desmantelamiento de políticas anticorrupción bajo el contexto político actual.
Criticó al Gobierno de Santiago Peña por promover un retroceso institucional, mencionando la eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción, la derogación de la ley de puertas giratorias y la subordinación del Tribunal de Cuentas al Poder Ejecutivo, lo que, según él, debilita la rendición de cuentas.
Filizzola argumentó que estos cambios favorecen conflictos de interés y prácticas cuestionables, citando casos como el de personas vinculadas a Cartes que asumen cargos en el Banco Central o el Ministerio de Economía, mientras Peña realiza negocios con el Estado.
El Bloque Democrático de oposición, al que pertenece Filizzola, anunció que no apoyará ninguna de las dos versiones del proyecto, considerando ambas dañinas para el derecho a la información. Aunque su influencia es limitada, buscan manifestar su oposición técnica.
De cara a una posible aprobación, Filizzola instó al presidente Santiago Peña a vetar el texto. Declaró que, aunque el objetivo original del proyecto era proteger los datos personales, termina afectando la Ley de Acceso a la Información Pública. Se necesitan 23 de 45 votos para ratificar la versión «menos restrictiva» del Senado.
Después de una persecución y un intercambio de disparos, ayer fueron arrestados Isaías Ramón Ramírez Gamarra, conocido como el «nuevo rey de los tortoleros», y Ramón Antonio Ramírez Espínola. La policía ubicó el auto utilizado para la fuga en un terreno privado. Cuando intentaron entrar, un guardia no los dejó pasar sin una orden judicial, negando que el vehículo estuviera allí.
Por eso, los agentes mantuvieron vigilancia en el lugar hasta obtener el permiso judicial. Esta mañana, con la autorización del juez, encontraron el auto Kia blanco, con señales del enfrentamiento y la fuga.
El guardia fue detenido y deberá declarar ante el Ministerio Público. El auto fue llevado al Departamento de Automotores de la Policía Nacional.
El operativo, liderado por el Departamento de Control de Automotores, comenzó en Luque, en las calles Mangoty y Felipe Santacruz. Uno de los implicados trató de escapar a pie, pero fue atrapado. El otro, tras enfrentarse a tiros con la policía, dejó el auto en el terreno privado y también fue detenido poco después. Ambos tienen antecedentes por robo, asaltos y otros delitos.
Ramírez Gamarra había sido previamente arrestado en junio del año pasado, pero recibió arresto domiciliario.
El Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia de Luque decidió desestimar el amparo solicitado por la abogada de una estudiante trans. Esta estudiante denunció que en una institución educativa de Fernando de la Mora se le impidió presentar su proyecto de lectura vistiendo jumper en lugar de pantalón. Según el fallo judicial, la libre expresión de la personalidad de la estudiante no fue afectada, ya que su identidad fue reconocida desde su entrada a la institución.
El juzgado, en su resolución, rechazó la medida cautelar presentada en nombre de la estudiante trans, quien había acusado al colegio del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de discriminación. La solicitud buscaba permitirle usar el uniforme femenino en actividades académicas sin enfrentar discriminación.
La abogada de la estudiante invocó el artículo 25 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la libre expresión de la personalidad y la formación de la identidad propia. Sin embargo, el Poder Judicial concluyó que este derecho no fue violado, ya que la institución reconoció su identidad desde el comienzo.
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