Nacionales
Destruyen e incineran marihuana y otros objetos en Concepción
En el marco del combate contra el narcotráfico del plan Sumar, la Policía Nacional se constituyó hasta la Reserva Natural de Paso Bravo, ciudad de Sargento José Félix López, donde se procedió a la destrucción e incineración de bolsas de supuesta marihuana picada, 300 kilos que estaban en prensas rústicas de madera en un campamento precario. Asimismo, se incautaron gatos hidráulicos, zaranda y balanza digital.
El procedimiento estuvo a cargo del personal del Departamento Antinarcóticos División Regional N° 10, bajo dirección del agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico del Departamento de Concepción.
Otra destrucción
En otro procedimiento de erradicación de cultivos ilícitos en zona de Yby Pytã, la Senad inhabilitó dos hectáreas de marihuana. La incursión se enmarca dentro del plan estratégico que busca marcar mayor presencia operativa en el departamento de Canindeyú.
Los antidrogas emplearon tareas para destruir alrededor de seis toneladas de la droga. Según datos manejados, las parcelas serían parte de todo el soporte logístico que reúnen grupos criminales de la zona. Desde la Senad se encuentran trabajando para la instalación de otra base operativa en zona de Canindeyú, acción con la que se pretende establecer mayor capacidad de control sobre la región en términos de investigaciones y lucha contra el narcotráfico.
Fuente: La Nación
Nacionales
ANDE esperará los resultados de la auditoría antes de decidir sobre la emisión de bonos
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) aún no tiene una fecha establecida para la emisión de bonos prevista por la ley de presupuesto. Sin embargo, avanza en los preparativos con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El presidente de la ANDE, Félix Sosa, señaló que la decisión final se tomará tras concluir una auditoría internacional en curso.
Según Sosa, una vez finalizada esta auditoría, decidirán si emiten en el mercado bursátil local o internacional. Actualmente, la revisión contable está avanzada en un 90%, lo que sugiere que podría concluir en las próximas semanas.
Sosa no descartó ninguna alternativa y mencionó que podría realizarse una colocación combinada en ambos mercados. La ANDE tiene autorización para emitir bonos por un máximo de G. 1,5 billones (más de US$ 190 millones), cifra confirmada en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026, enviado al Congreso. Este proyecto prevé emisiones de otras instituciones públicas, superando juntas los US$ 2.000 millones.
El Tesoro planea colocar hasta US$ 1.303 millones, mientras que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) busca obtener US$ 312 millones para fortalecer su capital. La ANDE, por su parte, destinará los fondos a proyectos de inversión en el sistema eléctrico y a cumplir compromisos financieros, respondiendo a una creciente demanda energética en el país.
Sosa explicó que en junio ya trabajaban con el MEF para determinar el mejor momento para salir al mercado, con propuestas específicas para el uso de los recursos. También consideraron emisiones en guaraníes y dólares, según lo permitido por la normativa.
La auditoría, llevada a cabo por Ernst & Young Paraguay, busca alinear los estados contables de la ANDE con estándares internacionales, lo que es crucial para ganar confianza entre posibles inversionistas.
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se presentó el avance del proyecto de ley sobre parques industriales en Paraguay. Esta ley busca planificar zonas específicas, asegurar previsibilidad y fomentar el crecimiento del sector industrial. Se aseguró que empresas y municipios participarán en su desarrollo.
El Viceministro de Industria, Marcos Riquelme, informó a ABC Color sobre una consultoría con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear una ley moderna de parques industriales en la región. Los técnicos del proyecto han analizado leyes de otros países y han visitado parques industriales para redactar una propuesta «supermoderna y pragmática».
Riquelme explicó la importancia de una zonificación adecuada para establecer parques industriales en áreas municipales designadas. Si las ciudades no cuentan con zonificación urbanística, es complejo determinar ubicaciones para estos parques.
El objetivo es dar certidumbre a las industrias en un contexto de crecimiento económico proyectado en 4,4% para este año, lo que podría traducirse en más empleo y expansión urbana.
Riquelme subrayó que la falta de zonificación afecta a los inversores que construyen industrias y luego se ven rodeados de viviendas, lo que representa un riesgo. Además, genera ineficiencias energéticas, complicando la planificación de consumo eléctrico.
El proyecto involucra a diversas entidades y busca ser finalizado este año. Una vez que una zona se declara industrial, no cambiará su uso, impidiendo nuevos desarrollos residenciales. Además, se incentivará a las industrias a trasladarse a zonas industriales con créditos blandos.
El BID y el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) colaboran en la creación del borrador de la ley, que se discutirá con los afectados para llegar a un consenso antes de presentarlo al Congreso.
Finalmente, Riquelme destacó que la falta de parques industriales limita el crecimiento de la industria paraguaya, ya que actualmente no existen debido a la falta de zonificación adecuada.
Durante la pandemia de COVID-19, el Ministerio Público acusó al exintendente de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez, de abuso de confianza y asociación ilícita por la compra del «detergente de oro». Como máxima autoridad, Rodríguez habría colocado personas de su confianza en puestos clave y permitido un daño de 1.808 millones de guaraníes al municipio. La fiscalía, representada por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, sostiene que los fondos del gasto 831 no se usaron adecuadamente para la emergencia.
En 2020, Nenecho, como líder municipal, debía manejar los recursos con responsabilidad. Él ubicó a Nidia López y Wilfrido Cáceres en cargos estratégicos. Según el artículo 28 de la Ordenanza N° 608/15, la administración del Fondo Municipal era función del intendente. La acusación alega que no se reguló el uso del fondo de emergencia a tiempo. Las compras supuestamente simuladas entre 2020 y 2021, como la del detergente francés, supusieron un gran perjuicio económico. Ahora, el juez Rodrigo Estigarribia debe fijar fecha para la audiencia preliminar.
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