Nacionales
Derecho UNA: “Tratito” Ovelar ganó juicio y queda como presidente del centro de estudiantes
El Tribunal Electoral Segunda Sala de Asunción, falló a favor de Alejandro “Tratito” Ovelar en la demanda que había mantenido con el alumno Enzo Yódice en la disputa por la presidencia del centro de estudiantes “General Bernardino Caballero” de la Facultad de Derecho de la UNA. Ambos se habían proclamado como vencedores de las elecciones. Con la sentencia, el hijo del senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR – HC) queda como el titular oficial del centro de estudiantes.
El Tribunal Electoral Segunda Sala de Asunción, falló a favor de Alejandro “Tratito” Ovelar en un juicio que había sido promovido por el alumno Enzo Yódice, en la disputa que ambos mantenían por la presidencia del centro de estudiantes “General Bernardino Caballero” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Los alumnos “Tratito” Ovelar y Yódice se habían proclamado como victoriosos de las elecciones por la presidencia del centro estudiantil, realizadas el 28 de febrero de este año. Enzo Yódice, al terminar los comicios denunció que “todo el proceso estuvo vicioso”. Un grupo de estudiantes también había denunciado que el hijo del senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR – HC), y otros miembros de su equipo protagonizaron incidentes durante las votaciones. Incluso hubo denuncia por agresión, realizada en la Comisaría 12.
La sentencia del Tribunal alega que la convocatoria y el proceso electoral desarrollado por el colegio electoral de Derecho UNA, que proclamó a Alejandro Ovelar como ganador, fue denunciado como irregular y arbitrario por el demandante (Yódice) “sin explicar los motivos ni ofrecer medio probatorio alguno”. Con este argumento, falló a favor de “Tratito”.
El 28 de febrero, día de las elecciones, en medio de denuncias de irregularidades, se llegaron a realizar dos comicios en simultáneo. “El colegio electoral independiente -supuestamente- aceptó candidaturas de manera extemporánea y hay cuatro candidatos para la comisión directiva del CEDUNA, en las supuestas elecciones. Es por eso que el colegio, una parte, se apartó y constituyó otras elecciones”, había explicado en aquel entonces Bruno Ramírez, quien hasta entonces fue el presidente del centro de estudiantes.
Derecho UNA: “Tratito” se jacta de victoria ante fallo del Tribunal
En un vídeo divulgado a través de las redes sociales, Alejandro “Tratito” Ovelar se jactó del fallo del Tribunal Electoral.
“Hoy por fin se lava la cara el centro de estudiantes de nuestra facultad con esta resolución unánime del Tribunal Electoral de la capital, que da validez a las elecciones que llevamos a cabo”, afirmó “Tratito”.
El alumno había sido denunciado ante la Fiscalía por el supuesto cobro indebido de honorarios por su contratación en la Cámara de Diputados, formando parte de uno de los casos conocidos como “nepobabies” en el Congreso Nacional. Su progenitor, el senador Silvio Ovelar, fue denunciado igualmente ante el Ministerio Público por presuntamente violar la ley antinepotismo ante la contratación de su hijo.
Fuente: ABC Color
Más de dos años después del inicio del gobierno de Santiago Peña, la situación de las empresas públicas empeora, acumulando pérdidas significativas, como ocurre con Copaco, Petropar, INC y Fepasa, según las auditorías más recientes del año 2024.
El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que las críticas y el descontento de la ciudadanía están justificados debido a los deficientes servicios de las empresas estatales y la falta de transparencia y evaluación de resultados, así como la carencia de planificación futura.
Borda sugirió que es el momento para que las empresas públicas firmen contratos de gestión con el Consejo Nacional de Empresas Públicas y divulguen sus resultados. Se destacó que las auditorías externas de 2024 muestran pérdidas millonarias, y se cuestionó quién decidió llevar a cabo estas auditorías.
Durante el gobierno de Fernando Lugo se creó el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), que fue aprobado en el Congreso y se implementó con la Ley 5058 en 2013. Borda cuestionó si este consejo sigue activo y confirmó que debe ejercer funciones de asesoramiento y apoyo en la gestión de las entidades públicas.
El consejo incluye al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Sin embargo, Borda indicó que se han ignorado estos temas durante varios gobiernos, ya que no se reúnen ni ejercen sus funciones conforme a la ley.
El caso de Petropar es significativo debido a un proceso de compra urgente prorrogado nueve veces, sin explicaciones públicas. La empresa, sin ser privada, extendió un contrato con una firma catarí por 61 millones de dólares hasta febrero de 2026.
Preocupa además que la tendencia a la baja de los precios de los combustibles y la depreciación del dólar no se reflejen en una baja de precios internos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aún no ha dado conclusiones, y el Congreso no ha llamado al presidente de Petropar, Eddie Jara, pese a un aumento significativo en su patrimonio.
Otras empresas como Essap, Copaco, INC, Fepasa y Capasa carecen de planes y no rinden cuentas. Borda cuestionó dónde está el CNEP y sus recomendaciones legales.
Sobre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Borda mencionó una propuesta de ajuste tarifario para sectores electrointensivos e industriales en 2026. Itaipú no ha cumplido con transferir 300 millones de dólares anualmente, y se reporta una pérdida energética del 21,9% en 2024.
Un experto retirado de la ANDE destacó la necesidad urgente de mejorar la rentabilidad y gestión para cubrir costos e inversiones, con una rentabilidad negativa consistente en los últimos años.
Borda subrayó que la falta de planificación a mediano y largo plazo provoca reacciones en la ciudadanía y enfatizó que el CNEP debe actuar ante las crisis de las empresas estatales. Señaló que los criterios políticos siguen prevaleciendo sobre los técnicos, resultando en servicios públicos inadecuados.
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00, el Tribunal a cargo del juicio contra el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez, por presunto prevaricato, consideró la opción de modificar la calificación legal de la Fiscalía. Goiburú también enfrentará acusaciones por supuesta extorsión.
El Tribunal Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez y compuesto por Yolanda Morel y Karina Cáceres, informó a Goiburú y otros dos acusados que podrían enfrentar nuevos cargos según el artículo 400 del Código Procesal Penal, que permite cambiar la calificación legal propuesta. Así, Goiburú, acusado de prevaricato, también deberá responder por extorsión.
Los coacusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez enfrentan cargos por extorsión y prevaricato. La Fiscalía, representada por Natalia Cacavelos, afirma que Goiburú incurrió en prevaricato al tramitar una acción civil sin justificación legal adecuada.
Rodolfo Vega, testigo en el juicio, relató que compró al contado un camión que le fue arrebatado tras una demanda falsa presentada por Julio Martínez Isasi en 2021. Vega solicitó ayuda al abogado Ernesto Garcete, quien le pidió dinero para «combustible» por indicación del juez. A pesar de pagar, Vega aún no ha recuperado el camión.
Goiburú sigue en funciones mientras el juicio continúa.
Nacionales
Pablo Benegas solicita anular su condena a 12 años de prisión y celebrar un nuevo juicio
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00 am, el músico Pablo Benegas apeló su condena a 12 años de prisión por abuso sexual infantil y pornografía, solicitando un nuevo juicio con un tribunal diferente. Argumenta que el tribunal original interpretó incorrectamente las pruebas y no justificó adecuadamente el rechazo de los argumentos de la defensa.
La apelación, respaldada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, desafía la Sentencia Definitiva N° 536 del 17 de octubre de 2025, emitida por el tribunal encabezado por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Juan Ortiz, que condenó unánimemente a Benegas. La defensa sostiene que la acusación de la fiscala Claudia Aguilera no se sostenía, pues las evidencias digitales no respaldaban la condena.
La defensa también señala que un video clave para la condena tiene dos fuentes diferentes en la pericia: «fuente de WhatsApp» y «fuente galería», lo que sugiere manipulación de evidencia.
Benegas considera la pena «desproporcional» debido a su adicción a las drogas, argumentando que la condena no facilita su reintegración social. La defensa afirma que Benegas no divulgó lo sucedido ni tuvo relaciones con las menores, culpando a la fiscalía de un manejo erróneo del caso.
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