Nacionales
Derecho UNA: Jorge Bogarín perdió 5 de 6 puestos docentes en el consejo directivo
El pasado viernes se llevaron a cabo las elecciones para elegir representantes docentes en el consejo directivo y el consejo superior universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Se enfrentaron dos grupos: Alianza Gremial, encabezado por Jorge Bogarín, vinculado al partido Colorado cartista y considerado corrupto por Estados Unidos, y Docentes por la Excelencia. Según los docentes de la Facultad, Alianza Gremial contó con el respaldo del cuestionado vicedecano Marco Aurelio González y del fiscal general Emiliano Rolón, quienes apoyaron activamente a Bogarín.
En las elecciones, Docentes por la Excelencia ganó cinco de seis escaños en el consejo directivo. El equipo de Bogarín, a pesar de tener apoyo de figuras influyentes, perdió significativa representación, quedando Karen González, esposa de Bogarín, con el sexto lugar. En el consejo superior, Fausto Portillo, del mismo grupo, fue elegido, mientras que Lourdes Sanabria del equipo de Bogarín fue derrotada.
Las elecciones tuvieron una participación del 90% de los 475 docentes habilitados para votar. El resultado final dejó al consejo directivo dividido, con un empate que será desempatado por el decano Carlos Morel, quien se alinea con Docentes por la Excelencia, alejándose del grupo de Bogarín.
Una mujer sufrió una experiencia aterradora al ser atacada por un pariente político, mientras su pareja presenciaba el hecho sin intervenir. Este incidente tuvo lugar en Abaí, en el departamento de Caazapá.
El acto de violencia intrafamiliar ocurrió el 1 de octubre, según el informe policial local. Aproximadamente a las 18:00 horas de ese miércoles, el suceso fue captado por cámaras de seguridad.
La víctima, Gracieli Conrad López, de 26 años, comerciante de la Colonia Paulista en Abaí, sufrió lesiones en el rostro, brazos y piernas debido a los golpes y patadas. Fue asistida en el Centro de Salud de San Cristóbal, Alto Paraná, y luego presentó una denuncia formal.
El agresor fue identificado como Jorbas Vaccari, de nacionalidad brasileña, residente en San Cristóbal, Alto Paraná.
El video del circuito cerrado, difundido en redes sociales, muestra cómo la víctima es arrastrada por el cabello y recibe golpes y patadas. Se observa que el agresor tenía un arma de fuego y estaba acompañado por su primo, pareja de la víctima. El incidente ocurrió en una casa.
La pareja de la víctima, Gabriel Pablo Devitte Carlet, un agricultor de 25 años de la misma colonia, es primo del agresor.
En el Día Mundial de la Donación de Órganos, Paraguay pone el enfoque en las 357 personas que esperan un trasplante para sobrevivir. Aunque la Ley Anita establece la donación obligatoria, el INAT anima a la población a registrar su voluntad para desmentir mitos y reducir la lista de espera con este gesto generoso que puede salvar muchas vidas.
En esta jornada, que se celebra el 14 de octubre, Paraguay destaca el acto altruista de la donación, con 357 pacientes esperando una oportunidad que les salve la vida, subrayando la necesidad de educar a la sociedad sobre la relevancia de donar.
El Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) resalta que un solo donante puede beneficiar a varias personas, lo cual es esencial para reducir las largas listas de espera que afectan la calidad y continuidad de vida de cientos de paraguayos.
### La Ley Anita y los mitos
El INAT afirma que Paraguay cuenta con un equipo técnico y hospitales de primer nivel para realizar trasplantes. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la decisión social.
La Ley Anita 6170/18 establece que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos tras su fallecimiento, salvo que haya indicado su negativa por escrito ante el INAT.
El INAT anima a la ciudadanía a desmentir mitos, asegurando que la extracción de órganos se realiza con máximo respeto, sin alterar el cuerpo del donante. Además, destacan que la prioridad médica es siempre salvar la vida del paciente, y la donación solo se considera tras certificar la muerte.
Para quienes deseen ser donantes, pueden registrar sus datos en el formulario disponible en la web del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).
La falta de un abogado defensor retrasó el inicio del juicio oral y público por un presunto caso de soborno en Alberdi, en el que están implicados el exjuez penal de Garantías Geraldino Cazal, la fiscala María Angélica Acosta Bjasso y el abogado Luis Méndez. La cuarta fecha para comenzar el juicio es el próximo martes 21.
Por tercera vez, se pospuso el juicio contra Cazal, Acosta Bjasso y Méndez, acusados de solicitar un soborno en favor de un acusado de coacción sexual y violación en Alberdi, en 2019. Aunque estaba programado a las 10:30, el defensor de Méndez, Hernán Arzamendia, no se presentó, lo que llevó al Tribunal de Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez y compuesto por Yolanda Morel y Karina Cáceres, a declarar la defensa como abandonada.
Arzamendia justificó su inasistencia con un viaje planeado a Bolivia, ya que la suspensión del juicio no había sido aprobada. Ahora enfrenta un proceso disciplinario por abandono. Cazal presentó un nuevo abogado, Jorge Ariel Balbuena, solicitando tiempo para preparar su defensa.
El tribunal finalmente pospuso el juicio para el martes 21, considerando revisar las medidas alternativas a prisión si siguen las dilaciones.
Cazal enfrenta cargos por cohecho pasivo agravado, al igual que Acosta, quien actúa como fiscala en Villa Elisa. Méndez, acusado de tráfico de influencias, está bajo otro proceso similar tras su reciente detención.
El caso se remonta a entre julio y agosto de 2019, cuando Cazal y Acosta, supuestamente, pidieron dinero a través de Méndez para beneficiar a un procesado con medidas más leves. La fiscalía revela que Méndez solicitó al denunciante 40 millones de guaraníes para dividir entre la madre de la víctima, la fiscala Acosta y el juez. En agosto de 2019, Méndez y Acosta fueron capturados en una entrega vigilada.
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