El abogado Robert Marcial González, defensor legal de la exsenadora Kattya González, criticó la tardanza de la Corte Suprema de Justicia en resolver una acción de inconstitucionalidad presentada el año pasado. Sostiene que esta demora refleja un Poder Judicial influenciado por intereses políticos.
González mencionó que la acción fue interpuesta en febrero de 2024 y, a pesar de nueve solicitudes formales de urgencia, la Corte apenas ahora decidirá al respecto.
Según el abogado, la falta de una solución a tiempo por parte del Poder Judicial pone en riesgo los derechos y garantías de la ciudadanía. Criticó el silencio del máximo tribunal ante situaciones que afectan la confianza pública y señaló que la Corte deber actuar conforme a su rol co-gobernante y demostrar su independencia.
Asimismo, vinculó la reciente reactivación de la Sala Constitucional con el deseo de dos ministros de extender su permanencia en sus cargos hasta los 75 años.
González subrayó que el Poder Judicial no ha hecho lo suficiente para ganarse la confianza del pueblo, citando decisiones polémicas como los casos del senador Hernán Rivas y la «mafia de los pagarés». Según él, estas acciones demuestran un enfoque político en lugar de uno jurídico, contribuyendo a una crisis de credibilidad en la Corte Suprema.
Acerca del autor
