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El 9 de noviembre de 2025, desde la oposición se percibe que, más allá de elegir a un intendente, estas elecciones son consideradas un «plebiscito» antes de los comicios municipales de 2026 y una importante «prueba» para lograr consensos y alianzas.

Para Miguel Prieto (Yo Creo), exintendente destituido por la Cámara de Diputados bajo el cartismo, los resultados son un anticipo de su posible candidatura presidencial en 2028. Los colorados evaluarán su poder electoral apoyados por incentivos de Itaipú y organismos estatales, además de acciones de la Justicia y la Fiscalía contra críticos del poder.

El desenlace podría ser un mensaje de apoyo o advertencia para la gestión del presidente Santiago Peña.

Candidatos a intendente de Ciudad del Este:

Desde la ANR, cartistas y disidentes se unieron para retomar el control de la comuna, anteriormente administrada por el Clan Zacarías con múltiples denuncias de corrupción. El candidato es Roberto González Vaesken (ANR Lista 1).

Dani Mujica (Lista 123), apoyado por Miguel Prieto y otros partidos opositores, promete continuar la labor del exintendente. Otros candidatos incluyen: Dani Romero del Partido Ecologista (Lista 43) y el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda del Partido Patria Soñada (Lista 300).

Más de 237,000 personas están habilitadas para votar en Ciudad del Este, de 07:00 a 17:00. Las elecciones, organizadas por la Justicia Electoral, utilizarán papeletas tradicionales y se anunciarán los resultados preliminares por el sistema TREP en la web del TSJE. Yo Creo y sus aliados opositores están haciendo un esfuerzo para prevenir el fraude y proteger los votos.

El elegido asumirá el 18 de noviembre y se espera que entregue el cargo el 3 de noviembre de 2026, salvo que busque reelección para el periodo 2026-2031.

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La Policía está en «alerta máxima» con 1,000 efectivos y 12 fiscales. La Justicia Electoral prohíbe el porte de armas cerca de los locales de votación; celebrar eventos públicos antes de las 19:00; vender bebidas alcohólicas hasta las 19:00; poner mesas de consultas partidarias cerca de los locales; ingresar con celulares y la aglomeración cerca de los locales.

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Más de dos años después del inicio del gobierno de Santiago Peña, la situación de las empresas públicas empeora, acumulando pérdidas significativas, como ocurre con Copaco, Petropar, INC y Fepasa, según las auditorías más recientes del año 2024.

El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que las críticas y el descontento de la ciudadanía están justificados debido a los deficientes servicios de las empresas estatales y la falta de transparencia y evaluación de resultados, así como la carencia de planificación futura.

Borda sugirió que es el momento para que las empresas públicas firmen contratos de gestión con el Consejo Nacional de Empresas Públicas y divulguen sus resultados. Se destacó que las auditorías externas de 2024 muestran pérdidas millonarias, y se cuestionó quién decidió llevar a cabo estas auditorías.

Durante el gobierno de Fernando Lugo se creó el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), que fue aprobado en el Congreso y se implementó con la Ley 5058 en 2013. Borda cuestionó si este consejo sigue activo y confirmó que debe ejercer funciones de asesoramiento y apoyo en la gestión de las entidades públicas.

El consejo incluye al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Sin embargo, Borda indicó que se han ignorado estos temas durante varios gobiernos, ya que no se reúnen ni ejercen sus funciones conforme a la ley.

El caso de Petropar es significativo debido a un proceso de compra urgente prorrogado nueve veces, sin explicaciones públicas. La empresa, sin ser privada, extendió un contrato con una firma catarí por 61 millones de dólares hasta febrero de 2026.

Preocupa además que la tendencia a la baja de los precios de los combustibles y la depreciación del dólar no se reflejen en una baja de precios internos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aún no ha dado conclusiones, y el Congreso no ha llamado al presidente de Petropar, Eddie Jara, pese a un aumento significativo en su patrimonio.

Otras empresas como Essap, Copaco, INC, Fepasa y Capasa carecen de planes y no rinden cuentas. Borda cuestionó dónde está el CNEP y sus recomendaciones legales.

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Sobre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Borda mencionó una propuesta de ajuste tarifario para sectores electrointensivos e industriales en 2026. Itaipú no ha cumplido con transferir 300 millones de dólares anualmente, y se reporta una pérdida energética del 21,9% en 2024.

Un experto retirado de la ANDE destacó la necesidad urgente de mejorar la rentabilidad y gestión para cubrir costos e inversiones, con una rentabilidad negativa consistente en los últimos años.

Borda subrayó que la falta de planificación a mediano y largo plazo provoca reacciones en la ciudadanía y enfatizó que el CNEP debe actuar ante las crisis de las empresas estatales. Señaló que los criterios políticos siguen prevaleciendo sobre los técnicos, resultando en servicios públicos inadecuados.