Desde el comienzo, el cartismo mostró mala fe con la ley de protección de datos personales al incluir de manera furtiva un artículo que daña la transparencia. Un ejemplo de esto fue el caso de Rocío Abed, líder de bancada de HC, quien en su «supercomisión» inicialmente apoyó la versión del Senado, pero luego defendió y votó por la versión más perjudicial.
El grupo Honor Colorado dañó la ley de protección de datos personales en Paraguay al introducir con mala intención el artículo 24, que amenaza las leyes de transparencia y acceso a la información pública. El pasado martes, en un acto de incoherencia, la diputada Rocío Abed respaldó la versión perjudicial de Diputados después de haber firmado a favor de las modificaciones menos dañinas del Senado.
Abed, presidenta de la “supercomisión” de Equidad Social e Igualdad, cambió su postura, igual que otros líderes cartistas como Yamil Esgaib, José Rodríguez, y Germán Solinger, quienes inicialmente apoyaron la versión del Senado pero votaron en contra en la sesión.
Aunque cambiar de posición es permitido, resulta sospechoso que tantos cartistas hayan decidido respaldar una versión del proyecto que atenta contra la transparencia pública.
La mala fe también se evidenció al comienzo del proyecto, cuando en colaboración con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), alteraron el proyecto original, sometiéndolo a una audiencia pública distinta y permitiendo la inclusión del controvertido artículo 24.
Este artículo requiere que, en caso de promulgarse la ley de “protección de datos personales”, se deba pedir autorización a cada funcionario para proporcionar información pública, lo cual podría obstaculizar totalmente la transparencia.
La mejor solución sería que el presidente Santiago Peña use su poder constitucional para vetar el artículo 24, ya que no solo podría acabar con las leyes de transparencia, sino también con la obligación de publicar declaraciones juradas.
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