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Corte otorga indemnización a pareja que perdió a sus hijas en tragedia del Ycuá Bolaños
La Corte Suprema de Justicia otorgó este jueves una indemnización de G. 4.500 millones a una pareja que perdió a sus tres hijas durante el incendio del Ycuá Bolaños en el 2004. Fueron más de dos décadas de lucha.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia condenó al fallecido Juan Pío Paiva y a la sociedad Ycuá Bolaños V a pagar G. 4.500 millones a Felipe Palacios y a su esposa María Morínigo como indemnización por la muerte de sus tres hijas durante el incendio, informó el periodista de Última Hora Raúl Benítez.
Esta resolución de la máxima instancia judicial sale casi dos semanas después de la muerte de Juan Pío Paiva, el entonces propietario del supermercado Ycuá Bolaños, quien fue imputado al día siguiente del siniestro que ocurrió en el barrio Santísima Trinidad de Asunción.
Pese al dolor por las pérdidas, el matrimonio Palacio Morínigo se aferró a la vida y con los años decidió adoptar a dos hijas.
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Si bien Felipe y María llevan en la piel y en el alma las marcas del siniestro ocurrido hace más de 20 años, en su momento aseguraron que la decisión de adoptar surgió a partir del sentimiento de dar amor.
Juan Pío Paiva fue procesado por los cargos de homicidio doloso, junto a su hijo Víctor Daniel Paiva, quien murió por Covid-19 en octubre de 2020. Además, se realizaron 178 demandas de indemnización por el monto de G. 450.000 millones en el fuero civil.
El incendio del Ycuá Bolaños fue la prueba más grande que tuvo la Justicia en la era democrática. Más de 70 jueces se excusaron de tomar la causa más candente del país durante varios años. Un juicio terminó a los sillazos y con una revuelta en las calles.
Padre e hijo estuvieron en prisión y afrontaron dos juicios orales por homicidio doloso y la exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. En el segundo, condenaron a Juan Pío Paiva a 12 años de cárcel y a Víctor Paiva a 10 años.
El ex propietario del Ycuá Bolaños obtuvo libertad condicional 10 años más tarde de la catástrofe, en diciembre de 2014. Para el 2018, pidió a la Justicia la extinción de su pena.
El 20 de abril de 2010, el Congreso Nacional decidió indemnizar a 327 personas, entre ellas sobrevivientes y víctimas fatales del siniestro. La ley fue promulgada por el gobierno de Fernando Lugo.
Por cada fallecido, el Estado abonó la suma de G. 160 millones, mientras que por cada lesionado grave se destinaron G. 115 millones; y por cada lesionado leve, G. 57 millones. Sin embargo, no todas las víctimas lograron acceder a ese pedazo de justicia.
Fuente: Última Hora
En la última semana, diversos organismos tanto locales como internacionales han incrementado sus estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Destaca el ajuste del Banco Central del Paraguay (BCP), que elevó su previsión a 5,3% desde el 4,4% anterior de julio.
Sin embargo, la confianza del consumidor sigue baja, como lo refleja el Índice de Confianza del Consumidor, que cayó nuevamente hacia el pesimismo. El economista Manuel Ferreira aclaró que, aunque hay crecimiento económico en varios sectores, los ciudadanos perciben los efectos inflacionarios debido al aumento de precios de los bienes básicos.
Ferreira explicó que el poder adquisitivo ha disminuido de manera significativa, especialmente en los sectores con menores recursos, sin que haya un aumento en los ingresos. Los datos del BCP muestran que el índice real de salarios ha bajado en los últimos cinco años, y aunque ha habido repuntes, estos no han compensado el poder adquisitivo perdido.
En términos generales, sectores como la agricultura están mostrando buenos resultados, junto con la producción de etanol. Aunque la construcción presenta crecimiento, sigue rezagada. El comercio y servicios han visto incrementos debido a las medidas del presidente argentino Javier Milei, provocando que más paraguayos compren localmente y atraigan a compradores argentinos. Ferreira advirtió que este impulso en el consumo es temporal y debe ser monitoreado.
Un dato destacable es la previsión para la Formación Bruta de Capital, que pasó a un 16,8% de expansión desde el 8%. Ferreira expresó preocupación por la falta de inversión extranjera directa que sustente este movimiento, y alertó sobre un aumento en la cuenta de «errores y omisiones» en la balanza de pagos, lo que podría indicar actividades ilegales.
Carlos Carvallo, presidente del BCP, defendió las proyecciones del crecimiento de la economía a 5,3%, atribuyéndolas a varios factores como la agricultura y el incremento de inversiones. También mencionó que el índice de confianza del consumidor, a pesar de ser una herramienta útil para evaluar el estado económico, es sensible a cambios como el tipo de cambio o la inflación.
Carvallo subrayó que hay desafíos en la inflación, especialmente en sectores específicos como la carne, que ha contribuido con 1,6 puntos porcentuales al índice de inflación del 4,3% interanual.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sorprendió al publicar de manera apresurada el viernes un proceso de adjudicación por US$ 34 millones para el «arrendamiento de máquinas de votación electrónica y servicios relacionados» para las elecciones municipales de 2026.
Este concurso, anunciado en la noche del viernes a las 20:34 en el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), establece el lunes 3 de noviembre a las 8:00 como fecha para abrir las ofertas en el TSJE, dejando poco más de dos semanas para prepararlas.
Anteriormente, en agosto, la Justicia Electoral había suspendido una licitación para comprar las máquinas de votación tras presiones del cartismo, optando sorprendentemente ahora por alquilarlas. En ese primer llamado hubo denuncias de intereses por parte de empresas cercanas al presidente Santiago Peña (ANR-HC), específicamente Comitia-MSA y Miru System.
Los opositores sugirieron que la decisión de alquilar en lugar de comprar busca evitar auditorías del código fuente, afectando la confianza. También se especulaba que el proceso anterior fue influenciado por Estados Unidos debido al uso de componentes chinos, considerados un riesgo de seguridad. En el nuevo pliego, se incluyó una cláusula que prohíbe componentes de países que no ofrecen trato recíproco a proveedores nacionales.
El Ministerio de Educación y Ciencias otorgó un contrato de consultoría para desarrollar un nuevo Plan Nacional de Educación a la empresa EPLS SA, propiedad del pastor Isaías Vergara, quien se describe como asesor en desarrollo y liderazgo. Vergara fue asesor del ministro de Educación, Luis Ramírez, al menos entre 2023 y 2024. Para este plan, Ramírez dispone de casi 2 millones de dólares de los Fondos de Excelencia.
El miércoles pasado, el MEC organizó una reunión para «elaborar conjuntamente» las bases de este plan, después de haber invertido más de 23,000 millones de guaraníes en un plan anterior que no tuvo éxito. La consultoría se adjudicó a EPLS Desarrollo Organizacional SA, que tiene como representante legal a Esther Vergara. Isaías Vergara asistió a esta reunión, liderada por el ministro Luis Ramírez y realizada en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
Vergara, quien en 2024 fue identificado como asesor de Ramírez, asistió también a reuniones con los consejeros del Fondo de Excelencia. Se cuestionaron los vínculos entre Ramírez y Vergara, pero no se obtuvieron respuestas. Dos entidades estatales, la Dirección General de Planificación y la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, gestionan el nuevo plan, pero no informaron los montos adjudicados a la consultora de Vergara. La asignación se realizó a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no por Contrataciones Públicas, y se disponía de 1.73 millones de dólares del Fondo de Excelencia, de los cuales ya se han utilizado un millón.
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