La Contraloría ha comenzado a revisar el proyecto de Modernización y Reacondicionamiento de Infraestructura del Congreso, financiado con un acuerdo de cooperación con Taiwán por un monto de 11 millones de dólares. La revisión se centra en por qué las adjudicaciones se realizaron sin la supervisión de Contrataciones Públicas.
Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría, aseguró que esta acción responde a una solicitud del presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez. El objetivo es aclarar por qué algunas adjudicaciones se hicieron fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Se busca transparencia en el uso de los fondos taiwaneses.
La Contraloría ha solicitado al Congreso documentación que justifique estas excepciones, incluyendo informes sobre precios referenciales y estudios de mercado. También piden detalles sobre mecanismos alternativos de control y transparencia, la identificación de responsables, y cómo se rinde cuentas a la ciudadanía.
Se ha pedido además información sobre el desglose de los 11 millones de dólares, con 3 millones destinados a la modernización de redes y 8 millones a otras obras, junto con ítems y cronogramas de ejecución.
La revisión incluye los criterios de selección de ofertas y el historial de las empresas adjudicadas. También busca verificar la calidad de los proyectos y prevenir conflictos de interés, sugiriendo auditorías externas independientes.
El contexto político está marcado por audios filtrados que sugieren un mal uso de los fondos, lo que ha resaltado la importancia de esta investigación.