Luego de la suspensión de la jueza de paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz, y 18 empleados de dos secretarías, debido al caso conocido como la «mafia de los pagarés», la Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó los resultados de la auditoría que motivó esta acción.
La investigación reveló importantes irregularidades en 1.064 expedientes seleccionados, que representaban violaciones al debido proceso, derechos procesales y al Código de Ética Judicial.
El análisis, realizado en mayo por la Dirección General de Auditoría, llevó a la Corte a remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público para que adopten las medidas necesarias.
El informe del abogado Rodolfo Heyn detalló las irregularidades en los expedientes y las faltas de los funcionarios, según sus roles.
Entre las observaciones, destacan 589 juicios de las firmas Comaco SRL y Cooperativa Virgen del Rosario Luque Ltda., donde Sanny Paniagua Caballero y Aldo Aquino Vera actúan constantemente como testigos desde 2013.
Asimismo, el incendio del 27 de febrero en el juzgado de Luque, curiosamente, no afectó los casos de violencia doméstica. A pesar del daño a equipos y documentos, los documentos de violencia familiar se mantuvieron en buen estado.
La Fiscalía allanó varios juzgados por este caso en febrero, coincidiendo con el incendio. Hay acusaciones en curso contra 67 personas, incluyendo jueces, exjueces, actuarios y abogados relacionados con empresas crediticias.
La jueza Norma Ortiz y otros empleados, como actuarios y oficiales de justicia, han sido suspendidos y están bajo sumario.
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